La vejez que no estamos preparando

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Vivimos cada vez más años. Es uno de los grandes avances de nuestra época, pero también nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿estamos preparando las condiciones para vivir dignamente esos años adicionales? No parece que lo estemos haciendo con la seriedad necesaria.

Europa y Norteamérica llevan décadas envejeciendo y América Latina avanza rápidamente en la misma dirección. La disminución de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida modifican la relación entre generaciones. Habrá proporcionalmente más personas mayores y, en muchos países, menos trabajadores por cada jubilado. Sostener los sistemas de protección social sin cambios será cada vez más difícil.

Pero hay otro problema que casi no discutimos: seguimos viendo la vejez principalmente como una etapa de necesidades y dependencia, olvidando cuánto pueden aportar las personas mayores. Desperdiciamos experiencia, conocimientos y capacidades acumuladas durante décadas. ¿Podemos permitirnos semejante pérdida precisamente cuando nuestras sociedades envejecen?

Los Estados de bienestar han mejorado las condiciones de vida de millones de personas. Las pensiones y ayudas económicas son indispensables para quienes carecen de recursos suficientes. Su necesidad difícilmente puede discutirse. La pregunta es otra: ¿son suficientes?

No lo son.

Una pensión alivia necesidades económicas, pero no garantiza salud, vivienda adecuada, cuidados cuando aparece la dependencia ni oportunidades para seguir participando en la sociedad. Tampoco resuelve cómo financiar sosteniblemente esas necesidades.

Existe, además, una tentación política preocupante: convertir la protección social en instrumento electoral. Desde hace décadas, partidos de distintas tendencias y países han recurrido al temor de perder las pensiones para conseguir votos. Una cosa es discutir cómo protegerlas; otra, utilizar el miedo de quienes dependen de ellas para obtener su apoyo.

La protección social debe dar seguridad a los ciudadanos, no convertirlos en rehenes políticos.

A corto plazo, la asistencia económica es necesaria. Para millones de personas no existe hoy una alternativa mejor. Pretender eliminarla sería ignorar la realidad. Pero reconocer su necesidad no obliga a considerarla suficiente.

A mediano plazo, debemos revisar la sostenibilidad de los sistemas de protección social. Eso exige discutir impuestos, gasto público, productividad, empleo y rendición de cuentas. No se trata solamente de recaudar más: hay que explicar de dónde vendrán los recursos, cómo se utilizarán y qué resultados producirán. Prometer beneficios sin explicar cómo financiarlos puede ser electoralmente rentable, pero no es responsable.

A largo plazo, el reto es mayor porque requiere cambios culturales.

Uno es la prevención en salud. Necesitamos que más personas lleguen a edades avanzadas en buenas condiciones físicas y mentales. Prevenir enfermedades, promover hábitos saludables y detectar oportunamente los problemas mejora su calidad de vida y puede reducir los costos de atención.

Otro es fomentar el ahorro para el retiro. Vivimos en sociedades que estimulan el consumo y poco la previsión. Consumir genera actividad económica y empleo, desde luego. El problema es equilibrar el presente con el futuro. Pero tampoco podemos pedir ahorro a quien apenas cubre sus necesidades. Se requieren ingresos suficientes, educación financiera e instituciones confiables.

Hay otro cambio fundamental: la educación permanente.

Cumplir cierta edad no debería significar quedar automáticamente fuera de la vida productiva o social.

Muchas personas mayores pueden seguir trabajando, asesorando, enseñando, emprendiendo o participando en actividades comunitarias. No solamente necesitan recibir: tienen mucho que ofrecer. Y nuestras sociedades deberían crear oportunidades para aprovecharlo y reconocerlo.

Desde luego, continuar trabajando debe ser una posibilidad, no una obligación impuesta por la pobreza. La dignidad humana no depende de la productividad, pero poder contribuir, sentirse útil y recibir reconocimiento enriquecen la vida. También la de quienes nos rodean.

Queda la cuestión de los cuidados. ¿Quién atiende a una persona cuando pierde autonomía? ¿Su familia, el Estado, instituciones privadas? ¿Con qué recursos? Demasiadas veces, la responsabilidad recae sobre familiares que sacrifican ingresos y oportunidades. Los cuidados no pueden seguir considerándose un asunto exclusivamente doméstico.

Necesitamos pasar de una visión de la vejez centrada en la asistencia a otra que combine protección, autonomía, participación y reconocimiento. No todas las personas mayores podrán contribuir de la misma manera, pero ninguna debería ser considerada una carga por necesitar ayuda.

Ahora bien, ¿ha escuchado usted a los dirigentes políticos debatir seriamente estas propuestas, u otras mejores? Hay excepciones, pero el debate público sigue muy por debajo de la magnitud del problema.

La política está demasiado concentrada en el corto plazo. Una prestación puede anunciarse hoy y producir beneficios electorales mañana. En cambio, prevenir enfermedades, fomentar el ahorro, mejorar los cuidados o impulsar la educación permanente puede tardar una generación en dar frutos.

Los gobiernos reconocen los desafíos de largo plazo, pero aplazan las decisiones difíciles porque sus beneficios no caben en un calendario electoral.

Alguien tiene que comenzar a tomarlas, aunque no llegue a recoger sus frutos.

Una sociedad que realmente se preocupa por su vejez no se limita a proteger a quienes la alcanzan. Se prepara desde mucho antes y aprende a aprovechar lo que sus mayores todavía tienen que ofrecer.

 

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