Ponerse de perfil sirve para torear, pero no para gobernar. Pero, siguiendo la escuela Rajoy y su gran fracaso, el PP actual sigue con el mismo empeño ante las leyes del Gobierno que actúan contra la naturaleza humana, la ley natural y retuercen la Constitución en cuestiones fundamentales como el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos.
El Partido Popular debe formular un compromiso claro, modificando o derogando la Ley Celaá para hacer un nuevo planteamiento que devuelva el derecho de los padres, lo que incorpora el tratamiento adecuado de la escuela concertada. Debe modificar todas las leyes que han venido recortando la patria potestad. Debe asumir su propio recurso contra la ley del aborto, modificando la actual ley de acuerdo con ella, y con la sentencia del TC al recurso de la primera ley, terminar con la eugenesia y proteger de una vez por todas al ser humano engendrado.
Ha de unificar en una sola legislación sobre la no discriminación a todos los grupos en este riego y no solo a las personas LGBTI, lo que a su vez y por racionalidad significaría terminar con los privilegios. Debe poner fin a la autodeterminación trans, contraria a todo consideración antropológica, social y científica, y prohibir las actuaciones hormonales y no digamos ya quirúrgicas menores de edad. Debe derogar la ley de la Eutanasia o como mínimo supeditar su aplicación a la existencia y recursos a un plan de cuidados paliativos con capacidad para atender al 100% de las necesidades. Debe poner fin al desmadre de subvenciones ideológicas y convenios con asociaciones cuyo fin es incentivar la difusión y la aplicación de la ideología de género, vetar la entrada en la escuela pública del adoctrinamiento, no realizar una educación afectivo sexual al margen del criterio de los padres. Esto no es todo, pero forma parte de lo imprescindible.
Y en otro ámbito ha de comprometerse a resolver carencias básicas. Como mínimo tres: el escandalo del estado en que se encuentra la aplicación de la ley de la Dependencia por falta de recursos del gobierno, extender con diligencia el Ingreso Mínimo Vital a toda la población objetiva que lo necesita y unificar esta aportación con las que existen en la diversas CCAA. No tiene sentido una ayuda del gobierno por un lado y por otro el de la comunidad Autónoma, quien en realidad tiene la competencia en este ámbito. Debe dotar de medios para disponer de vivienda social, y en esto la Sareb, que pierde dinero a espuertas, tiene una respuesta rápida y económica.
Y punto y aparte merece el compromiso de europeizar en cantidad y calidad las ayudas a la familia, que han de ajustarse como mínimo en términos cuantitativos a la media europea y, a la vez y de una vez por todas, debe cumplir con lo legislado en relación con las leyes: incorporar en la memoria de acompañamiento un informe sobre la ley desde la perspectiva de familia.
El PP puede pensar que todos aquellos que defendemos este tipo de cuestiones somos su voto cautivo, porque mejor ellos que Sánchez. Se equivocan. Rajoy empeoró las leyes de Zapatero porque las consolidó como alternativa de gobierno. No vamos a repetir el mismo desastre.
O hay cambio o no hay voto para el PP, y somo muchos los que estamos dispuestos a recordarlo y pregonarlo a los cuatro vientos.
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