El fondo de recuperación económica debería completar la quinta y definitiva fase de la reacción de la UE contra la crisis del coronavirus. Hay que reactivar la economía. Después de una crisis sin precedentes, se necesita un fondo de recuperación también sin precedentes. Los estados miembros de la UE se han puesto de acuerdo sobre la arquitectura de este fondo, la Comisión Europea lo está elaborando a toda marcha, pero el trabajo aún no está terminada .
La cita del 6 de mayo no se ha podido respetar. Parece que no falta mucho para que el fondo sea presentado en público. Las ideas centrales son su gran dotación (unos dos billones de euros), que esté situado en el marco del presupuesto de la UE y que a través de este presupuesto se puedan canalizar importantes recursos a los países que lo necesiten.
El comisario europeo de Economía, el italiano Paolo Gentiloni , ha declarado recientemente que el fondo debe ser una mezcla de créditos y transferencias y que sus prioridades se basarán en dos criterios: el de los países más afectados (Italia, España) y el de los sectores más tocados, como el turismo . El objetivo es evitar que una crisis común (simetría) termine provocando efectos muy diferenciados en función de los países (asimetría). Todos los países no están en la misma situación, depende mucho de la importancia en cada país de los sectores más afectados. Además, los países europeos tienen un poder fiscal muy diferente. El apoyo al empleo y a la dimensión social también será esencial, y sólo habrá condicionalidad respecto a su uso para temas sanitarios o de prevención.
El portavoz principal de la Comisión Europea, Eric Mammut , declaró el 5 de mayo que la Comisión Europea está trabajando intensamente en su propuesta para relanzar la economía europea. No obstante, ha dicho que su plan no llegará de forma inmediata: «La propuesta no llegará mañana, sino sólo cuando la tengamos preparada» . Esto lo afirmaba después de que, pocas horas antes, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, hubiera apresurado la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula von der Leyden, en «aclarar ya el calendario y la ambición de su propuesta para reactivar la economía «.
La Comisión Europea no está concentrada únicamente en la preparación del fondo de recuperación. Dos ejemplos lo demuestran.
El primero es que acaba de hacer públicas sus primeras previsiones económicas que miden el impacto del coronavirus. Alertan de una recesión económica de proporciones históricas para toda la zona euro y aún más pronunciada para España, que se convierte en la economía que más cae junto con Italia y Grecia. En concreto, el PIB español se reduciría este año en un 9,4%, a lo que seguiría un repunte en 2021, que se quedaría en un 7%, lejos pues de recuperar el camino perdido. Este año, el déficit se dispara hasta el 10,1%; la deuda, el 115,6% y el paro, el 18,9%. Entre los grandes, Italia y Francia tienen una caída de su PIB similar al español, mientras que Alemania tiene uno de los mejores comportamientos y se contraerá un 6,5%.
El segundo ejemplo es la conferencia virtual de donantes para el coronavirus que la Comisión Europea acaba de lanzar en el marco del G-20 , con la colaboración de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y de países como el Reino Unido, Japón, Arabia Saudí y de actores privados, como la fundación Bill Gates, para conseguir un mínimo de 7.500 millones de euros para facilitar el acceso a productos terapéuticos, diagnósticos y vacunas a escala mundial. En la conferencia virtual se han registrado ausencias destacadas, como la de Estados Unidos . Su presidente, Donald Trump, ya anunció en abril que retiraría la financiación a la OMS. Aparentemente, el lema America firsttambién se aplica en el ámbito sanitario. A su vez, China ha rebajado al máximo el nivel de su representación y ha delegado al nivel de embajador. «Como europeos, tenemos la obligación de ayudar a los lugares del planeta menos preparados, como África y América Latina», declaró el griego Margaritas Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea. Buenas intenciones de una conferencia que se ha fijado el objetivo de evitar el uso restringido de la vacuna contra el coronavirus.
Lo que no estaba previsto es que, en plena preparación del plan de recuperación, estallara el 5 de mayo una sentencia del Tribunal Constitucional alemán declarando parcialmente contrario a la Constitución alemana el programa de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE) iniciado en marzo de 2015 en la Eurozona (programa de compras de deuda pública, PSPP, Public Sector Purchase Programme ), cuando el BCE era presidido por el italiano Mario Draghi .
El alto tribunal, en respuesta a una demanda de un grupo de economistas alemanes, ha dictaminado que algunas de las acciones del BCE violan los principios constitucionales de Alemania. En consecuencia, establece que el Bundesbank , el banco central alemán, debe dejar de comprar deuda pública dentro de tres meses si el BCE no justifica antes la proporcionalidad de las adquisiciones para encuadrarlas en el mandato de la institución, que es la estabilidad de precios.
Los bancos centrales de cada país son los que ejecutan los programas de compra del BCE, siguiendo sus directrices.
