¿Migración o Invasión? La respuesta es, Agresión.
Cada vez que miles de personas intentan cruzar de forma coordinada la frontera de Ceuta o Melilla, el debate público vuelve a reducirse a una única palabra: migración.
Pero ¿y si ese no fuera el verdadero problema?
Porque una cosa es la inmigración —un fenómeno humano, económico y social que acompaña a la historia de la humanidad— y otra muy distinta la utilización deliberada de seres humanos como instrumento de presión política por parte de un Estado.
Cuando un gobierno permite, facilita o deja de controlar la salida masiva de miles de personas hacia la frontera de otro país para forzar decisiones diplomáticas o territoriales, ya no estamos simplemente ante un movimiento migratorio. Estamos ante una forma de coacción política que utiliza a personas vulnerables como si fueran piezas de un tablero geopolítico.
Y eso merece ser llamado por su nombre.
Las personas no son munición diplomática
La Doctrina Social de la Iglesia comienza siempre recordando la dignidad inviolable de toda persona humana. Precisamente por ello resulta moralmente inaceptable convertir a hombres, mujeres y niños en herramientas de presión internacional.
Quien instrumentaliza la desesperación de miles de personas para obtener ventajas políticas atenta contra esa dignidad mucho antes de que esas personas lleguen a la frontera. Y los primeros perjudicados son los propios inmigrantes.
El derecho de un Estado a proteger sus fronteras
Existe otra idea que con frecuencia se olvida. La Iglesia reconoce el derecho de las personas a buscar mejores condiciones de vida cuando las circunstancias lo exigen. Pero también reconoce que las autoridades civiles tienen el derecho y el deber de regular los flujos migratorios en función del bien común, de la seguridad y de la capacidad real de acogida.
No existe contradicción entre la caridad y el orden. La solidaridad no significa que un Estado deba renunciar a controlar sus fronteras, ni aceptar que otro país utilice la presión migratoria como instrumento diplomático. Proteger una frontera no equivale a despreciar al inmigrante, sino a cumplir una responsabilidad legítima hacia los propios ciudadanos y hacia el orden jurídico internacional.
Ceuta y Melilla no son una moneda de cambio
Ceuta y Melilla forman parte de España desde hace siglos (cientos de años antes de la fundación del Reino de Marruecos) y, con ello, del espacio político y jurídico europeo, por lo que cualquier intento de cuestionar su soberanía mediante la presión migratoria constituye un desafío que trasciende el ámbito bilateral.
Por eso sorprende, en ocasiones, la tibieza con la que buena parte de la comunidad internacional reacciona cuando se producen episodios de presión sobre estas ciudades. La defensa de las fronteras exteriores no debería depender del color político del gobierno afectado, sino del respeto al Derecho Internacional y a la soberanía de los Estados.
La verdadera solidaridad
La respuesta cristiana no consiste en abrir indiscriminadamente las fronteras ni en levantar muros de indiferencia. Consiste en distinguir entre la acogida de quien realmente necesita protección, el combate contra las mafias que trafican con seres humanos y la denuncia de aquellos gobiernos que utilizan la pobreza y la desesperación como arma política.
La solidaridad auténtica comienza precisamente evitando que las personas sean convertidas en instrumentos de poder.
España necesita serenidad… y firmeza
Responder con firmeza jurídica y diplomática frente a este tipo de situaciones no significa renunciar a la humanidad, significa defender el bien común. La caridad cristiana nunca puede convertirse en ingenuidad política. Ni el respeto a la dignidad humana puede obligar a aceptar que miles de personas sean utilizadas como mecanismo de presión sobre una nación soberana.
Porque el problema de Ceuta no comienza en la valla. Comienza mucho antes, cuando seres humanos son empujados deliberadamente hacia ella para servir a intereses que nada tienen que ver con su dignidad. Y precisamente por respeto a esa dignidad, Europa y España deberían rechazar con claridad cualquier intento de convertir la migración en un arma geopolítica.
Daniel Fernández
