Cada día, los telediarios del mediodía y la noche nos reiteran las imágenes gubernamentales de la acogida de los refugiados de Afganistán en España. Es un hecho positivo, porqué responde a un acto de justicia más que de solidaridad. Porque son personas que se comprometieron en la lucha contra los talibanes, prestando servicios de índole distinta a la presencia española en aquel país. Al actuar de esta manera, el Gobierno español no hace otra cosa que cumplir con sus compromisos.
Los recién llegados permanecerán unos pocos días en la base de Madrid, para después pasar a formar parte del proceso de acogida y ayuda a los refugiados que tiene establecido España, al menos para aquellos que opten por quedarse en nuestro país, que hasta ahora son una minoría de los llegados. El resto será redistribuido entre los países europeos de acogida.
Menos definida está la aceptación de los que llegaran traídos por Estados Unidos. El Gobierno español respondió afirmativamente a la petición del presidente Biden, para que las bases conjuntas que disponen en España de Morón y Rota actúen también como hub para los refugiados, y que son un número mucho más grande que los gestionados por los europeos, porque hay que contarlos por miles. Teóricamente, también en este caso, deben permanecer unos pocos días en estas instalaciones provisionales, para después dirigirse a los lugares de acogida, pero no está nada claro que la mayoría de ellos puedan acceder a Estados Unidos, porque este país ha establecido un sistema de selección, que excepto para una minoría, puede demorarse hasta 10 meses, y en este caso tampoco es evidente, que el destino final sea ver el gran país de Norteamérica. Esta es la causa por la que Estados Unidos ha establecido acuerdos también con países del Golfo, Kosovo y Albania, donde existe una población musulmana muy importante sino mayoritaria, y con Macedonia del Norte, país dependiente absolutamente de Washington.
Pero más allá de estas cuestiones, que están por ver, es urgente y necesario reflexionar sobre el contraste de los derechos que se ofrecen a los refugiados y la situación de nuestros refugiados internos, es decir los pobres de solemnidad, los que viven mejor dicho malviven, en la calle o en infraviviendas, y que son unas decenas de miles de personas. En ningún caso una multitud inalcanzable.
El sistema y los derechos de acogida está organizado en dos fases de acuerdo con lo establecido en el ámbito internacional.
La primera fase puede ser un piso, o un centro de acogida con una permanencia de 6 meses ampliable a 9. En la segunda fase de preparación para la autonomía, se hace vida propia en un domicilio de alquiler para que reciban ayudas. La duración máxima de este programa es de 18 meses prorrogable a 24 en el caso de personas vulnerables.
Durante la primera fase se les da alojamiento y comida, así como apoyo por parte de un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, asistentes sociales, orientadores laborales, a fin de conseguir una inserción en la sociedad lo más completa posible, que también alcanza al buen uso de los servicios públicos; la escolarización de menores, y la asistencia sanitaria, etcétera.
Reciben en la segunda fase ayudas para el alquiler y para las necesidades básicas de la familia, y también clases de lengua, y de formación profesional y orientación para la búsqueda de empleo. Los refugiados deben justificar el gasto que realizan, informar de cualquier cambio en su situación económica, y practicar una búsqueda activa de trabajo a fin de alcanzar ingresos regulares para así independizarse, además, obviamente, de cumplir con las leyes españolas.
Pues bien, este mismo sistema con algunos retoques es de justicia que se aplique a nuestros pobres de necesidad, porque sus características, sus demandas, los hacen muy próximos a las que presentan los refugiados. En determinados aspectos, la cuestión es más fácil, porque no existe la barrera del idioma y de la cultura, y en otros es más difícil porqué ya se ha producido un enraizamiento en la marginalidad difícil de superar. Estas personas, además, podrían acogerse, al terminar el período acotado para las ayudas, a la renta mínima de inserción de las distintas comunidades, así como al ingreso mínimo vital, lo que establece un colchón adecuado para lograr una vida digna.
Es evidente que una parte de estos pobres son irrecuperables, y que necesitarán toda su vida un acompañamiento y una atención específica, incluso algunos de ellos es posible que nunca alcancen autonomía personal, y que necesiten otro tipo de organización, pero esto no es excusa para no abordar el escándalo de esta pobreza estructural extrema, que en teoría, en la práctica todos van del mismo palo, los gobiernos de izquierda, empezando por Podemos, tendrían de ser los primeros en dar ejemplo en resolverlo.
Es inaceptable que la administración pública se haya convertido en una especie de “gestores de la pobreza “, dando lugar a la paradoja que cuesta más esta gestión, que el valor de las ayudas finales que reciben los pobres. El médico que se convirtiera en un “gestor de la enfermedad” lo correríamos a gorrazos, porque lo que esperamos de él es la curación, aunque en ocasiones no se alcance. Lo que necesitamos es la resolución de la pobreza extrema, y en este caso, el enfoque de los refugiados ofrece una guía práctica razonable.
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