Dos horas después de conocer la sentencia del Constitucional alemán, la Comisión Europea se alzó en su contra , recordando que el derecho europeo tiene primacía sobre el derecho nacional y que las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) son vinculantes para todos los tribunales de los estados miembros. Hacía referencia a una sentencia del TJUE de diciembre del año 2018, que avaló el programa de compra de activos del BCE para mantener la estabilidad de la zona euro. La Comisión también dio pleno apoyo a la independencia del BCE para definir la política monetaria de la UE. Lo que no precisó la Comisión es que la competencia del TJUE se circunscribe estrictamente al derecho comunitario. Fuera de este ámbito, el Tribunal Constitucional alemán tiene la última palabra en su paísy el TJUE actuaría ultra vires , es decir, más allá de sus poderes o de su competencia, si no lo respetara.
La actual presidenta del BCE, la francesa Christine Lagarde , es partidaria de continuar la línea de Mario Draghi. Al principio de la crisis sanitaria, ella misma tuvo unos primeros momentos de duda sobre qué hacer, pero reaccionó enseguida y el Consejo de Gobierno del BCE (que ella preside) decidió, en relación con el coronavirus, que estaba «completamente comprometido a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato». Esta declaración tranquilizó a los mercados.
Banco Central Europeo
Christine Lagarde y su vicepresidente, el español Luis de Guindos , no se sienten amedrentados por la sentencia del Tribunal alemán. La presidenta, dos días después de la sentencia, parafraseando el mítico whatever it takes de Mario Draghi, ha declarado que «los bancos centrales, incluido el BCE, se guían por su mandato, por lo que haremos todo lo necesario para cumplirlo» .
Luis de Guindos, aprovechando una comparecencia telemática ante la Comisión Económica del Parlamento Europeo, ha declarado en la misma línea lo siguiente: «Seguiremos totalmente comprometidos a hacer todo lo que sea necesario y poner en marcha y recalibrar todos los instrumentos para evitar la fragmentación en los mercados, y la primera línea de defensa es el mercado de deuda soberana «.
Ambos coinciden en afirmar que el momento actual es absolutamente excepcional y esto exige y justifica claramente que la actuación del BCE vaya más allá del uso de las herramientas convencionales de la política monetaria. Ahora es mucho lo que está en juego porque la Eurozona ya tiene encima la peor recesión en noventa años y muchos países y empresas podrían tener muchas dificultades para financiarse sin el apoyo decidido y total del banco central en el mercado de la deuda.
La sentencia del Tribunal Constitucional alemán es relevante para la trascendencia económica del tema tratado, para abrir un cisma político en la misma Alemania entre partidarios y contrarios de la línea Draghi-Lagarde y para desencadenar una polémica jurídica en el corazón de Europa al afirmar que «el Tribunal Constitucional Federal no está obligado por la decisión del TJUE de diciembre de 2028, sino que debe realizar su propia revisión para determinar si las decisiones del Eurosistema permanecen dentro de las competencias que le confiere el derecho primario (Tratados ) de la UE «.
Con esta sentencia, la alta magistratura alemana ha interferido en las preparaciones del fondo de recuperación económica que está ultimando la Comisión Europea, y amenaza aún más el margen para la reivindicación de Italia, España y Francia de recibir financiación de sus socios a fondo perdido para evitar inundarse en un mar de deudas.
Según destacados conocedores del derecho comunitario, esta controversia podría terminar de forma razonable si se cumpliera lo que el Constitucional alemán reclama a las autoridades alemanas y en particular en el Bundesbank, como miembro del consejo del BCE, es decir, que se justifique la proporcionalidad de las medidas adoptadas y se acepte la justificación por parte del Tribunal Constitucional alemán. Al final, seguramente que la sangre no llegará al río. Es muy probable que Ángela Merkel no lo permita.
La implicación política y económica de la sentencia del Constitucional alemán es que el BCE no puede seguir siendo el salvador único de la Eurozona . Su expansión cuantitativa (compra masiva de activos financieros) pasa a estar sujeto a más escrutinio y no puede ser ilimitada. Los mercados tienen presente que el balance del BCE ya supera los 5,4 billones de euros -el 45% del PIB de la Eurozona- y que se ha multiplicado por 2,5 desde marzo de 2015. Junto a la política monetaria, se echa en falta una política fiscal.
A la espera de que se haga público el plan de recuperación económica contra el coronavirus, la conclusión de los últimos acontecimientos es que ha llegado la hora de una verdadera política fiscal comunitaria que no dependa tanto de la muleta monetaria del BCE. La crisis del coronavirus debería convertirse, al menos, en el gran revulsivo para dar un paso adelante en el proceso de integración europea hacia el logro del pilar fiscal que le falta a la Unión Económica y Monetaria (UEM).
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