La pandemia y el maltrato a la gente mayor: el árbol no puede ocultar el bosque

Durante muchas semanas del mes de abril era público y notorio que se estaba dando una tragedia entre las personas de más edad, no solo porque eran las más duramente afectadas por la Covid-19, sino porque el sistema público de salud y servicios sanitarios los marginó en tres aspectos decisivos: les negó el acceso a las UCI, a la gran mayoría, la aplicación de respiradores a los que se hallaban más graves, y el acceso a los hospitales desde las residencias. Si accedían con un familiar sí que eran acogidos, pero a continuación se practicaba aquel cribaje. El uso de morfina para el viaje final fue masivo. Por cierto, que ni la fiscal general del Estado ni el ministerio de Sanidad han abierto ninguna investigación ante el uso masivo de eutanasia no solicitada.

A pesar de las evidencias, muy pocas voces se han alzado para mostrar aquella injusticia. Una de estas excepciones fue la extensa y detallada declaración de e-Cristians, que sobre todo mostraba aquellas prácticas en un escrito oficial del Servicio de Emergencias de Cataluña (SEM).

Ahora, pasado el tiempo, el tema ha surgido con fuerza, centrado en Madrid de la mano del PSOE y Unidas Podemos (pero no del PSC y En Comú Podem en el caso más flagrante de Cataluña), y de sus medios afines: la Sexta TV, El País y una serie de digitales del entorno de la casa. Está bien que se ponga de manifiesto esta tragedia, pero está mal, porque es instrumentalización de los muertos, que se oculte el bosque y se enseñe solo el árbol de Madrid.   

Porque en ningún caso puede circunscribirse  esta tragedia  a la comunidad de Madrid, porque era más general y todavía más discriminatoria en  el caso del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya y, en concreto, de la circular del Servicio de Emergencias Médicas, que es la única instrucción oficial, que nosotros conozcamos, que establece que no tengan acceso a los respiradores las personas con más de 75 años a pesar de que se encuentren en buen estado de salud, y la forma como han de proceder para negar el acceso hospitalario. Centrarlo todo sobre la Comunidad de Madrid, ni recoge todas las malas prácticas, ni las peores, porque al menos no cribaban por edad, sino por años de vida esperable. En Cataluña, quizás en más lugares, como muestra la estadística para toda España del acceso a las UCI apuntada más arriba, lo hacían simplemente porque eras más viejo.

Pero no se trata solo del debate bióético sobre los criterios de selección y las malas prácticas cuando los recursos están desbordados, sino de la cuestión previa de que todo esto se podía haber evitado:

El problema de fondo, que no ha sido abordado, es por qué estas comunidades, Cataluña en primer término, y Madrid, dado el desbordamiento de las UCI, no solicitaron el traslado a algunas de las 2000 camas aportadas por la Sanidad privada, que quedaron vacías en España, según declaraciones de su propia organización. En este sentido, y dado que el estado de alarma se estableció entre otras razones para que existiera un mando único y superior (que por ejemplo sí que requiso EPIS comprados por la comunidades autónomas para proceder a su redistribución), no se entiende por qué este mando,  es decir el Ministerio de Sanidad, no  procedió, como en Francia, a redistribuir los enfermos necesitados de cuidados intensivos entre las plazas disponibles en toda España,  que hubiera evitado el triaje entre vivir y morir. ¿De que sirvió el mando único y el estado de alarma en este caso? Esta cuestión exige ser investigada política y judicialmente. También es una anomalía trágica que la Vicepresidencia para Asuntos Sociales no dictase ninguna providencia para toda España en relación a la situación de las residencias, sufriendo así el abandono de la administración pública.

Todo esto son hechos que preceden y acompañan al caso de Madrid, porque de no hacerlo resultara que nos encontramos ante una inmoral manipulación, política de los muertos.

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