Ante la convocatoria electoral, conviene reflexionar sobre cómo debe afrontarla un católico.
El título pide una aclaración: el Evangelio dice que el árbol se conoce por sus frutos, y el voto es uno de ellos. No revela toda el alma de quien lo emite ni mide su fe, pero expresa una elección de la que debe responder. Por eso merece un examen.
El cristiano está llamado a ser levadura en medio del mundo. El Evangelio habla de la levadura que hace fermentar toda la masa, pero también advierte contra «la levadura de los fariseos». Hay, por tanto, una levadura buena y una levadura que corrompe: una fe que transforma la vida entera y una religiosidad que puede terminar reducida a palabras, etiquetas o apariencias.
También en política existe ese peligro. El católico no puede separar su fe de sus responsabilidades como ciudadano — poder puede, como se constata a diario; lo que no debe es hacerlo—, pero tampoco debe hacer pasar automáticamente sus preferencias políticas por exigencias de la fe. La doctrina de la Iglesia no proporciona un programa electoral ni identifica la fe con ningún partido. Sí ofrece principios que deben orientar la formación de la conciencia y el juicio sobre las distintas opciones. Pero conviene entender bien qué significa esa pluralidad: se da entre opciones moralmente aceptables, no entre principios intercambiables. Que no exista un programa católico no quiere decir que cualquier programa sea compatible con la fe. Por eso el primer deber no consiste en buscar una justificación religiosa para lo que ya preferimos, sino en preguntarnos qué exige el bien común y qué responsabilidad nos corresponde en su búsqueda.
Principios que obligan, soluciones que se examinan
El católico debe prestar especial atención a la dignidad inviolable de toda persona, la defensa de la vida humana, la familia y el matrimonio, la libertad religiosa y educativa, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, los derechos de los trabajadores, la paz y la atención a los pobres. La lista es larga a propósito, porque lo irrenunciable tiende a recortarse según el gusto de quien lo recita: una economía al servicio de la persona o la liberación de las formas modernas de esclavitud forman parte de ella tanto como la vida y la familia. Conviene detenerse en la subsidiariedad, porque quizá no resulte familiar para todos: protege a las personas, las familias y las comunidades frente a poderes metomentodos, sin justificar el abandono cuando sin esos poderes no puede alcanzarse un bien necesario. Ni absorber ni desentenderse. Estos principios —y esto es lo crucial— no son preferencias que puedan aceptarse o rechazarse según la conveniencia del momento.
El cristianismo no es una religión a la carta, por mucho que todos sintamos la tentación de pedir lo que nos gusta y devolver a la cocina lo que nos incomoda. Es un menú fijo, con muchos platos si se quiere, como los de degustación, pero uno solo. Pueden cambiar —y de hecho deberán cambiar en muchas circunstancias— la vajilla, la cubertería, la iluminación, el paisaje sonoro y el ritmo del servicio; lo esencial, lo que María resumió en Caná con un «haced lo que él os diga», nadie está autorizado a cambiarlo. Pero no confundamos: en política lo que varía no es la mantelería sino la receta, y una receta puede salir mal aunque el menú sea el correcto.
Precisamente porque son principios y no un programa, hay que distinguirlos de las soluciones mediante las cuales pueden realizarse.
La doctrina social reconoce la propiedad privada y, a la vez, su función social y el destino universal de los bienes; defiende el trabajo digno, la remuneración justa y la protección de quien está en necesidad; pero no fija un tipo impositivo, un modelo económico único ni una fórmula exclusiva de redistribución. Una rebaja de impuestos no es injusta por definición, ni una política redistributiva lo es por redistribuir. En cada caso habrá que preguntar quién soporta las cargas, quién recibe los beneficios, qué necesidades quedan atendidas y cuáles desprotegidas. Que existan varias soluciones legítimas no significa que todas sean igualmente acertadas: la prudencia no dispensa de estudiar las diferencias, obliga a hacerlo.
Principios firmes y juicio prudente
Sería un error, sin embargo, disolver toda cuestión moral en una diferencia técnica. Hay cosas que nunca pueden hacerse, ni como fin ni como medio, por muchas ventajas que prometan a cambio. Y hay cosas que siempre deben hacerse —alimentar al hambriento, acoger al forastero, procurar casa y trabajo a quien no los tiene—, aunque el cómo, el cuánto y el con qué medios dependan de las posibilidades de cada uno y de cada momento. Que el modo admita discusión no convierte el deber en opcional; que nadie pueda hacerlo todo no dispensa a nadie de hacer lo que le toca.
Para la doctrina católica, el aborto directo y la eutanasia están en el primer grupo. No son alternativas prudenciales entre otras: comprometen el derecho primario a existir, que es condición de todos los demás derechos.
