El chico dice tener doce años. Nadie puede confirmarlo: no hay papeles, no hay huellas, no hay nadie que responda por él. Un legionario corpulento, con una porra larga en la mano, lo empuja hacia la valla, de vuelta a Marruecos. El chico llora, se resiste y termina abrazándose al soldado como quien se abraza a un padre. El legionario, por fin, cede. No tiene otra opción: la ley española prohíbe forzar el retorno de un menor contra su voluntad. La escena dura menos de un minuto. Ceuta lleva ya once días repitiéndola, de formas distintas, miles de veces.
Desde que, en la madrugada del 30 de julio y durante el día siguiente, más de 70.000 personas cruzaron la frontera de Fnideq —la mayoría regresó a Marruecos en las horas posteriores, «de forma presuntamente voluntaria», según la propia ministra de Juventud e Infancia—, la ciudad autónoma vive con una pregunta sin responder: cuántos menores se quedaron y dónde están.
No están en el centro de acogida, del que fueron expulsados por desbordamiento. Están en los barrios. En El Príncipe, sobre todo, la barriada más alta y pobre de la ciudad, adonde desemboca desde hace días un goteo constante de niños que duermen en los montes, en descampados o en las casas de vecinos que los han recogido por solidaridad o por parentesco lejano.
Nadie sabe cuántos son con certeza. El delegado del Gobierno en Ceuta calcula que quedan unas 2.500 personas, entre adultos y menores, pendientes de identificación o retorno. La Asociación de Vecinos de El Príncipe, que empezó a apuntar nombres, edades y teléfonos en folios sueltos guardados en cajas de cartón, llegó a contabilizar 4.860 menores solo en su barrio antes de verse obligada a detener el recuento.
«Esto es un caos —dice su presidente, Ahmed Enfed-Dal—. Siguen viniendo a pedir apuntarse».
La Policía Nacional, con criterios más estrictos, había identificado a 528 hasta el miércoles. El Gobierno ceutí decía atender a poco más de mil. La ministra Sira Rego, en su visita del viernes, elevó la cifra oficial de menores ya registrados y filiados a 1.342 y pidió prudencia: «Tenemos que ser muy rigurosos con las cifras».
Entre esas cifras que no coinciden hay niños reales que no comen todos los días.
Cruz Roja reparte una vez al día, y no alcanza: en una sola tarde llegó a distribuir más de 2.500 raciones de agua y comida sin cubrir la demanda. En El Príncipe, los comercios se quedaron sin pan y sin agua embotellada. Las familias del barrio cocinan cuscús y lentejas en ollas grandes para repartir entre quien pase.
No todos los que esperan en la fila son menores: hay marroquíes que no quisieron volver y, sobre todo, personas llegadas de países subsaharianos que se jugaron la vida en rutas donde ya han visto morir a otros y no están dispuestas a dar un paso atrás.
Solo las niñas cuentan con algo parecido a un refugio: alrededor de un centenar duerme en el colegio Reina Sofía, cedido de urgencia. Para el resto, los propios vecinos de El Príncipe han levantado esta semana, con sus propios recursos, una cubierta de lonas y colchonetas donde organizan turnos de vigilancia nocturna.
La razón no es solo el hacinamiento. Un juzgado de Ceuta investiga seis presuntas agresiones sexuales a personas migrantes desde la entrada masiva, la mayoría mujeres y niñas, y fuentes sanitarias hablan de más casos atendidos en el hospital de los que constan en denuncias formales. La Policía investiga, además, la violación de una niña migrante y otros posibles abusos ocurridos dentro de uno de los centros habilitados.
Son las cifras que ninguna administración ha querido dar en rueda de prensa.
Hasta el viernes 7 de agosto —ocho días después de la entrada masiva—, ningún miembro del Gobierno con competencias directas en infancia había pisado Ceuta. La visita de Sira Rego fue, según su propio ministerio, la primera. No trajo soluciones cerradas: anunció un plan de traslados a la Península mediante el mecanismo vinculante de la Ley de Extranjería, la reagrupación familiar para quienes puedan volver con sus padres y una partida de 25 millones de euros cuyo reparto exacto no se ha detallado.
El Gobierno quiere situar el foco en la distribución en la península porque eso exacerba las contradicciones de los gobiernos del PP y Vox. Pero, claro, para que esto sea posible, faltan muchos días. Primero hay que censarlos. Y el baile de cifras demuestra que no saben cuántos son ni parecen haber organizado nada.
Mientras tanto, ¿quién da comida, alojamiento, atención sanitaria e higiene a tantos miles de niños?
