Primero fue una agresión contra la integridad territorial de España. Así la llamó Pedro Sánchez. Después se convirtió en una entrada migratoria masiva. Ahora ya es algo peor: una catástrofe humanitaria.
No cayó del cielo. No fue inevitable. La causaron la imprevisión, la pasividad y la incapacidad del Gobierno español.
Ceuta tiene unos 80.000 habitantes. No puede recibir de golpe a miles de personas necesitadas de alojamiento, alimentos, asistencia sanitaria y protección sin que su vida cotidiana quede gravemente alterada. Los servicios públicos se tensan. La seguridad se debilita. Las calles cambian. El miedo aparece.
Los ceutíes no son culpables de nada. No puede exigírseles que carguen solos con las consecuencias de una crisis internacional que el Estado no supo prevenir ni ha sabido gobernar.
Pero tampoco son culpables quienes cruzaron la frontera.
Los menores viven en condiciones indignas. Les faltan alimentos, higiene, atención médica y seguridad. Los adultos padecen también el abandono. Entre ellos, los subsaharianos se encuentran en la peor situación. Muchos difícilmente podrán ser devueltos a Marruecos. Permanecen sin agua suficiente, sin comida regular y sin un lugar adecuado donde dormir o atender las necesidades más elementales.
Cada una de estas personas posee una dignidad que no depende de su nacionalidad ni de su situación administrativa. Para un cristiano, no son una masa. No son una cifra. En cada una de ellas existe un rostro concreto y una vida creada a imagen de Dios.
Pero la caridad cristiana no consiste en proclamar buenos sentimientos mientras se permite que el desorden destruya a quienes llegan y a quienes los reciben. La caridad exige verdad, prudencia, justicia y responsabilidad. Una compasión sin gobierno termina fabricando más sufrimiento.
Eso es lo ocurrido en Ceuta.
La crisis comenzó el 30 de julio. El Gobierno dejó pasar los días. Solo el 17 de agosto anunció la habilitación de 1.500 plazas. Son claramente insuficientes para atender al número real de personas que necesitan ayuda.
Durante ese tiempo, Pedro Sánchez permaneció de vacaciones.
Los militares, los guardias civiles y los policías nacionales vieron suspendidos o limitados sus permisos. Cumplieron con su deber. Estuvieron donde debían estar. Sin embargo, el presidente del Gobierno, primer servidor del Estado y máximo responsable político, no interrumpió su descanso en una residencia oficial.
No es una anécdota. Es un escándalo moral.
Gobernar no significa ocupar el poder cuando todo marcha bien y desaparecer cuando llega la adversidad. El poder solo se justifica por el servicio. Cuanto mayor es el cargo, mayor es la obligación. Esta idea elemental, profundamente cristiana, parece haber desaparecido de la política española.
Ante la evidencia del desastre, el Gobierno buscó un culpable. Señaló a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Alegó que posee competencias en sanidad, atención a menores y otros servicios.
Es una excusa.
Esas competencias están financiadas y organizadas para atender a la población habitual de la ciudad. Lo sucedido no fue un pequeño aumento de la demanda. Fue una avalancha. En pocos días, Ceuta tuvo que atender a una población necesitada equivalente a cerca del diez por ciento de sus habitantes.
Ninguna comunidad autónoma puede absorber por sí sola un impacto semejante. Mucho menos una ciudad pequeña, aislada geográficamente y sometida a una presión fronteriza permanente. No dispone de los edificios, el personal ni el dinero necesarios para improvisar una respuesta de esas dimensiones.
Precisamente para eso existe el Estado.
El Estado posee recursos, capacidad diplomática, fuerzas de seguridad, medios logísticos y presupuesto. Puede coordinar traslados y distribuir esfuerzos entre territorios. Puede reclamar la colaboración europea. Puede exigir responsabilidades a Marruecos.
Pero el Gobierno desertó.
Lo hizo porque era agosto y porque en la España oficial parece haberse aceptado que las obligaciones públicas también se van de vacaciones. Pero puede haber otra razón. La desconcertante debilidad de Pedro Sánchez ante Marruecos sigue sin recibir una explicación convincente.
Sobre ella pesa el episodio del posible espionaje de los teléfonos del presidente y de varios ministros mediante el programa Pegasus. No sabemos qué información se obtuvo. Ni siquiera conocemos con certeza todas las circunstancias. Lo que sí vemos es una política marcada por las concesiones, los silencios y una docilidad difícil de comprender.
España y Europa no pueden continuar mirando hacia otro lado. No pueden hacerlo por razones de soberanía y seguridad. Tampoco por un deber elemental de humanidad.
El orden sin compasión puede ser cruel. La compasión sin orden acaba siendo igualmente cruel. El Gobierno español ha conseguido que Ceuta padezca las dos ausencias: no ha garantizado el orden ni ha organizado una verdadera acogida humanitaria.
Cuando la crisis termine, si termina, quedará una herida profunda. La llevarán los ceutíes que se sintieron abandonados. La llevarán los menores que durmieron sin protección. La llevarán los inmigrantes tratados como una masa prescindible.
Y quedará también una responsabilidad política que ninguna campaña de propaganda debería borrar: cuando Ceuta necesitó al Estado, el Estado no estuvo allí.
Ceuta necesitó al Estado. El Estado no estuvo allí. La imprevisión convirtió una crisis fronteriza en una catástrofe humanitaria. #Ceuta #Inmigración Compartir en X