La vida debe protegerse desde la concepción hasta su término natural, lo que incluye acompañar a las madres, sostener a las familias y cuidar a los enfermos con cuidados paliativos accesibles, sin confundir el rechazo de la eutanasia con la obligación de prolongar la vida mediante cualquier tratamiento: renunciar a lo desproporcionado no es provocar la muerte, ni autoriza a retirar los cuidados debidos. La Iglesia sostiene también una comprensión del matrimonio como unión entre varón y mujer y el derecho primordial de los padres a educar a sus hijos. Defender estas convicciones no autoriza a despreciar a quien no las comparte ni a desconocer su dignidad y sus derechos. La convivencia exige además distinguir entre lo que desaprobamos y lo que corresponde prohibir por ley: no todo pecado debe ser delito, pero tampoco toda conducta puede convertirse en derecho. Y nos corresponde, sobre todo, sembrar buena semilla y dar testimonio.
Sería igualmente un error reservar toda la exigencia moral para esas cuestiones y tratar la economía, el trabajo o la inmigración como ámbitos donde cualquier decisión puede justificarse. También ahí hay líneas que no se deben cruzar. Y el amor a los pobres no es un apéndice de la fe sino su verificación. La caridad exige también denunciar las estructuras que generan exclusión y desconfiar de los discursos que culpan al pobre de su pobreza. Establecer requisitos justos para una ayuda o perseguir el fraude no es despreciar al necesitado; convertir la pobreza en presunción de culpa, sí lo es.
No todas las decisiones tienen la misma gravedad, pero reconocer una jerarquía moral no permite usar la defensa de un bien como dispensa para desatender los demás.
Quien ha entendido que la vida del no nacido no se negocia debería ser el primero en entender que la dignidad del pobre tampoco; y quien se conmueve ante el inmigrante debería ser el primero en no cerrar los ojos ante el niño que no llega a nacer. El no nacido, el anciano abandonado, la familia sin vivienda y el inmigrante desamparado no deben convertirse en rivales dentro de nuestra conciencia. Tampoco quien se ha alejado de la fe debe quedar fuera de nuestra solicitud: no conocemos toda su historia ni su responsabilidad ante Dios, pero sí podemos preguntarnos si nuestra sal se ha vuelto sosa y si nuestro testimonio ha oscurecido lo que debía mostrar.
El extranjero no pierde su dignidad en la frontera
La inmigración ofrece un ejemplo especialmente claro. La Iglesia afirma tres cosas a la vez: el deber de las naciones prósperas de acoger, en cuanto sea posible, a quien busca seguridad y medios de vida; la responsabilidad de las autoridades de ordenar los flujos conforme al bien común; y los deberes de quien llega respecto de la comunidad que lo recibe. Las tres van juntas, y quien se queda con una sola está volviendo a pedir a la carta. Por tanto, defender fronteras ordenadas y procedimientos legales de entrada no es, por sí mismo, contrario a la fe. Pero no puede presentarse como principio católico cualquier medida que use esas ideas como coartada: la situación administrativa de una persona no suprime su dignidad ni los deberes de justicia hacia ella. Una cosa son los derechos políticos, ligados a la ciudadanía; otra, los que toda persona tiene por el hecho de serlo, que no dependen de ningún papel. Una prioridad deja de ser justa cuando se convierte en exclusión sin una razón objetiva y proporcionada que la sostenga. Hay que preguntar qué necesidad se atiende, qué justifica la diferencia de trato y qué protección conserva quien queda fuera. No es lo mismo, por ejemplo, distinguir según cotizaciones en una prestación contributiva que privar de atención básica a una persona vulnerable.
Ni toda diferencia de trato es discriminación, ni basta llamarla prioridad para hacerla justa.
Los pastores pueden ayudarnos a reconocer estas exigencias, y conviene saber qué les debemos. Cuando enseñan la doctrina de la Iglesia en materia de fe y costumbres, no estamos ante opiniones de expertos que se aceptan si convencen: se les debe asentimiento, aunque no hablen de modo solemne. Cuando valoran una medida concreta, hay que mirar qué contiene esa valoración. A veces es la aplicación directa de un principio que no admite excepciones —una ley que autoriza el aborto no se vuelve opinable por ser una ley concreta—. Otras veces es una apreciación sobre medios, eficacia u oportunidad, que merece escucha seria y atenta, pero en la que caben diferencias razonadas, también entre los propios pastores. Una misma intervención puede contener las dos cosas, y no es honesto tratarla toda como dogma ni toda como opinión.
