Hay un problema del catolicismo español del que se habla poco: su mala relación con el poder político. En demasiados ambientes católicos se contempla como una realidad sospechosa de la que conviene mantenerse lejos. El resultado es paradójico: quienes podrían aportar a la vida pública una concepción fuerte de la persona, de la justicia y del bien común renuncian a disputar las decisiones que organizan la sociedad.
Esta actitud tiene poco que ver con la doctrina de la Iglesia. Desde León XIII, la doctrina social católica no nació para decorar congresos ni alimentar cursos de formación, sino para orientar la acción cristiana ante las realidades sociales y políticas. El Vaticano II fue inequívoco: la comunidad política existe para el bien común, entendido como las condiciones sociales que permiten a personas, familias y asociaciones alcanzar más plenamente su perfección. La política no es un mal necesario. Es una dimensión inevitable de la vida social.
La confusión comienza cuando no se distingue entre la misión de la Iglesia como institución y la misión del laico.
La Iglesia no debe convertirse en partido ni gobernar el Estado. Pero de ahí no se sigue que el cristiano deba retirarse de la política. Benedicto XVI lo formuló con precisión en Deus caritas est: la construcción de una sociedad justa no corresponde directamente a la Iglesia, sino a la política; el deber inmediato de trabajar por ese orden justo pertenece a los fieles laicos.
Juan Pablo II fue todavía más explícito. En Christifideles laici escribió que los laicos «de ningún modo pueden abdicar» de la participación política, entendida como la acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover institucionalmente el bien común. Ni la corrupción ni la idolatría del poder justifican la ausencia cristiana de la cosa pública.
León XIV ha renovado esa tradición en Magnifica humanitas: la doctrina social no ofrece un programa partidista ni un recetario técnico, sino principios para discernir las decisiones históricas. Y define el bien común como la «forma social» de la dignidad reconocida a cada persona.
Sin embargo, parte del catolicismo organizado funciona como si ese mandato no existiera. Asociaciones, movimientos y realidades eclesiales forman para la espiritualidad, la familia, la caridad y la evangelización, pero a menudo miran con prevención el compromiso político de sus miembros. Falta preparación, discernimiento y acompañamiento; hay ausencia de compromiso. Así, la doctrina social corre el riesgo de convertirse en una magnífica reliquia: válida para conferencias, pero incapaz de generar acción.
De ahí nace también un pietismo de la autoexclusión.
Se vive intensamente la fe dentro del movimiento o la parroquia y se abandona el espacio donde se deciden las leyes, la educación, la familia o la defensa de la vida.
Después, cuando esas decisiones producen una sociedad más alejada de la concepción cristiana del hombre, llega el hipercriticismo. Se denuncia lo ocurrido, pero se renunció previamente a intervenir allí donde podía modificarse.
Sin poder —entendido como capacidad legítima de orientar decisiones colectivas— no hay transformación política posible. Quien posee una concepción del bien, pero renuncia a traducirla en instituciones, leyes y políticas públicas, acaba reduciendo sus convicciones a sentimientos moralmente respetables, pero políticamente inoperantes. Una fuerza social que no aspira a participar en la dirección de la comunidad queda subordinada a quienes sí están dispuestos a hacerlo.
Existe, ciertamente, una función profética. Es necesaria. El profeta denuncia la injusticia y recuerda los límites del poder. Pero denunciar el poder y ejercerlo responsablemente son cosas distintas. La primera no sustituye a la segunda.
La tradición cristiana nunca sostuvo que la esperanza en el Reino de Dios eximiera de mejorar la ciudad terrena.
Jesús dijo: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». No dijo que ignorásemos lo que hace el César. La frase distingue entre Dios y el poder político; no proclama la irrelevancia de la política. Precisamente porque el César no es Dios, su poder debe ser limitado, juzgado moralmente y ordenado al bien común.
El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia recuerda que la razón de ser de la autoridad política es el bien común. Orden, justicia, seguridad, protección del débil y respeto a la vida forman parte de esa responsabilidad. Reducir la doctrina social a la asistencia humanitaria constituye una mutilación. La caridad atiende a quien sufre; la política justa debe procurar también que determinadas causas de ese sufrimiento no se produzcan.
Pensemos en el aborto. Si se considera que existe una injusticia masiva contra la vida humana, ¿cómo puede transformarse esa realidad sin legislación, políticas familiares, protección social de la maternidad, educación y acción institucional? La mera denuncia no basta. ¿Y cómo se hace todo esto sin poder?
El catolicismo español debe decidir si quiere limitarse a lamentar los abusos del poder o formar hombres y mujeres capaces de ejercerlo con prudencia, justicia, fortaleza y templanza. No se trata de conquistar el Estado para la Iglesia, sino de que los laicos cristianos asuman su responsabilidad en la ciudad común. Cuando quienes creen poseer criterios para el bien común rehúsan toda responsabilidad política, otros ocuparán ese espacio. Y entonces quejarse será demasiado poco.
La base doctrinal es particularmente sólida. Christifideles laici afirma expresamente que todos tienen «el derecho y el deber de participar en la política» y rechaza que la corrupción o el riesgo moral puedan justificar el absentismo cristiano. Benedicto XVI distingue con gran precisión las funciones: la Iglesia no sustituye al Estado, pero corresponde a los laicos actuar «en primera persona en la vida pública». El Compendio llega a calificar la autoridad política como un componente «positivo e insustituible» de la convivencia civil y sitúa el bien común como su razón de ser.
El compromiso político con el fin de lograr participar en el poder es una gran tarea pendiente. Ya deberíamos haber comenzado.
La Doctrina Social de la Iglesia no nació para llenar conferencias, sino para transformar la realidad. Y sin responsabilidad política no hay transformación posible. #Católicos #Política #BienComún Compartir en X
