En una acción sin precedentes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda contra el estado de Washington por una nueva ley que exige a los sacerdotes denunciar casos de abuso infantil incluso si estos fueron revelados durante la confesión.
Esta normativa, firmada el pasado 3 de mayo por el gobernador demócrata Bob Ferguson, ha desatado una ola de críticas por parte de comunidades católicas y ortodoxas que consideran que la ley atenta directamente contra la libertad religiosa.
Una ley que amenaza el sacramento de la confesión
La ley firmada por Ferguson obliga a los sacerdotes a reportar a las autoridades cualquier confesión relacionada con abuso infantil.
Esta exigencia entra en conflicto directo con uno de los preceptos más sagrados de la Iglesia católica: el sello sacramental de la confesión.
Según el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 1467), “el sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar el secreto absoluto de los pecados revelados, sin excepción alguna, bajo pena de excomunión automática”.
Este principio, compartido también por las Iglesias ortodoxas, no es simplemente una norma interna: es una obligación sagrada que define la integridad del sacramento. Canon 1382 del Código de Derecho Canónico establece que cualquier sacerdote que viole este sello incurre en excomunión latae sententiae, es decir, automática.
La reacción del Departamento de Justicia
En un comunicado oficial emitido el 23 de junio, el DOJ manifestó que esta ley “viola el libre ejercicio de la religión de todos los católicos” y exige a los sacerdotes actuar en contra de su fe.
Harmeet K. Dhillon, Fiscal Adjunta de la División de Derechos Civiles, declaró: “Las leyes que apuntan directamente a prácticas religiosas como el sacramento de la confesión no tienen cabida en una sociedad libre”.
Esta declaración refuerza la posición del gobierno federal en defensa del derecho a la libertad religiosa, incluso cuando se trata de temas tan delicados como la protección de menores.
Una comunidad unida en defensa del sacramento
Católicos y ortodoxos han unido fuerzas para impugnar esta ley en los tribunales. El pasado 16 de junio, varias iglesias ortodoxas de la región presentaron una demanda paralela citando su comprensión compartida del carácter inviolable del secreto confesional.
En su demanda, afirman que la legislación estatal los obliga a cometer un “delito canónico y un grave pecado” que podría incluso derivar en su expulsión del ministerio sacerdotal.
La Conferencia Episcopal Católica de Washington también ha expresado su rechazo, señalando que la ley no solo ignora la doctrina de la Iglesia, sino que también genera un precedente peligroso para otros estados y comunidades religiosas.
El gobernador Ferguson, quien se identifica públicamente como católico, ha defendido la ley en entrevistas locales. “Proteger a los niños es la prioridad”, afirmó. Aunque reconoce estar familiarizado con la confesión —“Mi tío fue sacerdote jesuita, he ido a confesarme”—, parece desconocer la gravedad que implica para un sacerdote romper el sigilo sacramental.
Una batalla legal con implicaciones nacionales
Este caso podría sentar un precedente legal de gran alcance en Estados Unidos.
Si la ley de Washington prevalece, otras legislaciones estatales podrían intentar regulaciones similares, lo cual pondría en riesgo no solo el sacramento de la confesión, sino también otros aspectos del ejercicio religioso protegido por la Constitución.
La Iglesia, junto a defensores de la libertad religiosa, se prepara para una batalla jurídica que definirá hasta dónde puede llegar el Estado en la regulación de las prácticas de fe.
