El fracaso de la Renta Garantizada

Economía

Después de un año de la entrada en vigor de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), el 73% de las solicitudes han sido denegadas por la Generalitat. La finalidad de esta medida social es la aportación económica para familias y personas que no disponen de los ingresos para llegar al nivel mínimo de que se considera una vida digna, ayudando a fomentar la inclusión laboral y social de estas personas o unidades familiares.

El Departamento ha recibido hasta 69.197 solicitudes, de las cuales sólo se han valorado 49.600 expedientes. La lentitud de la administración contrasta con el objetivo inicial de cubrir al millón y medio de personas que se encuentran en una situación económica precaria. El consejero, Chakir El Homrani, ha atribuido parte de los problemas de este primer año del artículo 155 que ha impedido la creación de la comisión de seguimiento de la RGC y la elaboración del reglamento.

El primer año de RGC deja un balance de más de 500.000 consultas que han generado 118.000 citas previas a las oficinas correspondientes y 69.000 solicitudes, superando con creces los 25.000 expedientes de RMI que había el 2016. De estas 69.000 solicitudes, el Departamento está pendiente de valorar cerca de 20.000, 4.000 corresponden a RGC propiamente y el resto, más de 15.000 son complementos de prestaciones no contributivas. En este grupo se incluyen 10.000 que están fuera de plazo porque se están negociando las incompatibilidades que se han detectado con prestaciones no contributivas de ámbito estatal. Según han explicado en la rueda de prensa, si el importe del complemento supera el 35% de la prestación, esta se le podría llegar a retirar, y por lo tanto, se está buscando la fórmula de no perjudicar estas demandantes.

Por lo tanto, sólo 5.043 expedientes han sido aprobados, puesto que en 5.350 casos más, el solicitante ha desistido, y 2.767 se han hecho requerimientos de más información por parte de la administración. Los rechazos  pues, suponen el 73% de las solicitudes que ya han sido evaluadas, un porcentaje alto a causa sobre todo de la superación del umbral de ingresos por parte de los solicitantes, y por la incompatibilidad con las rentas del trabajo. Sumando los beneficiarios de la RMI y los nuevos expedientes de RGC, el Departamento cifra en 113 los beneficiarios totales de esta nueva ayuda.

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La comisión promotora de la ILP destacó que, aparte de los casos de “silencio positivo”, también se han denegado solicitudes por un “abuso de requerimientos” -algunos de los cuales fuera de plazo- o no se han aclarado los argumentos específicos para rehusarlas. Toledano, portavoz de la ILP, lamentó que la Generalitat se niegue a “dar información pública” de las peticiones denegadas y reclamó al nuevo Gobierno que garantice el pleno cumplimiento de la RGC. Aún así, la comisión promotora de la ILP de la renta garantizada admitió que se han otorgado algunas solicitudes, aunque habló de “casos puntuales”. Toledano también alertó que colectivos como los sin techo han detectado que los han rehusado de manera sistemática la RGC a pesar de cumplir los requisitos, como un mínimo de dos años de empadronamiento. “No hay ninguna razón para denegar sus solicitudes“, lamentó.

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