Lo que hace apenas unos meses parecía prácticamente inevitable acaba de recibir un serio revés en Westminster.
La Cámara de los Comunes británica rechazó el pasado 11 de septiembre el proyecto de ley que pretendía legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales.
286 diputados votaron en contra y 270 a favor: apenas dieciséis votos de diferencia que bastaron para detener, al menos por ahora, una de las transformaciones bioéticas más profundas planteadas en el Reino Unido en los últimos años.
La votación supone además un considerable cambio de tendencia. Una propuesta muy semejante, presentada originalmente por la laborista Kim Leadbeater, había superado su segunda lectura en noviembre de 2024 por 330 votos frente a 275. Incluso consiguió superar posteriormente la Cámara de los Comunes, aunque con una mayoría cada vez más estrecha, antes de quedar finalmente bloqueada al no concluir su tramitación en la Cámara de los Lores.
Este año fue la diputada laborista Lauren Edwards quien recuperó prácticamente la misma iniciativa. El proyecto pretendía permitir que adultos con una enfermedad terminal y una esperanza estimada de vida inferior a seis meses pudieran solicitar ayuda médica para morir, bajo determinadas condiciones y controles. Pero las garantías propuestas no consiguieron disipar uno de los grandes temores expresados durante meses por médicos, organizaciones de personas con discapacidad, juristas y representantes religiosos: qué ocurre cuando la posibilidad de morir legalmente empieza a presentarse como una opción para quien se siente una carga.
La Iglesia católica de Inglaterra y Gales decidió no guardar silencio.
El arzobispo de Liverpool, John Sherrington, responsable de las cuestiones relacionadas con la vida en la Conferencia Episcopal, había pedido expresamente a los católicos que escribieran a sus diputados y solicitaran el rechazo de la ley. Días antes de la votación advirtió de que el proyecto no protegía suficientemente frente a posibles coacciones a personas especialmente vulnerables y cuestionó que los profesionales sanitarios fueran llamados a participar en la provocación de la muerte de sus pacientes.
No fue una movilización exclusivamente católica. Al debate se sumaron comunidades cristianas, profesionales sanitarios, juristas y asociaciones defensoras de las personas con discapacidad.
Tras conocerse el resultado, Sherrington agradeció expresamente a quienes habían contactado con los parlamentarios y a quienes habían levantado la voz para defender «la dignidad y la sacralidad de cada vida».
La votación tuvo además un marcado carácter transversal. Al tratarse de una cuestión de conciencia, los diputados no quedaron sometidos a la disciplina habitual de partido. Figuras procedentes de diferentes sensibilidades políticas votaron contra el proyecto; entre ellas, la conservadora Kemi Badenoch y el líder liberal demócrata Ed Davey. El propio primer ministro, Andy Burnham, se abstuvo, mientras había expresado su preocupación por abordar una reforma de semejante alcance sin haber fortalecido previamente los cuidados paliativos y la atención social.
La decisión británica llega además pocos meses después de otro resultado significativo. El 17 de marzo, el Parlamento escocés rechazó en su fase definitiva su propio proyecto de suicidio asistido: 69 diputados votaron contra la propuesta, 57 a favor y uno se abstuvo.
Más allá del resultado parlamentario, lo sucedido contiene una enseñanza de mayor alcance. Las transformaciones culturales no son siempre irreversibles y las mayorías aparentemente consolidadas pueden cambiar cuando una sociedad se detiene a examinar sus consecuencias.
En el corazón del debate permanece una pregunta incómoda: ¿qué respuesta debe ofrecer una sociedad al hombre que sufre: ayudarle a morir o redoblar los esfuerzos para que pueda vivir sus últimos días acompañado, cuidado y sin dolor?
Para la concepción cristiana de la dignidad humana, la respuesta no depende de la productividad, la autonomía ni del estado de salud de una persona. Precisamente cuando el ser humano es más frágil necesita escuchar con mayor claridad que su vida continúa teniendo valor.
Westminster acaba de recordarlo de una forma inesperada: a veces una ley que parecía inevitable puede detenerse. Pero para ello hacen falta argumentos, presencia pública, organización y, como han insistido los obispos británicos durante estas semanas, también oración.
