Libertad religiosa amenazada en Vic: boicotean la misa del patrón 

El pasado 5 de julio de 2025, la ciudad de Vic (Barcelona) debía haber celebrado con solemnidad el 400º aniversario de San Miguel de los Santos, patrón de la ciudad. El Obispado de Vic había invitado al presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, a presidir la misa mayor en la Catedral.

Sin embargo, el acto religioso fue suspendido por amenazas de boicot y disturbios, dejando en evidencia una preocupante falta de garantías para la libertad religiosa.

Rechazo político y amenazas organizadas

Miembros de partidos como ERC, CUP y Vic en Comú Podem, junto con colectivos vinculados a los CDR y comparsas de la Fiesta Mayor, manifestaron públicamente su oposición a la presencia de monseñor Argüello.

Lo que podría haber sido una crítica política acabó en algo más grave: la organización de acciones disruptivas y ruidosas durante la ceremonia, incluso en el interior de la Catedral, con el objetivo de impedir que se celebrara la misa y se escuchara la homilía.

Silencio y omisión

Lejos de condenar o intentar mediar en la situación, el Ayuntamiento de Vic mantuvo el resto de los actos festivos, sin pronunciarse sobre las amenazas.

Los Mossos d’Esquadra, en lugar de garantizar el orden público y proteger el derecho constitucional a la libertad religiosa, emitieron un informe alertando sobre los riesgos, lo que contribuyó a aumentar la tensión.

A nivel autonómico, el PSC-PSOE, al frente del Govern, guardó silencio. Tampoco se pronunció Units per Avançar, cuyo líder es el actual conseller de Justicia. Junts per Catalunya no emitió ninguna declaración. La suma de estos silencios institucionales fue interpretada como una cesión ante la coacción.

Derechos constitucionales vulnerados

Como declara la Corriente Social Cristiana, la suspensión de los actos religiosos del 5 de julio representa un ataque directo a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española:

• Libertad religiosa (art. 16.1): se garantiza el derecho a profesar y practicar libremente cualquier religión. Impedir una misa mediante amenazas es una clara vulneración de este derecho.

• Igualdad ante la ley (art. 14): los católicos no pueden ser tratados como ciudadanos de segunda por sus creencias religiosas.

• Libertad de expresión (art. 20): silenciar una homilía por medios intimidatorios atenta contra el libre ejercicio de opinión y culto.

Además, el principio de proporcionalidad en el mantenimiento del orden público fue ignorado. Al ceder ante la amenaza de disturbios, el Estado deja un preocupante precedente que legitima la violencia como herramienta de censura.

Un precedente peligroso para la democracia

Este episodio no solo afecta a los católicos. Sentar el precedente de que una minoría puede imponer su voluntad mediante el miedo abre la puerta a futuros ataques contra cualquier tipo de acto cultural, social o político que no se ajuste a ciertos postulados ideológicos.

La democracia no puede funcionar cuando el miedo decide quién puede hablar o reunirse.

Exigencia de una condena clara

El Obispado de Vic, ante la falta de garantías, optó por suspender los actos litúrgicos previstos tanto en la Catedral como en la casa natal del santo. Esta renuncia forzada a ejercer un derecho constitucional exige una respuesta institucional inmediata.

Desde diversos sectores se pide al Gobierno de la Generalitat y al Ayuntamiento de Vic que condenen de forma inequívoca los hechos y garanticen que la libertad religiosa no será sacrificada por presiones ideológicas o amenazas violentas.

Cuando una sociedad democrática permite que la intimidación silencie el culto o la opinión, no solo se rompe el pacto constitucional, sino que se socavan las bases mismas de la convivencia plural. La respuesta no puede ser la inacción. Es necesario que las instituciones catalanas se posicionen y actúen para que la libertad religiosa, como cualquier otra, siga siendo un derecho efectivo y no solo un ideal en el papel.