29N: Nos prometen acceso a la vivienda. Queremos propiedad

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Se acercan las elecciones y ahora resulta que todos saben cómo arreglar el problema de la vivienda.

Han tenido años para hacerlo, pero las prisas les entran cuando necesitan nuestro voto.

Los que no padecen el problema, y probablemente nunca lo padecerán, se presentan con sus soluciones bajo el brazo. A mí esta preocupación recién estrenada me cuesta creerla. Hay familias que llevan años esperando poder comprar una casa mientras quienes gobiernan les piden un poco más de paciencia. Ahora, con el 29N encima, pretenden que volvamos a confiar en ellos: nos prometen lo que durante años nos han negado.

Sin mandato imperativo, sin un juicio de residencia y, sobre todo, sin compatriotas con espíritu crítico, el político se convierte en palomita suelta. Una palomita que puede aprobar arbitrariamente leyes cuyas consecuencias nunca padecerá y cuyo coste pagarán otros. Y que no te engañen: esos «otros» somos nosotros, tú y yo.

En la práctica, el voto acaba funcionando como un cheque en blanco: el gasto y el malgasto quedan a cargo de todos, mientras resulta demasiado fácil para quien decide eludir sus consecuencias personales. Su verdadero electorado acaba siendo quien confecciona las listas de su partido. Nicolás Gómez Dávila conocía bien la contradicción cuando escribió: «La democracia es el régimen político donde el ciudadano confía los intereses públicos a quienes no confiaría jamás sus intereses privados».

Hay personas a las que jamás entregaríamos las llaves de nuestra casa y a las que entregamos con entusiasmo las de la patria.

Precisamente de una casa quiero hablar. Casa es ese sitio en el que puedes ser tú, el lugar al que volver, donde descansar de las exigencias del mundo y sentirte seguro. Lo sabíamos incluso en aquellos juegos infantiles en los que nos perseguían: bastaba llegar y gritar «¡casa!» para quedar a salvo. Allí ya no podían atraparte. Esa palabra contenía una promesa de protección que todos entendíamos sin necesidad de explicaciones. Una casa propia permite dar continuidad a esa seguridad, echar raíces y construir una vida que no esté siempre pendiente de la siguiente renovación o de la siguiente mudanza. Todo eso es lo que nos han negado.

La discusión electoral debería empezar ahí. El problema de la vivienda es también un problema de propiedad y, por tanto, de libertad. Podemos discutir precios, suelo, impuestos, construcción, financiación o ayudas; debemos hacerlo. Pero todas esas medidas necesitan una finalidad clara: permitir que las familias alcancen una independencia material real. No queremos solamente acceso a la vivienda: queremos su propiedad plena. Y no solo la de la vivienda, sino también la de los bienes y los instrumentos de producción que permiten vivir y trabajar con libertad. Una política que se limita a administrar nuestra dependencia puede aliviarla durante un tiempo, pero deja intacta su raíz.

En este debate, demasiados católicos parecen haberse quedado fuera de juego. Hemos reducido a menudo nuestra presencia pública a pedir el fin del genocidio del aborto —digamos «activismo provida», no se asuste nadie—, formular alguna crítica a la eutanasia, reclamar que no nos insulten y poco más. La defensa de la vida es irrenunciable, y esa vida necesita un hogar, trabajo, estabilidad y libertad para crecer. El niño al que defendemos antes de nacer tendrá padres que necesitan sostenerlo y educarlo. Nuestra fe tiene algo que decir sobre la propiedad y sobre el poder que se ejerce a través de ella. También en unas elecciones debemos hablar como católicos, con criterio propio, sin dejar que una sigla nos indique qué parte de nuestra conciencia resulta oportuna esta semana.

Evitaré encadenar grandes citas de papas. El sentido común basta para entender buena parte de lo que intento transmitir, aunque yo lo haga torpemente. También intentaré resistir la tentación de recurrir a Belloc o a Chesterton: hay nombres que, de tan manidos y manoseados, han terminado por dejar de escucharse. Chesterton es un autor al que muchos citan, pocos leen y menos todavía comprenden cuando habla de política, economía o sociedad.

Hoy quiero traer a Guillermo Rovirosa, demasiado «rojo» para unos y demasiado católico para otros. Un hombre incómodo para quienes pretenden encerrar el mensaje de Cristo en sus frías cajas ideológicas, bien cerradas para que no moleste.

