Seguimos reflexionando sobre distintos aspectos del documento de la Congregación para la Educación Católica —“La identidad de la escuela católica para una cultura del diálogo”.
Hoy abordamos un tema esencial, como es la libertad de elección de los padres en todos los temas relativos a la educación de sus hijos.
¿Qué tiene esto que ver con nuestro tema y por qué afecta de una manera particular precisamente a la escuela católica?
Es muy sencillo: estamos en una situación en la que se pretende imponer la escuela pública única para todos, olvidando que el Estado tiene la obligación de garantizar que los padres puedan elegir el mejor colegio para sus hijos. Pero el mejor según la opinión libre de los padres, no según el parecer de los políticos ni de las Administraciones públicas de turno.
El documento de la Congregación es claro en este punto: “En el primer lugar se sitúa la responsabilidad de los padres y su derecho prioritario en las elecciones educativas. La elección de la escuela debe hacerse libremente y según conciencia; de ahí el deber de las autoridades civiles de posibilitar diferentes opciones dentro de la ley. El Estado tiene la responsabilidad de apoyar a las familias en su derecho a elegir la escuela y su proyecto educativo” (n. 12).
Sin embargo, existe hoy en día la convicción de que el Estado debe garantizar una educación pública, laica y de calidad para todos, y lo demás va por cuenta de cada uno. No es así. El Estado tiene la obligación de garantizar que los padres pueden elegir entre las diferentes opciones educativas.
Pero resulta que solamente hay posibilidad real de elección cuando las condiciones son iguales, o muy similares. Vamos, que cuando un jugador tiene desventaja, las posibilidades de elección se reducen drásticamente. Cuando desde las Administraciones públicas se favorece exclusivamente la educación pública, a la vez que se legisla de manera que determinados colegios concertados cada vez tengan más difícil su supervivencia, no se están respetando los derechos de las familias. Es así de sencillo.
Habiendo, como hay en España, un porcentaje amplísimo de familias que eligen para sus hijos colegios de ideario cristiano, las preguntas se amontonan rápidamente:
¿Por qué parece que asegurar la opción de una educación en colegios católicos es algo ajeno a las responsabilidades del Estado?
¿Por qué existe esa especie de verdad aceptada por todos, según la cual “el que quiera un colegio católico, que se lo pague” de su bolsillo?
Vamos a intentar desgranar un poco la madeja.
En primer lugar, es muy importante aclarar que el Estado no nos hace ningún favor a las familias “dejándonos elegir” para nuestros hijos un colegio con un determinado ideario, incluido el católico. Esa posibilidad de elección es algo que pertenece a las familias, no es un favor especial que nos otorga la Administración. Es triste que parezca necesario aclarar esto, pero creo que, de hecho, es muy necesario hacerlo. Porque ocurre que se va imponiendo esa sensación de que esos colegios siguen abiertos por la generosidad de las Administraciones, que permiten que sigan funcionando. ¡No, no y no!
la libertad de elección es un derecho que nos corresponde a los padres, no nos lo da la Administración
Los colegios con ideario propio —entre ellos los colegios cristianos— siguen abiertos por otros motivos: básicamente porque hay demanda más que suficiente para ello y porque la Constitución ampara su existencia y, de manera indirecta, su financiación con recursos públicos: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (Artículo 27.3). Efectivamente, la libertad de elección es un derecho que nos corresponde a los padres, no nos lo da la Administración. Y no nos lo da, sencillamente, porque no es suyo, es de los padres. La Administración lo único que hace —si es que lo hace— es regular ese derecho: regularlo para garantizarlo y facilitarlo a las familias, no para dificultarlo. Eso no es regular el derecho, sino restringirlo, limitarlo o hacerlo en la práctica inoperante. ¿Les suena?
Además, es importante incidir brevemente sobre el aspecto de la financiación pública de los colegios católicos, porque está muy extendida la idea de que los recursos públicos nunca deberían aplicarse a centros educativos de ideario religioso —católicos en nuestro país, claro—, estando como estamos en un estado aconfesional.
Falso, no es así. El Estado es aconfesional, pero muchas familias no lo son, y tienen pleno derecho a elegir un colegio de ideario católico para la educación de sus hijos, y tienen también derecho a que ese colegio esté financiado con fondos públicos. Y, repito, solamente hay posibilidad real de elección cuando las opciones son similares.
El problema viene porque los conciertos no garantizan esas condiciones de igualdad, puesto que casi siempre cubren un porcentaje muy bajo de los gastos generales de un centro educativo
Sin embargo, todos sabemos que ahora mismo esto en España no se da, debido a la infrafinanciación que sufren los centros concertados. Cierto es que hay jurisprudencia que ampara que estos colegios “podrán acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros educativos”; de hecho, el concierto educativo es la forma habitual para acceder a esos recursos públicos. El problema viene porque los conciertos no garantizan esas condiciones de igualdad, puesto que casi siempre cubren un porcentaje muy bajo de los gastos generales de un centro educativo. Hablamos de “colegios concertados financiados con fondos públicos”, pero olvidamos que están financiados, sí, pero parcialmente, y en la mayoría de los casos “muy parcialmente…”
¿Alguien recuerda de vez en cuando que en los centros públicos esa financiación cubre habitualmente el 100% de los gastos generales?
- ¿El 100%, y por qué no es así en los centros concertados?
- Pues porque muchos de ellos son de ideario religioso, digo yo que será por eso.
- ¡Pero hombre, por Dios, cómo va a ser por eso!, eso sería una discriminación inaceptable, ¡imposible, en estos tiempos!
Termino con otra reflexión sencillísima:
- “¿Por qué tengo libertad absoluta para elegir el restaurante donde voy a cenar esta noche y, sin embargo, tengo una libertad tan reducida, regulada y controlada para elegir colegio para mis hijos?”
- “Hombre, porque es un asunto mucho más importante, no vas a comparar la educación de tus hijos con irte de cena una noche…”
- “Pues precisamente por eso, porque es un asunto de relevancia muy superior, la libertad de la que disfruto debería ser también mucho mayor. En fin, no sé, … parece lógico”.
Pues no, no debe ser tan lógico, porque aquí, cuanto más irrelevante es el asunto —una simple cena— más libertad para el ciudadano; y cuanto más nuclear —la educación de mis hijos— más libertad para la Administración, ¡y menos, claro está, para los padres! El principio de subsidiariedad salta por los aires y, claro, como siempre que eso ocurre, las libertades andan por los suelos.
la imposición paulatina de una escuela pública única y laica es absolutamente incompatible con la libertad de elección de los padres
Para cerrar de momento el asunto, creo que hay un hecho que es indiscutible: la imposición paulatina de una escuela pública única y laica es absolutamente incompatible con la libertad de elección de los padres, puesto que esta implica la opción de poder elegir entre distintos modelos, idearios y proyectos educativos, y la escuela pública única para todos impide eso de raíz.
Se trata, simplemente, de libertad, ¡cómo les cuesta entenderlo!
La identidad de la escuela católica: fe y razón (II)
Esa posibilidad de elección es algo que pertenece a las familias, no es un favor especial que nos otorga la Administración Clic para tuitear
