“¿Hemos perdido el sentido común?”, médicos contra la eutanasia

eutanasia
Política

Nancy Russell era una anciana de 90 años que vivía en una residencia con un aceptable estado de salud. Sufrió un confinamiento de dos semanas en su habitación a causa de la pandemia, sin poder salir ni mantener las relaciones sociales que le daban estímulo y la alegría de la vida. Para ella el contacto con la gente era el oxígeno. No quería vivir así y no soportaba pensar en repetir una experiencia similar. Solicitó la eutanasia, legalizada en su país; un primer médico se negó, pero no tardó en encontrar a otro que accediera a suministrarle una inyección letal falleciendo así el pasado 20 de octubre en Toronto. Su hija declaró a los medios llena de comprensión[1]: “Pudo elegir una muerte pacífica, sin dolor y evitar el gran miedo que para ella era soportar el invierno y los encierros”. También en Canadá, el ombudsman (defensor de la violación de los derechos humanos) del sistema penitenciario, Ivan Zinger ha pedido un poco de reflexión después de tres casos de eutanasia aplicados en las prisiones, a petición de internos sin esperanza. En España, quienes promueven la ley de eutanasia ya han pedido su acceso hasta los 16 años, cuando actualmente el suicidio es la primera causa de muerte en los jóvenes. Son tres pinceladas que ponen en evidencia el esperpento que desencadena una ley que permite quitar la vida a quien lo solicita con un poco de insistencia. No son opiniones, son hechos.

Nuestro Parlamento está a punto de aprobar la legalización de la eutanasia, con una polémica que nos obliga a todos a posicionarnos a favor o en contra. Sin embargo, resulta chocante que se esté eludiendo otro debate, quizás más objetivo, próximo y actual como es la situación que estamos padeciendo como consecuencia de la pandemia, que ha generado en la sociedad española una deuda moral, sobre todo con los miles de ancianos que han muerto y lo siguen haciendo en situaciones de soledad en nuestras residencias, sin que sus familias dispongan de información ni de respuestas convincentes para este trauma.

¿No sería más apropiado que nuestros políticos se pararan a reflexionar intentando dar respuestas a tantas y tantas personas que viven estas situaciones? ¿Qué mensaje quieren enviar nuestros parlamentarios a los ancianos españoles aprobando ahora una ley de eutanasia?

Sin duda alguna, el escenario que tenemos es razón más que suficiente para reconsiderar la actual agenda legislativa. ¿Cuánto tiempo han dedicado en el Congreso de los Diputados a discutir acerca del fracaso de nuestro modelo socio-sanitario y a estudiar y plantear una reforma del modelo de las residencias de ancianos? Con este “debe” tan importante a la vez que acuciante y con esta falta de autocrítica se pretende aprobar a toda prisa una ley de eutanasia en pleno confinamiento, sin la debida, oportuna, necesaria y obligada participación de los profesionales, y secuestrando un debate social que hasta ahora siempre se había defendido como imprescindible.

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Los autores de este artículo ocupan o han ocupado puestos en organizaciones médicas, pero lo firman a título individual, opinando con el aval de la experiencia profesional acumulada tras muchos años de haber atendido a miles de pacientes. Y, por qué negarlo, tras esta experiencia también hemos atendido a personas a quienes el sufrimiento ha llevado a expresar su petición de acelerar la muerte y de acabar con el sufrimiento. Sin embargo, todos nosotros compartimos la experiencia de que, tras prestar una atención paliativa de calidad la gran mayoría han revertido su petición, aceptando una muerte en paz y sin dolor, sin adelantar ni retrasar lo que es inevitable.

Estamos convencidos, y por ello defendemos que, por supuesto, la medicina debe aliviar el sufrimiento con toda la energía posible, pero nunca debe causar ni provocar la muerte de manera intencionada.

Ya existe el derecho del paciente a renunciar a un determinado tratamiento y el deber del médico de paliar el dolor y el sufrimiento, utilizando la sedación cuando está indicada y por ello considerada como un verdadero acto médico. Sin embargo, entendemos que legalizar la eutanasia, como se pretende ahora, va a generar una herida social difícil de reparar, porque se traspasa una línea roja que, lejos de suponer un progreso social, lanza un mensaje que puede acabar chantajeando a los más vulnerables.

Por ello, consideramos que esta Legislatura no debería tramitar una ley de eutanasia, sin haber garantizado antes unos buenos Cuidados Paliativos, generalizados a toda la población, algo que actualmente está muy lejos de ser una realidad. La estética es desgarradora y las consecuencias para la relación clínica médico-paciente será muy negativa.

7 de diciembre de 2020

Marcos Gómez Sancho (Las Palmas de Gran Canaria. Canarias). José Mª Borrel Martínez (Huesca. Aragón). Daniel Ramos Pollo (Valladolid. Castilla y León). Enric Benito i Oliver (Mallorca. Illes Balears). María de los Angeles Sotto Claude (Madrid. Comunidad de Madrid). Jesús Sánchez Echaniz (Bilbao. País Vasco). Joaquín Fernández Crehuet. (Málaga. Andalucía). María Castellano Arroyo (Granada. Andalucía). Juan Viñas Salas (Lleida. Cataluña). Claudio Navarro Cañadas (Valladolid. Castilla y León). Francisco Barón Duarte (A Coruña. Galicia). Francisco J. Vaz Leal (Badajoz. Extremadura). Ismael Sánchez Hernández (Teruel. Aragón). Enrique Villanueva Cañadas (Granada. Andalucía). Rogelio Altisent Trota (Zaragoza. Aragón). Jacinto Bátiz Cantera (Bilbao. País Vasco). Mariano Casado Blanco (Badajoz. Extremadura). Carmen Francisco López (Cádiz. Andalucía). Luis Ciprés Casasnovas (Teruel. Aragón). Álvaro Gándara del Castillo (Madrid. Comunidad de Madrid). Felicidad Rodríguez Sánchez (Cádiz. Andalucía). Concepción Ferrer Novellas (Zaragoza. Aragón). María Teresa Vidal Candela (Alicante. Comunitat Valenciana). Jaime Boceta Osuna (Sevilla. Andalucía). Carlos Centeno Cortés. (Pamplona. Comunidad Foral de Navarra). Pedro Hidalgo Fernández (Badajoz. Extremadura). José Antonio Herranz Martínez (Castellón. Comunitat Valenciana). Javier Rocafort Gil (Madrid. Comunidad de Madrid) José María Domínguez Roldán (Sevilla. Andalucía). Josep Porta i Sales (Vic. Cataluña). Miguel Ángel Cuervo Pinna (Badajoz. Extremadura). Pilar Martínez García (Cádiz. Andalucía). Alberto Noriega Ortíz (Santander. Cantabria). Aurelio Luna Maldonado (Murcia. Región de Murcia).

[1] https://www.ctvnews.ca/health/facing-another-retirement-home-lockdown-90-year-old-chooses-medically-assisted-death-1.5197140.

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