Parece que los comentaristas políticos, muchos ciudadanos e incluso los partidos (¡incluso el PSOE!) dan cada vez por más seguro que en las próximas elecciones habrá un cambio en el equilibrio de fuerzas parlamentarias y, consiguientemente, en el Gobierno. Si bien convendría no olvidar que lo mismo se daba por hecho en 2023, con el resultado que conocemos, esta posibilidad parece más cercana cada vez.
Existe, evidentemente, el riesgo de que no se materialice, pero existe algo casi peor: el riesgo de que se materialice y no se aproveche la oportunidad.
La derecha sociológica parece obcecada en desalojar a Pedro Sánchez de Moncloa, y asume que con ese solo cambio se resolverán todos los males que ahora aquejan a España. Sin embargo, podría cambiar Pedro Sánchez, podría incluso llegar la derecha sociológica (o la indefinición política, con apoyo de la derecha sociológica), y que no sirviera para nada. Pues el problema no es solo Pedro Sánchez.
El problema es un presidente del Tribunal Constitucional que no ejerce de control al poder, sino de correa de transmisión de las ideologías de partido. El problema es una Fiscalía General del Estado infestada por amigotes de un condenado en sede penal y una cuyos nombramientos han sido reiteradamente anulados en sede contencioso-administrativa. El problema es un Defensor del Pueblo que calló cuando encerraron a millones de españoles en sus casas de forma absoluta y manifiestamente inconstitucional, y se dedica a investigar abusos en la Iglesia[1].
El problema son unos altos funcionarios que cada vez más aceptan lo que antes jamás habrían permitido: informes favorables para auténticas barrabasadas, como todas las modificaciones presupuestarias que están permitiendo a un Gobierno sin presupuestos hacer lo que le da la gana. El problema es un pueblo que ha aceptado que las instituciones son parcelas a repartir entre los partidos según les convenga, y no mandatarios de la soberanía nacional al servicio de todos.
En una palabra: el problema es un deterioro institucional y cultural manifiesto, acuciante y difícil (pero no imposiblemente) reversible, mucho más que desalojar a un individuo. Sobre esto se puede y debe actuar ya.
Es necesario denunciar el derribo de instituciones que, aun imperfectas, si funcionasen como deben, podrían contribuir a que España fuese más o menos funcional. Es fundamental recuperar una ejemplaridad pública y un decoro que se han perdido en esta política del zasca, el reel, el short y el relato.
Debemos aspirar a mucho más que a desalojar a Sánchez: debemos aspirar a hacer una España mejor en todos sus ámbitos.
[1] Del abandono en que nos tiene la jerarquía eclesiástica y su genuflexión podemos hablar otro día.
