La reciente resolución del Tribunal Constitucional sobre la eutanasia y su Ley ha generado controversias en el ámbito jurídico y médico. La semana del 23 de septiembre se difundió la sentencia completa al recurso presentado por el Partido Popular, donde se desvelan tres demoledoras novedades en relación a la práctica de la eutanasia, que ponen al paciente en el abismo. Así lo han señalado Francesc José María, vicepresidente de la Comisión de Garantía en Cataluña, y Javier Sánchez Caro, presidente del Comité de Bioética de Castilla-La Mancha en declaraciones a Diario Médico.
1. No se requerirá la intervención de profesionales
Una de las principales novedades establece que no se requerirá la intervención de profesionales específicos, como psiquiatras o psicólogos, para certificar el consentimiento libre e informado del solicitante. Tampoco será necesario que ciertas autoridades (jueces, fiscales, notarios, entre otros) validen la regularidad del procedimiento. Además, el TC descarta que se necesite una entrevista personal por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación, o que para homogeneizar criterios se precise de un órgano estatal que revise decisiones autonómicas.
Al respecto, José María comentó: «Estas decisiones del Tribunal simplifican el proceso para los solicitantes y garantizan una mayor autonomía del paciente, respetando su decisión y eliminando barreras burocráticas». La realidad es que deja solo a la persona en, probablemente, uno de los momentos más delicados y vulnerables de su vida.
2. No se limita la eutanasia solo a pacientes en fase terminal
El Tribunal Constitucional también ha rechazado la propuesta del Partido Popular, que buscaba limitar la eutanasia solo a pacientes en fase terminal y con diagnósticos irreversibles.
Sobre este punto, José María añadió: «La sentencia del Tribunal amplía el espectro de casos en los que la eutanasia es permisible, reconociendo la dignidad y el derecho a decidir de todos los pacientes, no solo de aquellos en etapa terminal.»
3. Eliminan la objeción de conciencia a hospitales y centros sanitarios
En tercer lugar, el TC resolvió que las entidades jurídicas, como hospitales y centros sanitarios, no pueden alegar objeción de conciencia en cuanto a la eutanasia. Solo los profesionales sanitarios directamente involucrados en el procedimiento pueden invocarla.
Javier Sánchez Caro, enfatizó la importancia de esta última novedad al decir: «El Constitucional deja clara la imposibilidad de que se alegue la objeción de conciencia a la eutanasia por las personas jurídicas. La objeción de conciencia es individual, y no debe confundirse con el ideario de la entidad. Es crucial diferenciar entre los derechos institucionales y los individuales en este contexto.»
Sin embargo, este hecho plantea un serio problema para las entidades sanitarias católica, que no podrán eximirse de esta práctica por ideario, aunque vaya en contra de sus principios fundacionales de inspiración cristiana.
Por su parte, Francesc José María lamentó que la sentencia no aclarase ciertos puntos pendientes de la primera sentencia sobre la eficacia de las decisiones de las comisiones de Garantía y Evaluación de la Eutanasia. Sin embargo, considera que estas tres novedades son cruciales y ofrecen claridad en la práctica de la eutanasia en España. Un escenario, que no beneficia la defensa de la vida y su dignidad.
La difusión completa de la sentencia ha generado debates en diversos ámbitos, y se espera que sus repercusiones impacten en la práctica médica y en el marco legal relacionado con la eutanasia en el país.
1 Comentario. Dejar nuevo
Estos tres puntos de la sentencia del TC son de lo más lógico, habida cuenta del potencial que encierra la propia ley de eutanasia, a manera de una explosión en cadena.
1. Si el meollo eutanásico se cifra en la libre decisión y la autonomía del paciente, cuantos menos intermediarios mejor. Lo ideal es suprimirlos del todo, para evitar trabas e impedimentos. Hay que facilitar al máximo el beneficio de sacarse de encima a enfermos que solo generan gastos y preocupaciones inútiles.
2. Que únicamente los enfermos en fase terminal tengan derecho a ser eutanasiados es discriminatorio, y por tanto injusto. Cualquier paciente de cualquier enfermedad puede exigir que le liberen de su enfermedad dándole la muerte. En último término, y ahí se llegará con la mediación del TC, cualquier persona en cualquier estado de salud o enfermedad tendrá derecho a que el sistema sanitario público le quite la vida con la que no desea seguir, por la razón que sea o sin razón alguna.
3. Por supuesto que la objeción de conciencia solo es individual, vaya perogrullada. Pero las entidades tienen derecho, como personas jurídicas, a tener un ideario propio, y el centrarse en cuidados paliativos, excluyendo la práctica de eutanasias, puede formar parte de este ideario, sin que el TC ni nadie pueda impedírselo ni exigirles lo contrario. No es objeción de conciencia, pero es objeción de ideario, un ideario del que se supone que participan, en conciencia, todas las personas que trabajan en la entidad. Pero claro, a un TC que actúa como mandatario del gobierno, le molesta que existan entidades, como las católicas, que se niegan, por principios fundacionales, a eliminar enfermos por medio de eutanasia, ya que con ello dan un mal ejemplo a otras entidades y porque su negativa viene a ser una protesta contra la ley susodicha una recriminación al gobierno que la ha promulgado. Pasa igual con el aborto. Y es que para imponer la dictadura progresista nada mejor que hacerlo a golpe de Tribunal Constitucional.