De aquí se siguen dos advertencias. La primera: llamar «prudencial» a una enseñanza incómoda no es un modo legítimo de sustraerse a ella. La segunda: quien aplaude un pronunciamiento episcopal cuando coincide con sus preferencias y lo despacha como injerencia cuando no, no está escuchando a los pastores; se está escuchando a sí mismo. Y cuando entre ellos hay diferencias, escoger la opinión que confirma nuestras preferencias no es discernir: hay que examinar sus razones.
Las etiquetas ni absuelven ni condenan
No deberíamos permitir que las etiquetas hagan por nosotros el trabajo de la razón. En el Evangelio, algunos acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú. Antes de examinar el signo, ya han decidido qué significa y desde qué etiqueta interpretarlo. Jesús les muestra la contradicción: un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir.
En la España de hoy esa actitud tiene una forma concreta: la política de bloques, en la que con demasiada frecuencia una propuesta se juzga por el lado del que procede antes de examinar su contenido. «Si lo propone aquel, tiene que ser malo»; «si lo defienden los nuestros, tiene que ser bueno».
Un católico no debería entregar su juicio moral a los eslóganes de nadie.
Tampoco fiarse de las palabras favorables: dos programas pueden hablar de libertad, familia o justicia y entender cosas distintas. Hay que mirar qué bienes protegen, con qué medios y con qué consecuencias. Porque un fin bueno no justifica cualquier medio: querer proteger a los pobres no legitima cualquier política económica; querer defender las fronteras no autoriza cualquier trato al extranjero; querer proteger a la familia no convierte en justa toda medida presentada bajo ese nombre.
El voto ante opciones imperfectas
La dificultad más seria aparece cuando ninguna alternativa coincide plenamente con las propias convicciones. Votar a una candidatura no equivale a aprobar cada una de sus propuestas. Pero tampoco es un acto neutro: se responde de aquello a lo que razonablemente se contribuye.
Una conciencia cristiana bien formada no permite favorecer con el propio voto un programa o una ley que contengan propuestas contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Esto obliga a considerar no solo la intención con la que se vota, sino también aquello que razonablemente se contribuye a hacer posible.
Ahora bien, no es lo mismo votar a alguien porque promete una injusticia que votarlo a pesar de que la promete. Quien vota a una candidatura precisamente porque defiende el aborto, la eutanasia o cualquier otra injusticia grave hace suya esa injusticia, y eso no lo arregla ninguna otra ventaja del programa. Quien la rechaza y vota por otras razones contribuye a un mal que no quiere ni aprueba, y la tradición moral admite que esa contribución pueda tolerarse, pero solo bajo condiciones exigentes: que la contribución del voto al mal sea indirecta —y no basta con que sea pequeña: «uno entre millones» no es un argumento moral, es una estadística—, y que existan razones de verdadero peso. Esas razones pueden ser otros bienes graves que de otro modo quedarían desprotegidos, o la posibilidad fundada de limitar una injusticia o de impedir que se agrave. Cuanto más grave es el mal que un programa contiene, más graves han de ser las razones para tolerarlo y más exigente la búsqueda de alternativas.
Conviene no confundir esto con un mercadeo. No se trata de que un mal pueda cometerse si se obtienen suficientes ventajas a cambio, sino de cuándo puede tolerarse una consecuencia que no se elige ni como fin ni como medio. Y esa posibilidad no convierte la cooperación en moralmente irrelevante: exige valorar la gravedad de lo que está en juego, la contribución efectiva que el voto puede prestar, los compromisos reales de las candidaturas y su capacidad de cumplirlos, y las alternativas realmente disponibles. La lealtad partidista, la comodidad o el rechazo visceral del adversario no son razones de peso. Que exista una candidatura minoritaria no resuelve automáticamente el dilema; que tenga pocas posibilidades tampoco autoriza a descartarla sin examen.
Conviene, además, saber qué se vota. Para el Congreso votamos listas cerradas y bloqueadas: un programa, unos pactos previsibles y una disciplina de partido, sin poder quitar ni poner nombres. Para el Senado elegimos personas. Eso no hace más ni menos lícito un voto que otro, pero sí señala qué hay que mirar: qué institución se elige y qué puede hacer realmente, qué pactos se anuncian o se adivinan, y qué compromisos son verificables y cuáles mera decoración. La posibilidad de votar por otros bienes serios no exime de ese examen; lo hace más necesario.
Aquí reaparece otra tentación, quizá más cercana a nuestra experiencia: la de trasladar la responsabilidad. Cuando Adán es interrogado, señala a Eva; Eva señala a la serpiente. Ninguno comienza diciendo sencillamente: «he sido yo». Comparar seriamente las alternativas es prudencia, y reconocer un engaño no es siempre una excusa: no es lo mismo ser engañado pese a haber actuado con diligencia que no molestarse en informarse o, peor, preferir no saber para no tener que rectificar. Somos responsables de lo razonablemente exigible y previsible, no omniscientes. «Los otros eran peores» puede ser una comparación fundada o una excusa gastada de tanto usarla; hay que poder explicar en qué eran peores y qué se pretendía evitar o conseguir. Lo que sí es una huida es usar esa frase para no responder de lo que la propia decisión pretendía apoyar.
