Italia ha plantado cara a un fenómeno globalmente controvertido y moralmente reprobable, como son los vientres de alquiler, práctica mal llamada «gestación subrogada». En un movimiento decidido y valiente, el Gobierno italiano liderado por la primera ministra Giorgia Meloni ha aprobado la Ley Varchi, que convierte esta práctica en un «delito universal», con penas de prisión de entre tres meses y dos años y multas de hasta un millón de euros y que acaba con el comercio de vidas humanas.
La norma, impulsada por el partido de Meloni, Hermanos de Italia, y aprobada con 166 votos a favor frente a 109 en contra y cuatro abstenciones, viene a poner coto a un mercado donde seres humanos son tratados como mercancía y se convierten en parte de transacciones comerciales. Al estilo de la esclavitud, los vientres de alquiler cosifican a las personas, despojándolas de su dignidad y esencia humana.
«La maternidad es única, insustituible, no subrogable», ha afirmado la diputada Carolina Varchi, impulsora de la ley que lleva su nombre. Con esta normativa, Varchi asegura que «ningún niño será discriminado, ni comprado por ricos ordenantes». Estas palabras encapsulan la esencia de la Ley Varchi: una medida que salvaguarda la dignidad de las madres y los niños, devolviendo la humanidad a una relación que ha sido desvirtuada por el comercio de vidas humanas.
La nueva legislación va más allá de la prohibición ya existente en Italia, permitiendo perseguir también a los ciudadanos italianos que recurran a los vientres de alquiler en otro país donde sea legal. Así, Italia toma un posicionamiento valiente y firme, reafirmando sus valores y respeto por la vida humana.
Algunos grupos han acusado al Gobierno de Meloni de ser homófobo y de atacar a las familias LGBTI, argumentando que la ley ha sido diseñada en contra de ellos. Sin embargo, estas acusaciones carecen de fundamento, ya que la ley no discrimina entre parejas heterosexuales y homosexuales. En realidad, busca proteger la dignidad y los derechos de todas las personas involucradas en el proceso de gestación subrogada, especialmente los niños, quienes son las víctimas más vulnerables de esta práctica comercial.
La decisión de Meloni y su Gobierno de luchar contra este moderno comercio de vidas humanas es un paso en la dirección correcta. Es una afirmación poderosa y necesaria de que la dignidad humana y los derechos fundamentales no pueden ser comprados y vendidos. Esta legislación es un mensaje para el mundo: la vida humana es invaluable y cada persona tiene derecho a su propia dignidad y a no ser tratada como una mercancía.
En un mundo donde se compran y venden vidas humanas bajo la excusa de la libertad de elección, es alentador ver a un país tomando medidas valientes para proteger la dignidad y los derechos humanos.
