Ha muerto el alemán Jünger Habermas, uno de los considerados grandes filósofos de nuestro tiempo y de esta manera desaparece otra referencia mundial del pensar, como meses atrás lo hizo otra figura gigantesca, situada, al menos en términos de valoración de la Ilustración, en sus antípodas, Alasdair MacIntyre.
La persistencia de actitudes secularistas que consideran la religión un asunto exclusivamente privado refleja, en este contexto, una incomprensión de las dinámicas culturales de las sociedades contemporáneas. En un mundo marcado por la diversidad religiosa y la globalización de identidades, la exclusión de las convicciones religiosas del espacio público no solo es normativamente problemática, sino políticamente contraproducente. Una esfera pública que margina fuentes significativas de motivación moral corre el riesgo de erosionar la cohesión social y de debilitar la legitimidad de las instituciones democráticas.
La igualdad entre cosmovisiones que propugna Habermas no implica relativismo ni renuncia a los principios constitucionales. Significa reconocer que los ciudadanos participan en la vida política desde horizontes de sentido diversos y que la deliberación democrática debe articularse como un proceso inclusivo. La modernidad política en crisis, lejos de haber clausurado la cuestión religiosa, se enfrenta hoy al desafío de integrarla de manera reflexiva y crítica.
En última instancia, el debate contemporáneo sobre religión y espacio público no gira en torno a la supervivencia de las creencias, sino en torno a la capacidad de las democracias para gestionar la pluralidad sin recurrir a jerarquías excluyentes. La propuesta postsecular de Habermas y la correlación fe-razón defendida por Ratzinger convergen en un punto esencial: la racionalidad política del siglo XXI debe ser lo suficientemente amplia como para incorporar las distintas fuentes de sentido que configuran la experiencia humana.
Uno de los debates más decisivos de la modernidad tardía es el relativo al lugar de la religión en la esfera pública. Durante décadas, una parte significativa del pensamiento secularista sostuvo que la modernización implicaría inevitablemente la desaparición o relegación de la religión al ámbito estrictamente privado. Sin embargo, la evolución de la reflexión filosófica contemporánea —y particularmente la de Jürgen Habermas— ha demostrado que esta expectativa no solo fue prematura, sino también conceptualmente deficiente.
La tesis central que hoy emerge con claridad es que la democracia liberal no puede sostenerse sobre una exclusión estructural de las cosmovisiones religiosas sin comprometer su propia legitimidad normativa. La igualdad entre perspectivas religiosas y seculares no es una concesión cultural ni una mera estrategia pragmática, sino una exigencia intrínseca del pluralismo democrático.
La esfera pública moderna se define por la deliberación racional entre ciudadanos libres e iguales. Si este principio es tomado en serio, resulta incoherente establecer jerarquías previas entre las fuentes de sentido desde las cuales los ciudadanos articulan sus convicciones. Exigir que las cosmovisiones religiosas renuncien a su identidad o se disuelvan en un lenguaje previamente homologado por el secularismo implica introducir una asimetría que contradice el ideal de igualdad cívica.
Habermas desarrolló este pensamiento a partir de los años 90 del siglo pasado, equiparando las exigencias de todo tipo, también de lenguaje, no solo a la concepción religiosa, sino también a la secular, bajo el principio de que esta segunda no podía tener la pretensión de hablar desde una supremacía incompatible con la democracia.
La contribución de las tradiciones religiosas al desarrollo histórico de las nociones de dignidad humana, solidaridad y responsabilidad moral es difícilmente discutible. Estas tradiciones han sido, y continúan siendo, depósitos semánticos de intuiciones éticas que no se generan espontáneamente en sistemas sociales regidos por la lógica instrumental o la racionalidad técnico-económica.
Pretender que el espacio público pueda prescindir de tales recursos equivale a debilitar las motivaciones culturales que sostienen el compromiso ciudadano con la justicia. Y este es uno de los principales argumentos que utiliza Habermas, que valida la aportación religiosa al debate político a pesar de su ateísmo.
