Los días precedentes a la comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados para solicitar la prórroga del estado de alarma, hoy miércoles, están resultando nefastos.
Ayer se celebró el correspondiente Consejo de Ministros y tuvo como resultado una sorprendente rectificación de uno de sus acuerdos más esperados. Se trataba de la posibilidad de que los menores salieran a la calle después de tanto tiempo de confinamiento, bajo determinadas condiciones.
La afirmación oficial posterior al Consejo limitaba la salida de los niños a acompañar a los padres en determinadas gestiones, como realizar las compras en supermercados o en farmacias. Esta medida desencadenó rápidamente una gran polémica por lo absurdo de la misma. Primero, porque es más peligroso llevarlos a un lugar cerrado que a un espacio público como es la calle, y segundo porque desde el punto de vista de aligerar la carga del encierro, su efecto era escaso, por no decir nulo. El resultado fue una rectificación en cuestión de horas, con la comparecencia del rostro impasible del Gobierno, Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Es sorprendente y preocupante que una medida relativamente sencilla, que ha debido pasar por la reunión de subsecretarios, además del Consejo de Ministros, diera pie a un error de tal dimensión. ¿En qué están pensados tantos altos cargos públicos y el propio presidente del gobierno, para que este sea el resultado? También es alarmante, en la medida que dice muy poco, el reiterado asesoramiento científico que reclama Sánchez para todas sus medidas.
Pero los desaciertos, y no menores, no terminan ahí. Las anunciadas y famosas pruebas masivas para conocer el grado de inmunización de la población, no podrán realizarse porque una vez más el material utilizado es defectuoso, tanto que el Gobierno no solo lo ha retirado, sino que exige a la empresa la devolución del dinero pagado. Esto significa que para llevar a cabo esta medida, que se consideraba clave para el desconfinamiento racional progresivo, tiene que realizarse un nuevo proceso de compra. Un fracaso más en una cuestión estratégica, una de las pocas que permite una prevención eficaz contra el coronavirus que nos ataca: la disponibilidad de test para medir el contagio entre la población.
También se ha venido anunciando la instalación de un precio máximo para las mascarillas quirúrgicas, como una forma de corregir los aumentos desmesurados de precio que se han aplicado. Es necesario decir, que esta medida no estaba exenta de crítica, en el sentido de señalar que esta situación era consecuencia de un déficit de oferta, y que al fijar un precio máximo, lo único que se conseguiría es el desabastecimiento y el aumento del mercado negro, y que la solución radicaba en forzar la producción española de mascarillas, que por otra parte son un producto de muy baja tecnología y fácil de elaborar.
Al final se ha establecido el precio límite, pero resulta muy elevado. En este sentido, poca garantía significa hacer pagar casi 1€ por una mascarilla quirúrgica, cuyo uso en buenas condiciones apenas si alcanza unos pocos días. La cifra constituye un exceso y no resuelve nada, porque toda la población española, la más necesitada, no puede añadir a su dramática situación económica, el coste habitual de gastarse 96 céntimos de euro para tener una mínima protección. Con esta medida el gobierno certifica la desigualdad en la forma de afrontar la pandemia.
Un cuarto elemento que ha desatado justificadas críticas contra el Gobierno, y ha movido a preocupación, han sido las declaraciones del jefe del estado mayor de la Guardia Civil sobre las actuaciones de esta fuerza para evitar un ambiente crítico contra el Gobierno en las redes sociales. El desmentido que el propio general, a preguntas de los periodistas, ha desplegado esta misma semana, ha complicado más que ha resuelto la cuestión. Porque para justificar su acción se ha referido a aquellas noticias que significan “desconfianza”. Pero resulta evidente que la Guardia Civil no está para medir la confianza o desconfianza que genere la información, sino en todo caso para cortar aquello que objetivamente sean falsedades informativas.
Que la Guardia Civil actúa de una manera que puede vulnerar la libertad de expresión, se ha visto confirmado por el conocimiento de la orden interna de 16 de abril para que se actúe sobre aquellas informaciones que signifiquen promover “la desafección hacia las instituciones de Gobierno”; ni tan siquiera del Estado, sino del Gobierno. Estaríamos así potencialmente delante de una actuación típica de un régimen policial, donde lo que se persigue no es la falsedad demostrada de un hecho generador de alarma, sino aquellos enfoques generadores de desconfianza y desafección hacia quienes nos gobiernan. Es un pésimo precedente, el Congreso debe esclarecer y pedir responsabilidades. Más cuando la propia ministra de educación Celaa ha afirmado esta misma semana que el Gobierno no puede aceptar “mensajes negativos”.
Y por si fueran pocas las dudas de que Sánchez intenta manipular la opinión, se ha destapado que en el Facebook del Ministerio de Sanidad, la gran abundancia de “Like” a las informaciones oficiales, corresponden a una abundante lista de seguidoras de imágenes glamurosas y nombres sofisticados, que con toda razón se considera que proceden de cuentas creadas hace pocos días para realizar esta función artificial de aplauso. En este caso la forma de proceder ha sido tan burda que el resultado es perfectamente ridículo.
Pocas dudas quedan de que Sánchez no gobierna bien, que tiene conciencia de ello, y que ha desplazado el eje de su acción a aquel ámbito donde se mueve más como su gurú oficial, Iván Redondo. Mientras, se sigue prorrogando el confinamiento en las condiciones más duras de Europa.
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