La Ley de eutanasia es “una grave amenaza para los mayores”, según 160 profesores de Derecho

La Ley de eutanasia que está a punto de ser aprobada por el Gobierno de PSOE y Podemos ha tenido, entre una las críticas de los opositores a su aprobación el procedimiento que ha seguido: aprovechando una situación de crisis sanitaria y eludiendo el debate social.

A pesar de ese interés por parte de sus promotores, han sido numerosos los colectivos de profesionales que se han manifestado contrarios a una norma que pone en mayor riesgo a las personas en momentos de mayor vulnerabilidad de sus vidas.

Así, colectivos de enfermeras, colegios de médicos, grupos de bioética, organizaciones y asociaciones han expresado su disconformidad con la norma. Ahora, es el turno de los abogados.

Y es que 162 catedráticos, profesores de Derecho y académicos de Legislación y Jurisprudencia han presentado ante el Congreso de los Diputados una Declaración Pública que la que piden la retirada de la Ley de la Eutanasia porque consideran que constituye “una grave amenaza a la seguridad de los mayores y enfermos”, según informa Europa Press.

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“Hacemos un llamamiento público para que se retire esta iniciativa legislativa por entender que, envuelta en equívocas palabras y pulsiones emotivas circunstanciales, constituye una grave amenaza a la seguridad de los más mayores y enfermos de nuestra sociedad y es contraria a la dignidad de la persona humana”, se puede leer en el texto.

Los académicos representan a 37 universidades españolas y consideran la ley de Eutanasia contraria a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Española y el Derecho Internacional de los derechos humanos.

En concreto, afirman que la proposición de Ley “es contraria a los artículos 10, 14, 15, 43.1, 49 y 50 de la Constitución Española que protegen la dignidad de la persona y sus derechos irrenunciables a la igualdad y no discriminación, a la conservación de la propia vida y a la protección de la salud aun cuando pueda encontrarse reducida, y especialmente cuando se trata de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos o de ciudadanos en su tercera edad”.

Los académicos y  juristas afirman que “lo ocurrido estos meses atrás”, durante la pandemia del Covid-19, “ha evidenciado especialmente el deber de volcar el mayor empeño en el cuidado y la atención de los más vulnerables y de velar, sin restricción alguna por su vida”.

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