Reconocer la persistencia y legitimidad pública de la religión implica aceptar que la razón moderna no es autosuficiente. La racionalidad comunicativa, para operar eficazmente, requiere nutrirse de tradiciones culturales que proporcionen horizontes de significado y motivación moral. La religión, en este marco, no es un residuo arcaico, sino un interlocutor necesario. Esta fue una de las tesis del cardenal Ratzinger antes de su elección como Papa en su debate con Habermas.
El problema surge cuando determinadas posiciones secularistas se arrogan una supuesta superioridad intelectual desde la cual juzgan a la religión como forma inferior de conocimiento o como simple fenómeno psicológico o sociológico. Esta actitud, lejos de constituir una expresión de racionalidad crítica, reproduce una forma de dogmatismo inverso: el fundamentalismo de la razón autosuficiente. Tal postura no solo empobrece el debate público, sino que dificulta la construcción de consensos normativos en sociedades profundamente plurales.
La igualdad entre cosmovisiones no implica, por supuesto, la confusión entre religión y política ni la renuncia al principio de neutralidad del Estado. Significa, más bien, que las convicciones religiosas pueden participar en el proceso deliberativo en condiciones de reciprocidad, siempre que estén dispuestas a traducir sus intuiciones morales a un lenguaje accesible a todos.
Esta exigencia, sin embargo, debe ser simétrica: los ciudadanos seculares también están llamados a reconocer el potencial cognitivo de las tradiciones religiosas y a entablar con ellas un diálogo genuino. Es decir, se trata de expresar sus categorías no desde la fe, sino desde la cultura; más exactamente, la cultura cristiana, cuyas aplicaciones solo requieren de la valoración racional para ser asumidas. Por eso resulta tan interesante la aportación reciente de la Corriente Social Cristiana, un movimiento social y político no confesional basado en la cultura y el pensamiento social cristiano.
Resulta una muestra de debilidad intelectual que sectores de la izquierda intelectual que hoy reivindican el pensamiento de Habermas lo hagan desde una lectura anclada en sus formulaciones de los años ochenta, ignorando la evolución posterior de su pensamiento.
El Habermas maduro reconoce la necesidad de una correlación crítica entre fe y razón, donde ambas instancias se purifican mutuamente. Reducir su aportación a un esquema de confrontación entre religión y modernidad implica desatender precisamente aquello que constituye su mayor contribución: la propuesta de una racionalidad ampliada capaz de integrar dimensiones éticas y metafísicas sin caer en fundamentalismos.
Este fenómeno revela una instrumentalización ideológica de las tradiciones intelectuales. En lugar de asumir la complejidad del desarrollo histórico del pensamiento, se seleccionan fragmentos que permiten reforzar narrativas preexistentes. Así, el debate contemporáneo sobre religión y espacio público corre el riesgo de quedar atrapado entre un secularismo excluyente y un confesionalismo defensivo, cuando lo que se requiere es una concepción verdaderamente pluralista de la esfera pública.
La democracia del siglo XXI necesita ciudadanos capaces de deliberar desde identidades diversas sin pretender imponer jerarquías epistémicas absolutas. La igualdad entre cosmovisiones religiosas y seculares constituye, en este sentido, una condición para la convivencia en sociedades culturalmente heterogéneas.
Negar esta igualdad no solo es injusto desde el punto de vista normativo, sino también imprudente desde el punto de vista político: una esfera pública que excluye fuentes significativas de motivación moral termina erosionando su propia base de legitimidad. Y esto es lo que ha venido sucediendo en España y en parte de Europa hasta desencadenar una crisis de lo político, que se manifiesta en su descrédito, enfrentamiento, polarización y, en último término, inutilidad.
La cuestión es si estamos dispuestos a concebir una racionalidad política suficientemente amplia como para integrar la pluralidad de fuentes de sentido que configuran la experiencia humana.
El verdadero pluralismo exige igualdad entre cosmovisiones religiosas y seculares en la esfera pública. #Habermas Compartir en X
