El aborto se ha convertido en una auténtica obsesión política del sanchismo. No basta con que sea legal, esté financiado y resulte accesible. Debe adquirir rango constitucional, convertirse en una obligación positiva para todos los poderes públicos y ocupar una posición privilegiada en el sistema sanitario y en la acción del Estado.
¿Por qué semejante empeño? Porque el aborto ha dejado de ser una cuestión legislativa para convertirse en un tótem ideológico. Y los tótems no se discuten: se veneran.
De la democracia parlamentaria al presidencialismo de hecho
El proyecto político de Pedro Sánchez presenta una tendencia que merece ser examinada: la transformación progresiva de nuestra democracia parlamentaria en un sistema de creciente concentración del poder en el presidente del Gobierno.
España no es una república presidencialista, sino una monarquía parlamentaria. El Ejecutivo responde ante las Cortes, el Poder Judicial debe ser independiente y el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones dentro de sus atribuciones constitucionales.
Sin embargo, la práctica política puede vaciar los contrapesos sin necesidad de suprimirlos formalmente.
Cuando el Ejecutivo domina la iniciativa legislativa, pretende condicionar los órganos de garantía y convierte la mayoría parlamentaria en un instrumento de ratificación de sus decisiones, aparece una peligrosa deriva presidencialista.
Salvando las grandes diferencias históricas e institucionales, esta situación recuerda un rasgo del México del PRI: la tendencia a confundir partido, Gobierno y Estado bajo un vértice político dominante.
En este contexto, la reforma constitucional del aborto adquiere una significación particular.
Una Constitución nueva por entregas
El Gobierno aprobó en abril de 2026 una propuesta para incorporar al artículo 43 de la Constitución la obligación de garantizar el aborto con todas las prestaciones y servicios necesarios.
¿Por qué el artículo 43, dedicado a la protección de la salud, y no el artículo 15, que reconoce el derecho a la vida?
Porque esta ubicación permite utilizar el procedimiento ordinario del artículo 167, sin necesidad de celebrar un referéndum obligatorio, aunque pueda solicitarlo una décima parte de los parlamentarios de cualquiera de las Cámaras.
Se trata de una vía constitucionalmente prevista, pero su elección resulta políticamente significativa: se pretende modificar una cuestión antropológica de primera magnitud mediante el procedimiento menos exigente, en lugar de someterla necesariamente a una decisión directa del cuerpo electoral.
La cuestión es que la Constitución protege la vida prenatal como bien constitucional, según ha reiterado el propio Tribunal Constitucional. Convertir la interrupción del embarazo en una prestación constitucionalmente garantizada supone alterar profundamente el equilibrio de valores de nuestro ordenamiento. Es una operación cuya oportunidad y legitimidad política merecen un debate mucho más exigente.
Una prestación privilegiada
En 2024 se practicaron 106.172 abortos en España. El 78,75 % tuvo lugar en centros privados, concertados o no, según los datos oficiales.
La intervención está cubierta por el Sistema Nacional de Salud y puede financiarse incluso cuando se realiza en centros privados acreditados. La ley contempla expresamente su pago por la Administración cuando esta no puede proporcionar la prestación a tiempo. Es la única prestación sanitaria que cuenta con este privilegio.
Además, la reforma de 2023 suprimió el período obligatorio de reflexión de tres días. Las menores de 16 y 17 años pueden abortar sin consentimiento paterno. La información sobre ayudas para continuar el embarazo, maternidad y alternativas sociales se facilita únicamente si la mujer la solicita.
No desaparecen el consentimiento informado ni la obligación de explicar los riesgos clínicos. Pero resulta significativo que la información sobre las alternativas materiales para tener al hijo haya dejado de ser una exigencia general.
La ley considera el aborto un procedimiento sanitario urgente por su sujeción a plazos.
Todo ello configura un tratamiento singularmente favorable.
El dinero público como instrumento ideológico
El Real Decreto 930/2026, de 28 de octubre, ofrece un ejemplo extraordinariamente expresivo.
El Gobierno autoriza una subvención directa de 300.000 euros a la Associació pels Drets Sexuals i Reproductius para reforzar la plataforma «Quiero Abortar» y ampliar su actividad informativa y de apoyo profesional por toda España.
No hay convocatoria competitiva. La subvención ni siquiera estaba incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Sanidad 2024-2026. Se prevé el pago anticipado, sin exigencia de garantía, y su compatibilidad con otras ayudas, respetando los límites legales.
Pero lo más importante aparece en las cuentas de la propia asociación.
Su memoria de 2024 declara que el 94,2 % de sus aportaciones procedía de administraciones públicas. Solo las administraciones autonómicas aportaron 1.042.581 euros.
Estamos, por tanto, ante una asociación jurídicamente privada cuya financiación depende abrumadoramente del dinero de todos.
Y no se limita a prestar asistencia. La propia entidad declara entre sus objetivos la incidencia política y social, la transformación institucional y la defensa activa del aborto.
El problema no es que una asociación defienda sus ideas. Tiene perfecto derecho a hacerlo.
El problema surge cuando el Estado financia de manera tan determinante a organizaciones que intervienen políticamente a favor de una determinada posición ideológica, mientras la ley excluye del apoyo previsto en su artículo 26 a las entidades contrarias al aborto.
¿Es este el pluralismo que corresponde a una democracia?
El derecho que falta: poder tener al hijo
La contradicción fundamental es todavía más grave.
El Estado garantiza recursos para abortar, pero no establece con equivalente determinación las condiciones necesarias para que ninguna mujer tenga que hacerlo por motivos de pobreza, precariedad laboral, dificultades de vivienda, abandono o falta de ayudas familiares.
La auténtica igualdad de oportunidades exige poder elegir la maternidad sin sufrir una penalización económica o social.
Sin embargo, el sistema dedica energías extraordinarias a facilitar la interrupción del embarazo y muchas menos a remover las dificultades materiales que impiden continuarlo.
Esta es la cuestión moral que el sanchismo se niega a afrontar.
Y también la política.
Una democracia deja de servir plenamente al bien común cuando convierte una opción ideológica en símbolo del Estado, utiliza recursos de todos para promoverla y debilita el reconocimiento público de quienes discrepan.
El aborto es el tótem. Pero el problema de fondo es el poder, su concentración y la pretensión de decidir desde el Gobierno cuáles deben ser los valores constitucionales de todos los españoles. Compartir en X