En su Manifiesto comunitarista escribe: «Los comunitaristas nos constituimos en campeones del derecho de propiedad individual o personal». Y explica por qué: «Estamos seguros de que el ejercicio del derecho de propiedad es indispensable a todo hombre para que normalmente pueda tender al fin para el cual ha sido creado por Dios, y principalmente para que en verdad el hombre sea “libre”».

Esa es la cuestión que echo en falta cuando escucho tantas promesas electorales: qué independencia concreta van a permitirnos alcanzar.

¿Cómo puede gobernar su vida quien permanece a merced de decisiones ajenas sobre los bienes que necesita para vivir? ¿Qué responsabilidad exigimos a las familias mientras les cerramos los caminos para sostenerse por sí mismas?

Este pequeño libro lleva la reflexión hasta una imagen que obliga a abandonar la comodidad de las consignas: «Desde el punto de vista religioso, sabemos que la posesión de un mínimo de bienes es indispensable para poder practicar la virtud. Esto no es necesario demostrarlo. Sólo hay que haber visto numerosas personas de diferentes sexos y edades amontonadas durmiendo en una sola habitación». La intimidad, el descanso y un espacio suficiente para los hijos tienen consecuencias familiares y morales. Cuando un candidato habla de vivienda, habla también de las condiciones en las que podremos cuidar, educar y convivir.

Exigir heroísmo cotidiano a quienes carecen de lo necesario mientras preservamos cuidadosamente nuestra comodidad es una manera miserable de tranquilizar la conciencia.

Por eso la propiedad debe alcanzar una medida suficiente. ¿También tiene límites? «La propiedad personal ha de ser a la medida del hombre». Como un traje: necesita una cantidad mínima de tela, pero tampoco podemos vestirnos con doscientos metros de paño. La medida se encuentra en la persona y en la función liberadora que esos bienes deben cumplir. Un hogar minúsculo para una familia numerosa difícilmente proporciona esa base. Tampoco puede justificarse una acumulación que impida a otros alcanzar los bienes indispensables para su independencia.

Quien defiende la propiedad tiene que preocuparse por extenderla y por hacer posible que sus beneficios lleguen a todos.

Basta mirar nuestro entorno para ver que ese ideal de propiedad plena para todos no está presente ni en nuestra realidad ni en el debate público. El autor ve dependencias en todas direcciones: arrendatarios sometidos a la renta, arrendadores atrapados en la ociosidad, trabajadores sin independencia y gobiernos subordinados a las fuerzas del dinero. En medio de ese paisaje señala «los escasos hogares que sobreviven como recuerdo y testimonio de aquel hogar de Nazaret». Un hogar donde Dios, la familia y el trabajo dan sentido a la vida, y donde los bienes sirven a las personas.

Su pregunta sigue abierta: ¿cómo puede la propiedad, llamada a liberar al hombre, terminar siendo utilizada para someterlo?

Pero gran parte del problema de la propiedad no puede entenderse sin el llamado fenerismo. En el manifiesto se denomina así al régimen de arrendamiento de bienes en el que una persona conserva los títulos y otra dispone del uso. Pensemos en la vivienda: cada mensualidad permite seguir habitándola, pero no adquirirla. Pueden pasar los años sin que ese esfuerzo entregue al inquilino una sola parte de la casa. Su crítica se dirige a una organización económica en la que la necesidad permanente de unos sostiene una renta permanente para otros, mientras la independencia del que paga se aplaza indefinidamente. Por eso una campaña que solo discuta cómo seguir pagando debería responder también a otra pregunta: qué camino ofrece para llegar a ser propietario.

El libro sostiene incluso que, entendida la propiedad como la unión de posesión y uso, en ese sistema la verdadera propiedad ha desaparecido. Considera inseparables la posesión y el uso: el arrendador conserva el título y cede el uso; el arrendatario utiliza el bien y carece del título. Él mismo reconoce que los títulos del primero se conservan «en forma legalmente correcta». Su crítica se refiere a la finalidad humana de esa propiedad, que considera rota cuando ambas dimensiones se separan. Quien vive en la casa no puede llamarla plenamente suya; quien tiene el título obtiene una renta de la necesidad de otro. La plena propiedad que propone debe permitir que quien usa los bienes alcance también la independencia de poseerlos.

La usura agrava esa servidumbre cuando convierte la necesidad de un hogar en una oportunidad para imponer condiciones injustas. Aprovechar la desesperación para encerrar a una familia en una deuda asfixiante merece una condena clara. La firma de un contrato no vuelve justo cualquier aprovechamiento de la debilidad. La tradición católica condena la usura y reconoce la posibilidad de un beneficio legítimo en la actividad económica y financiera. El manifiesto también contempla una remuneración pactada para quien aporta capital. El criterio debe ser el servicio que presta la financiación: permitir adquirir bienes, trabajar y ganar independencia. Una política de vivienda también debe mirar qué obligaciones asumirá la familia después de recibir las llaves.

