Hasta 900 euros de diferencia existe entre las comunidades autónomas en cuanto a Renta Mínima se refiere. La Renta Mínima de Inserción (RMI) consiste en los distintos programas que tienen las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA). Su finalidad es la de personas y familias que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, acompañado además de un proceso de intervención social.
En la actualidad donde más titulares se benefician de esta renta se encuentran en el País Vasco, con 76.188 titulares. A continuación se encuentran Madrid (35.483), Andalucía (29.337) y, en último lugar, Cataluña (26.311).
Según los datos del informe de Rentas Mínimas de Inserción (RMI), el perfil más común es española, tiene entre 35 y 44 años y abandonó los estudios al acabar la educación primaria. El 60% de quienes cobraban la renta mínima fueron mujeres. Eran mayoría en todos los tipos de hogar, a excepción de los unipersonales (había más hombres solos).
En cuanto a la cuantía mínima y máxima de la RMI, las tres comunidades autónomas que tienen una cuantía máxima más alta son, en orden ascendente, País Vasco (995,50 euros), Cataluña (1.062) y, en primer lugar, (1.200).
Cabe destacar que Cataluña y Navarra son las Comunidades en las que la RMI dista más entre el mínimo y el máximo existe una mayor diferencia.
En el caso de la Comunidad de Madrid un tercio de las familias llevan más de cinco años percibiendo la Renta Mínima de Inserción. Y en torno al 11,6% (3.560) llevan una década o más.
En Cataluña ya se ha cumplido el primer año con la Renta Garantizada de Ciudadanía. Durante el primer año se han recibido 69.000 solicitudes para acceder a la RGC. Antes se habían dado 118.000 citas previas. En el balance anual se ha admitido también una alta cifra de denegaciones de peticiones para acogerse al nuevo derecho. Dos de cada tres peticiones se han echado atrás. Concretamente, 36.000 casos, el 73%, no se han concedido. En unos casos porque los solicitantes tenían unos ingresos superiores a los estipulados y, en menor medida, por incompatibilidades en tener el solicitado un puesto de trabajo.
Hay también un elevado número de expedientes que aún no se han resuelto. En total suman unos 10.000, lo que, según el consejero, quedará resuelta a finales de año.
