Han pasado ya casi 10 años, fue en 2009 cuando el PP presentó su recurso contra la Ley del aborto que aprobó el Ejecutivo socialista del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Desde entonces la petición lleva 25 veces más tiempo que la media guardada en el cajón. Es sabido que las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) son lentas, pero, ¿se podría estar hablando de dejadez de funciones? ¿No existe un presunto delito de prevaricación?
El recurso ya es el escrito que más tiempo ha llevado resolver: 3.430 días. Pero es que, además, no parece que el Alto tribunal tenga intención de abordar el asunto en un corto plazo.
El magistrado conservador Andrés Ollero, exdiputado del PP y conocido por sus estudios contrarios al aborto, elaboró una ponencia de sentencia, pero esta nunca se ha llevado al pleno ante la falta de consenso que suscita entre los componentes del Constitucional.
De hecho, Francisco Pérez de los Cobos, quien fue presidente del tribunal de garantías entre 2013 y 2017, explicó que él tenía la intención de hacerlo, pero que la victoria del PP en las elecciones de 2011 —a las que se presentó con la promesa de modificar la ley del aborto de los socialistas— le frenó: «Consulté al pleno y se entendió que, si se aprobaba la reforma que estaba anunciada, el recurso iba a perder sentido. Y, por consiguiente, era mejor aguardar«. Desde entonces, la espera sigue.
La Ley del aborto generó controversia
En aquel entonces, cuando el PP lideraba la oposición a esta Ley del aborto, no estaba solo. También Unión del Pueblo Navarro se sumó como Gobierno entonces en el poder de la Comunidad, pero se echó atrás con la llegada al poder de Uxue Barcos de Geroa Bai a la presidencia.
Según los datos del alto tribunal difundidos este viernes a través de su portal de transparencia, actualmente hay 35 recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver. De ellos, 31 se han presentado en los tres últimos años. Los cuatro restantes son el del aborto, de 2010; dos tramitados contra la ley mordaza (uno del PSOE y otro del Parlament) y otro contra la reforma del Código Penal del PP (también de los socialistas), todos ellos de 2015.
