Ocho años de poder no son un paréntesis político. Son tiempo suficiente para transformar un país, modificar sus instituciones, alterar sus prioridades y condicionar el futuro de una generación. También para que los errores dejen de ser atribuibles al pasado y se conviertan en responsabilidades propias.
Pedro Sánchez gobierna desde junio de 2018. Ahora, ante las elecciones generales del 29 de noviembre, existe una pregunta que debería preceder a cualquier promesa electoral: ¿qué España hemos recibido de estos ocho años y qué España heredarán nuestros hijos?
No basta con examinar la economía. Un país no se mide únicamente por lo que produce, sino también por cómo vive, cómo educa, cómo protege a los más débiles y qué concepción de la persona inspira sus leyes.
La economía crece, pero ¿prosperan las familias?
El Gobierno exhibe el crecimiento del PIB y el empleo. Son resultados que deben reconocerse. Pero ¿cuánto ha aumentado realmente el poder adquisitivo? ¿Qué parte del crecimiento procede de una mayor productividad y cuál del aumento de población y trabajadores?
¿Por qué tantos jóvenes con empleo no pueden acceder a una vivienda? ¿Por qué formar una familia y tener hijos se ha convertido en una empresa económicamente tan difícil?
La crisis de la vivienda no es solamente inmobiliaria. Es también una crisis de emancipación, matrimonio, natalidad y expectativas de futuro.
¿De qué sirve proclamar una prosperidad creciente si resulta cada vez más difícil construir un proyecto familiar?
La familia y los hijos: ¿una prioridad o los grandes olvidados?
España atraviesa una profunda crisis demográfica. La cuestión no se limita a cuántos niños nacen. Importa también cuántas personas desearían tener hijos y encuentran obstáculos económicos, laborales y residenciales que se lo impiden.
¿Qué políticas familiares ha desarrollado realmente el Gobierno? ¿Cómo ha protegido el matrimonio, la estabilidad familiar, la maternidad y la conciliación? ¿Qué lugar ocupa la familia en sus prioridades presupuestarias?
Y una pregunta todavía más importante: ¿ha gobernado para fortalecer los vínculos familiares o para sustituir su protagonismo por una dependencia creciente del Estado?
Aborto y eutanasia: las decisiones que definen una civilización
Hay políticas cuyos efectos van mucho más allá de una legislatura.
La reforma del aborto de 2023 eliminó el plazo obligatorio de reflexión, suprimió la entrega preceptiva de información sobre ayudas a la maternidad y permitió abortar a partir de los 16 años sin consentimiento paterno. La eutanasia fue legalizada en 2021.
Son decisiones que expresan una determinada concepción de la vida humana, la autonomía personal y las responsabilidades del Estado.
¿Hasta qué punto el poder público ha pasado de permitir legalmente el aborto a favorecerlo institucionalmente? ¿Qué recursos se destinan a ofrecer alternativas reales a las mujeres embarazadas? ¿Y cuál ha sido el desarrollo efectivo de los cuidados paliativos frente a la nueva prestación eutanásica?
Una sociedad se define también por aquello que protege y por aquello que considera disponible.
La escuela: ¿educación o transformación ideológica?
La educación constituye otra gran cuestión.
Los resultados PISA 2025 sitúan a España por debajo de la media de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias. Pero el problema no se agota en los resultados académicos.
¿Qué ha sucedido con la libertad educativa, la enseñanza concertada y el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos?
¿Dónde termina la legítima educación para el respeto y empieza el adoctrinamiento cuando determinadas concepciones de la sexualidad, la identidad y el género se incorporan a los programas escolares?
¿Qué papel ha desempeñado el feminismo de género en la legislación y las políticas públicas? ¿Se respeta realmente el pluralismo de convicciones?
La pregunta: ¿la escuela está al servicio de los hijos y de sus familias o de los proyectos culturales del poder político?
Infraestructuras, servicios públicos y responsabilidades
También examinaremos el deterioro ferroviario, las dos catástrofes de 2026, la dimisión de Óscar Puente, los problemas de Cercanías, la respuesta a las grandes emergencias y las deficiencias de servicios esenciales.
Y junto a ello, la calidad institucional: presupuestos estatales prorrogados desde 2023, uso del decreto ley, corrupción en el entorno gubernamental y debilitamiento del control parlamentario.
¿Por qué resulta tan difícil exigir responsabilidades políticas? ¿Qué ocurre cuando el relato del Gobierno pesa más que sus resultados?
La herencia de Sánchez
El balance de Sánchez exige relacionar economía y bienestar, políticas sociales y familia, legislación y valores, poder y responsabilidad.
Porque puede existir crecimiento económico mientras se debilitan las condiciones de una vida familiar estable; pueden multiplicarse los derechos proclamados mientras se deterioran libertades fundamentales; y puede hablarse incesantemente de progreso mientras se acumulan problemas que pagarán las generaciones futuras.
No se trata simplemente de determinar qué ha hecho Sánchez, sino qué consecuencias deja y cuáles serán difíciles de revertir.
Sesión de análisis político
Con este propósito celebraremos una sesión de análisis político abierta a quienes deseen comprender, más allá de los eslóganes, la verdadera dimensión de estos ocho años.