Aquí aparece el límite del liberalismo económico que convierte la libertad contractual en una absolución universal.

Entre quien puede esperar y quien necesita un techo existe una desigualdad que las palabras «libre acuerdo» no hacen desaparecer.

Defender la propiedad exige preguntarse quién puede llegar a tenerla, además de proteger a quien ya la tiene. Una doctrina que se entusiasma con la concentración de bienes y se desentiende de que el trabajador pueda adquirir una casa acaba defendiendo el poder de determinados propietarios. La libertad necesita medios para ejercerse.

En estas elecciones, cualquier propuesta que invoque el mercado debe explicar cómo permitirá a las familias construir patrimonio y salir de la dependencia.

El comunismo merece una crítica igualmente firme por suprimir la propiedad privada de los medios de producción y concentrar el poder económico en una organización colectiva. La crítica a Marx es clara: pretender combatir a la burguesía suprimiendo la propiedad individual para transformarla en colectiva deja sin resolver la independencia del trabajador. Cambiar al dueño particular por un aparato político que administra el trabajo, los bienes y las posibilidades de disentir puede llevar la dependencia todavía más lejos.

Una familia necesita una esfera propia desde la que vivir y decidir. El monopolio estatal tampoco se convierte en libertad por presentarse como propiedad de todos.

Y cualquier política de vivienda que haga al Estado arrendador permanente debe responder a la misma exigencia: cómo contribuirá a la autonomía de quienes dependan de él.

Guillermo Rovirosa propone medidas concretas: transformar los arrendamientos inmobiliarios en ventas a plazos para que los pagos conduzcan a la propiedad y facilitar que quienes trabajan en una empresa lleguen a compartir su titularidad. Resume el primer cambio con una frase:

«El que paga, COMPRA ALGO, y el que cobra, VENDE ALGO».

Esas son sus propuestas; hay mil caminos posibles para avanzar hacia la propiedad plena y para todos. La discusión debe hacerse sobre los medios que permiten alcanzarla. Mi objeción a las medidas que nos propone la mayoría de los partidos es que oscilan entre el agravamiento del problema y su perpetuación: no van a la raíz, porque se conforman con administrar el acceso mientras la propiedad y la independencia siguen fuera del alcance de tantas familias.

Ese es el criterio con el que deberíamos escuchar cada anuncio de campaña. Cuántas familias podrán llegar a ser propietarias, qué parte de su trabajo podrá convertirse en patrimonio y cuándo dejarán de depender de una ayuda renovable o de una obligación interminable de pago.

Una subvención puede aliviar una urgencia, pero necesita insertarse en un camino que permita superarla. Construir más viviendas debe traducirse en oportunidades reales para quienes necesitan un hogar. La protección del pequeño propietario y el acceso de quien todavía no lo es forman parte de una misma exigencia de justicia. Defender la propiedad implica querer que otros puedan tener aquello cuya importancia conocemos precisamente porque lo poseemos.

Y con la propiedad nos jugamos también la posibilidad de vivir en comunidad: «La comunidad es hija de la libertad. Los amos con los esclavos, o los habitantes de un país tiranizado, no pueden vivir en comunidad. Pero viven EN COMÚN». Para la familia reclama «un hogar propio» y «una fe común», y advierte que puede conservarse la apariencia de comunidad sin alcanzar su plenitud. Está exigiendo las condiciones materiales y espirituales que la familia merece. Un hogar estable y suficiente permite educar, acoger, sostener a los mayores y compartir con otros.

La propiedad tiene también esa dimensión: nos da medios para cuidar y construir vínculos libres.

Por eso el 29N deberíamos exigir algo más profundo que otra promesa de acceso. Queremos propiedad plena y para todos, empezando por la vivienda y alcanzando también a los bienes con los que trabajamos y sostenemos nuestras familias.

Queremos que casa vuelva a significar un lugar al que regresar, donde ser nosotros mismos y sentirnos seguros; aquel «¡casa!» de los juegos infantiles que ponía fin a la persecución.

Un hogar que pueda resistir, educar con libertad y decir que no. Porque lo que temen los poderosos de este mundo es un hogar fuerte e independiente, al que no puedan someter con sus leyes inicuas ni con la amenaza de condenarlo a una necesidad perpetua.

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