La legislación sueca sobre el aborto es una de las más terribles de Europa y ha permanecido casi inalterada desde su entrada en vigor en 1975.
Según la normativa vigente, las mujeres pueden interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 18 sin necesidad de justificar su decisión.
Sin embargo, a partir de la semana 18, la interrupción requiere la aprobación del National Board of Health and Welfare (NBHW), y solo es permitida bajo circunstancias específicas.
El acceso al aborto en Suecia es garantizado en hospitales generales y clínicas privadas aprobadas por el NBHW, y aunque se ofrece asesoramiento a las mujeres antes del procedimiento, este no es obligatorio.
Aborto químico
La legislación también permite el uso de métodos farmacológicos, con la prescripción de misoprostol y mifepristona, medicamentos registrados en la Swedish Medical Products Agency. En los casos de aborto farmacológico, las mujeres pueden interrumpir su embarazo hasta la semana 22, aunque la administración de la primera dosis de mifepristona debe realizarse en un centro médico.
Recientemente, el gobierno de centro-derecha sueco, conformado por los partidos populares, liberales y demócrata-cristianos, con el apoyo parlamentario de los conservadores de los Sweden Democrats, ha promovido una revisión de esta legislación.
Según el gobierno, las modificaciones propuestas buscan adaptar la ley a los avances médicos y fortalecer el supuesto derecho al aborto, permitiendo mayor autonomía a las mujeres que desean interrumpir su embarazo.
La propuesta más significativa es la eliminación de la obligatoriedad de recibir la primera dosis de la píldora abortiva en una clínica, lo que permitiría a las mujeres completar el procedimiento en sus hogares si así lo desean.
Inga-Maj Andersson, investigadora gubernamental y obstetra, explicó a Euractiv que estas modificaciones representan el mayor cambio en la legislación del aborto en los últimos 50 años.
Según su informe, en Suecia se realizan aproximadamente 35.000 abortos al año, de los cuales el 96% son farmacológicos.
Por esta razón, el ministro de Salud, Acko Ankarberg Johansson, defiende la necesidad de actualizar la legislación para garantizar que también las personas transmasculinas puedan acceder a estos procedimientos, en un esfuerzo por hacer la ley más inclusiva.
Además, se ha propuesto que las matronas tengan la facultad de prescribir la píldora abortiva, sin necesidad de que intervenga un médico, facilitando el acceso a las mujeres en zonas rurales o con dificultades de movilidad.
Con ello, más allá, de la atrocidad del aborto, el rol tradicional de las matronas, centrado en la atención del parto, se estaría desvirtuando si se les otorga la capacidad de prescribir medicamentos abortivos.
La discusión sobre la seguridad de los métodos farmacológicos también ha cobrado relevancia en el debate público. En Estados Unidos, el secretario del Departamento de Salud, Robert F. Kennedy Jr., alertó sobre los posibles riesgos del mifepristona y el misoprostol, citando informes de la FDA que vinculan estos fármacos con 32 muertes y más de 4.000 complicaciones graves en el periodo entre el 2000 y el 2022.
Asimismo, un estudio del Instituto Charlotte Lozier reveló que las visitas a urgencias por efectos adversos de la píldora abortiva aumentaron en un 500% entre 2002 y 2015.
Otro informe, publicado por la Universidad de Toronto en 2023, señala que
una de cada diez mujeres que optan por el aborto farmacológico requiere atención de emergencia.
A pesar de estas preocupaciones y de la terrible realidad del aborto, las reformas propuestas en Suecia buscan garantizar un acceso más fácil a este.
La discusión en el Parlamento será clave para definir el futuro de estas modificaciones.