Formar la conciencia, no fabricar un algoritmo
La conciencia no puede delegarse en un partido, un medio ni una costumbre familiar. Tampoco fabrica la verdad: la busca, la reconoce y se deja formar por ella. Una conciencia sincera puede equivocarse; el error puede disminuir la culpa de quien lo padece, pero no convierte en bueno lo que no lo es.
Formarla exige informarse, contrastar afirmaciones, distinguir hechos de propaganda y estar dispuesto a corregir las propias preferencias. Exige también oración y humildad: pedir luz para reconocer la verdad y libertad para aceptarla cuando incomoda a los nuestros. El examen de conciencia no consiste solo en descubrir los errores del adversario, sino en preguntarnos qué intereses, temores o resentimientos deforman nuestro propio juicio.
Formar la conciencia no significa convertirla en una máquina de puntuación electoral.
No hay fórmula que asigne a cada partido un porcentaje de «catolicidad».
Pero la ausencia de fórmula no hace equivalentes todas las opciones. Ante cada alternativa conviene preguntarse: ¿qué principios respeta o vulnera?, ¿qué medios propone?, ¿son lícitos?, ¿qué consecuencias previsibles tiene?, ¿qué alternativas razonables existen?, ¿qué estoy apoyando realmente? Y también: ¿aplico a los míos el mismo rigor que exijo a sus adversarios?
Ese examen tiene rostros concretos. Los de quienes empiezan a vivir y quienes terminan —y qué se propone para acompañarlos, también con cuidados paliativos accesibles y apoyo real a la maternidad—. Los de aquellos que quisieran formar una familia y no pueden porque la vivienda y el trabajo estable se les escapan, en una sociedad con la natalidad en mínimos. El de los que llegaron de fuera y ya trabajan entre nosotros, y el de los que todavía no han encontrado su sitio. El de los ciudadanos que dependen de que las instituciones sean iguales para todos y de que la justicia no se reparta por afinidad. O el de los habitantes de un territorio que esperan que la solidaridad entre todos no se sacrifique al cálculo. Reconocer nuestras preocupaciones habituales es fácil; hay que mirar también las que nuestra afinidad política nos invita a pasar por alto.
El examen no se limita a los programas. Importan la trayectoria, el cumplimiento de los compromisos y la correspondencia entre palabras y hechos. El octavo mandamiento también se aplica a la vida pública: la mentira y la corrupción no dejan de ser graves cuando favorecen a quienes preferimos, ni se convierten en asunto que siempre puede esperar.
La abstención y el voto en blanco requieren el mismo discernimiento, en las dos direcciones. Votar es un deber cívico, y evitar una decisión difícil no es automáticamente superior ni carece de consecuencias: la abstención también contribuye a un resultado, y quien se abstiene por pereza o por no mancharse las manos responde de ello. Pero tampoco existe la obligación de apoyar a alguna candidatura sean cuales sean sus propuestas: cuando, tras un examen honesto, todas las opciones exigirían una contribución que la conciencia no puede asumir, no votar a ninguna o votar en blanco puede ser lo correcto y no una huida. Lo que distingue una cosa de la otra no es el gesto ni la tranquilidad que deja, sino que pueda justificarse mirando las alternativas y las consecuencias. Y conviene conocerlas: el voto en blanco es válido y cuenta para los umbrales que un partido necesita superar; la abstención no. No son la misma manera de decir lo mismo.
Y la responsabilidad continúa después de las elecciones: participar en la sociedad, servir a quien necesita ayuda, vigilar el poder y exigir cuentas también a quienes recibieron nuestro voto. Una victoria electoral no legitima cualquier comportamiento. Y haber votado por razones graves a una candidatura imperfecta no obliga a callar ante sus injusticias: obliga, precisamente, a no hacerlas nuestras.
No se trata, por tanto, de encontrar un partido al que entregar la conciencia. Se trata de que cada católico, libre de adhesiones absolutas, forme su conciencia con seriedad, conozca los principios de su fe, examine críticamente las alternativas y vote de manera responsable ante Dios y ante los hombres. El voto es un préstamo, no una donación de por vida, y tampoco una absolución anticipada. Es una responsabilidad concreta. Precisamente por eso debe ser ejercida con libertad, conocimiento, prudencia y conciencia moral. La levadura del Evangelio debe fermentar también esta dimensión de nuestra vida, sin confundirse jamás con la levadura de las consignas.