El Estado español, ciertamente, no.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasó por Ceuta al inicio de la crisis y calificó la llegada masiva de «ataque» a la integridad territorial de España. Después voló a La Mareta, su residencia oficial de vacaciones en Lanzarote, donde permanece desde los primeros días de agosto.
Mientras se recuperaban cadáveres del mar —82 cuerpos aguardan identificación en el Instituto de Medicina Legal— y crecía el registro de niños sin tutela en El Príncipe, el presidente compartió en sus redes una lista de canciones para el verano.
La prensa europea —The Times, The Telegraph, el alemán Bild— dedicó columnas enteras a esa combinación de imágenes: la playlist y la playa del Tarajal; las vacaciones y la fila de niños hambrientos.
El chico de doce años que se abrazó al legionario no sabe nada de listas de reproducción ni de reparto de competencias entre comunidades autónomas. Sabe que la valla no lo dejó volver y que, del otro lado, tampoco hay nadie esperándolo.
Duerme esta noche, en algún punto de El Príncipe, bajo una lona que unos vecinos compraron con su propio dinero porque el Estado, con toda su dimensión, no llegó a tiempo con una cama.
¿Cómo calificar a Sánchez, el de La Mareta y la playlist, en medio de miles de niños abandonados y cientos de muertos?
«Oiga, que esto es demagogia». Y tanto que lo es. Pero no mía.
Es la demagogia de los hechos, que constituyen una realidad tan exagerada que puede parecer falsa.
En Sánchez aparecen cada vez con más fuerza mecanismos de desconexión moral en los términos estudiados por Albert Bandura (moral disengagement), el psicólogo canadiense-estadounidense, profesor de la Universidad de Stanford y reconocido como uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX.
Bandura describió mecanismos mediante los cuales una persona puede neutralizar o eludir los frenos morales que normalmente regulan su conducta: la racionalización, la difusión de la responsabilidad, la minimización de las consecuencias, la justificación moral o la deshumanización de la víctima.
Este marco resulta especialmente útil cuando se analiza el comportamiento a nivel institucional u organizacional, y no solo individual, porque ayuda a explicar cómo personas sin rasgos psicopáticos clínicos pueden llegar a mostrar una indiferencia sistemática hacia víctimas vulnerables cuando el contexto institucional facilita esa desconexión.
Aquí aparece una cuestión: la posible convergencia entre determinados mecanismos de desconexión moral y ciertos rasgos de personalidad asociados a la llamada Tríada Oscura —narcisismo, maquiavelismo y psicopatía—, especialmente cuando se habla de cinismo, manipulación, frialdad emocional, falta de empatía o instrumentalización de los demás.
No se trata, por supuesto, de establecer un diagnóstico clínico de Pedro Sánchez. Eso sería absurdo. Se trata de otra cosa: de preguntarse qué rasgos de personalidad y qué mecanismos psicológicos permiten a un dirigente contemplar determinadas consecuencias humanas sin que parezcan alterar sustancialmente su conducta, su discurso o sus prioridades.
Ceuta muestra, a la vez, un grave problema geopolítico, la incapacidad del Estado español para responder con rapidez y eficacia, un escandaloso problema de inhumanidad y algo todavía más inquietante: despoja de todo subterfugio a los rasgos dominantes de la personalidad de quienes nos gobiernan.
Porque cuando la realidad se vuelve insoportable, la distancia entre el poder y sus víctimas deja de ser una abstracción.
Está ahí. En una fila de niños esperando comida. En una lona sobre el suelo.
En un chico de doce años abrazado a un legionario porque no quiere volver y tampoco tiene adónde ir.
Y mientras tanto, el presidente escucha música en La Mareta.
¿Es esto una prueba de insensibilidad?
No podemos saber qué ocurre en la conciencia de Pedro Sánchez. Pero sí podemos juzgar sus actos, sus prioridades y la distancia entre sus palabras y la realidad que tiene delante.
Y si esa distancia resulta tan visible cuando las víctimas son niños que duermen en una calle de Ceuta, cabe hacerse una pregunta:
¿Cómo será aquello que no vemos?
¿Qué ocurre cuando las víctimas no están delante de las cámaras, cuando son ciudadanos adultos, adversarios políticos, instituciones incómodas o personas que simplemente se sitúan al otro lado del poder?
Ceuta no demuestra quién es Pedro Sánchez en el interior de su conciencia.
Pero sí permite ver, sin demasiados disfraces, qué sucede cuando el poder se encuentra frente al sufrimiento humano.
Y eso debería bastarnos para juzgarlo.
La realidad puede ser tan exagerada que parezca demagogia. Ceuta es hoy uno de esos casos: menores desatendidos, vecinos improvisando refugios y un Estado que no llega. #Ceuta #España Compartir en X
