En dos semanas, el 28 de abril, las Comunidades Autónomas están convocadas por el gobierno para negociar el reparto de 2.100 millones de euros. El objetivo es la puesta en marcha de todo un nuevo sistema de políticas activas de empleo para reducir el paro en sus respectivos territorios. El volumen presupuestario destinado a este fin supera los 3.500 millones de euros si se incluyen más de 1.100 millones con los que el Ministerio de Trabajo impulsará por su cuenta estas medidas, además de otros 258 millones para fomentar el empleo agrario.
Así lo han detallado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante la presentación de la propuesta para la Conferencia Sectorial en materia de políticas activas de empleo.
Entre las principales novedades Díaz ha explicado que el reparto de los fondos a las regiones estará condicionado al cumplimiento de una serie de objetivos y resultados, de forma que habrá “bonus positivos y negativos” y “cambia radicalmente el modelo”. En este sentido, ha indicado que hay “ejemplos” de CCAA que han desplegado buenas políticas de empleo y “otras que no”, por lo que se van a condicionar los recursos a resultados y hará una “evaluación permanente”, tanto a las regiones como al propio Ministerio de Trabajo de la que se encargará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
De esta forma, la AIREF evaluará desde este ejercicio el gasto público en programas de ocupación, formación e incentivos a la contratación para determinar la eficacia, es decir, qué está funcionando y qué no. La intención de Díaz es que el 45% de la financiación a las CCAA en esta materia esté condicionada a los resultados en el despliegue y ejecución de las políticas activas.
También ha señalado el desarrollo de una «gran plataforma común», un portal público de empleo en el que estén todas las acciones. Según ha matizado, es necesario «afrontar cambios de envergadura, tras más de cuarenta años de un diseño unívoco, en el que las PAE han operado de manera deficiente, con un sesgo pasivo, centrado en el desempleo, y en dirección contraria a lo que Europa nos pide, que ha cuestionado reiteradamente los índices de precariedad, temporalidad y rotación de nuestro mercado laboral.
En la misma rueda de prensa, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha indicado que las personas trabajadoras bajo un expediente de regulación temporal del empleo (Erte) serán objetivo prioritario del impulso formativo.
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