Aunque más de la mitad de los catalanes está a favor de que los padres puedan solicitar en la escuela que sus hijos reciban clases de su propia religión, según datos publicados por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya en el «Barómetro sobre la religiosidad y sobre la gestión de su diversidad 2016», actualmente hay más de 700 escuelas e institutos públicos de Cataluña en los que no se imparte la asignatura de religión católica (ver mapa).
El sindicato PREC denuncia que en muchos casos se está vulnerando impunemente este derecho fundamental de los alumnos y de sus familias, a pesar de ser un derecho normalizado en el resto de Europa, y de ser reconocido por la normativa internacional, estatal, y por el mismo Estatuto de Autonomía de Cataluña (art. 21.2).
Los centros tienen la obligación de ofrecer religión
Según la normativa actual, y como recuerdan anualmente tanto la Conferencia Episcopal Española (CEE) como el Secretariado Interdiocesano para la Enseñanza de la Religión en Cataluña (SIERC), los centros tienen la obligación de ofrecer la enseñanza confesional de la religión y son las familias las que voluntariamente pueden escoger democráticamente esta opción si lo desean.
Con el objetivo de revertir esta situación, el sindicato PREC ha organizado para este jueves 21, en Barcelona, ??un encuentro de docentes de religión con la presidenta de la asociación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, para explicarles cómo pueden defender sus derechos. Recientemente, esta asociación se ha querellado contra el director de un instituto barcelonés y un alto cargo del Departamento de Educación por impedir que se imparta la asignatura.
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Desde su fundación en 1994 el CEIP AURÒ de 08029 Barcelona no imparte religión por lo menos hasta el término de los estudios reglados en él de mi sexta hija. Estrené este CEIP. No existe interés político en impartir la asignatura de religión. Todo esto me ha quedado muy lejos. De nada me sirvió presentar recursos con la intención clara no disimulada de llegar hasta el Tribunal Supremo para obligar a la Gencat a cumplir la ley ante la denegación de la asignatura en mi hijo varón en el IES Maragall de 08036 Barcelona. ¡Menos mal que la vivencia de la fe y la práctica cristiana no depende de la ignorancia religiosa programada en la enseñanza!
Hay que ir al Tribunal Supremo y al Constitucional, o a los organismos competentes, las veces que sean necesarias.
Quiero hacer notar que también hay directores de centros concertados que no son ni católicos ni católicos practicantes. Esto hay que tenerlo muy presente.