Al más puro estilo de la Alemania nazi, los tribunales de Holanda ordenaron el año pasado que se administrasen inyecciones anticonceptivas contra su voluntad a al menos seis mujeres a las que se les habían reconocido problemas psiquiátricos graves, según informa el diario Volkskrant en un artículo que recoge ABC.
En Holanda es legal que los jueces puedan ordenar esterilizar a una mujer desde que a principios del año pasado se reformó la legislación sobre salud mental.
De hecho, una vez reformada la ley el primer caso no tardó mucho tiempo en producirse, apenas unos meses. En septiembre de 2020 en la ciudad portuaria de Róterdam un juez determinó que una mujer con un trastorno esquizofrénico que ya tenía cuatro hijos debía recibir forzosamente un tratamiento anticonceptivo.
Holanda, a la manera del Aktion T4 nazi
Esta práctica no es nueva y Europa tuvo que vivirla horrorizada en la Segunda Guerra Mundial.
El programa se realizó en seis centros situados en Alemania y en la Austria anexionada: Grafeneck (Baden-Wurtemberg), Brandeburgo, Bernburg (Sajonia-Anhalt), Hartheim (Austria), Sonnenstein (cerca de Pirna, Sajonia) y Hadamar (cerca de Limburgo, Hesse).
Los casos holandeses
Por su parte, los jueces tuvieron en cuenta que los cuatro hijos de esa mujer ya estaban bajo distintos tipos de custodia por lo que dedujeron que si esta persona volvía a quedarse embarazada sucedería algo similar y según la sentencia «sería muy doloroso para ella y empeoraría su condición», por lo que la medida adoptada para impedirle concebir otro hijo «es obligatoria».
Desde entonces, al menos otros tres tribunales holandeses han emitido autorizaciones similares para otros tantos casos.
La esterilización forzosa permanente o la administración obligatoria de anticonceptivos como la que se practica en Holanda están consideradas como crimen contra la humanidad en ciertos casos. Sin embargo, el actual ministro de Sanidad holandés, Hugo de Jonge, declaró hace cinco años cuando era responsable del bienestar infantil en la ciudad de Róterdam que las madres que sean consideradas incapaces de criar hijos correctamente deben recibir un tratamiento anticonceptivo obligatorio. El diario recuerda sus palabras al afirmar que «nuestra principal preocupación solían ser los intereses de los padres, pero ahora prestamos más atención a los intereses del niño», y en este caso «no nacer también es una forma de protección infantil».
Paul Vlaardingerbroek, profesor de derecho de familia en la Universidad de Tilburgo, apoya también esta medida de los tribunales teniendo en cuenta que obligar a las mujeres con enfermedades mentales a entregar a sus hijos no es del interés de la madre ni del niño, de lo que deduce que «algunos niños tienen derecho a no nacer».
