Un estado de Australia ha aprobado una ley que impone a los sacerdotes la obligación civil de denunciar los delitos de abuso infantil conocidos durante el Sacramento de la Confesión violando así el secreto de Confesión.
Esta ley, aprobada en el estado de Victoria es contraria y choca frontalmente con las estrictas normas de la Iglesia sobre el Sigilo Sacramental y amenaza a los sacerdotes con enfrentar penas de hasta tres años de prisión. En este sentido, los sacerdotes están llamado al martirio para no contravenir la naturaleza y razón de ser de la Iglesia.
«Lo más importante es enviar un mensaje de que la ley debe tomarse en serio, si las personas no la obedecen, las sanciones son muy significativas», afirmó, por su parte, el Primer Ministro de Victoria, Daniel Andrews.
También el estado de Tasmania aprobó una ley similar y, de manera similar a como lo ha anunciado repetidamente la Iglesia, el Arzobispo de Hobart, monseñor Julián Charles Porteous, advirtió que los sacerdote no pueden vulnerar el secreto de confesión a pesar de lo que determinen las normas civiles.
«Los sacerdotes y todos los que trabajan para la Iglesia entienden sus obligaciones ante la ley de informar sobre asuntos de abuso sexual infantil. Sin embargo, los sacerdotes no pueden cumplir con la ley que les exigiría violar su compromiso con la enseñanza constante de la Iglesia sobre la inviolabilidad del sello sacramental», afirmó monseñor Porteous
Una Ley anti secreto de Confesión contraria a la razón de ser de la Iglesia
La Iglesia en el desarrollo de su misión evangélica no puede asumir las leyes de la sociedad que sean contrarias a su misión porque esto implica la secularización de la Iglesia.
Con esta iniciativa, los gobiernos de Victoria y Tasmania pretenden controlar a la Iglesia desde los poderes políticos.
Este ha sido el conflicto eterno de la Iglesia con los poderes civiles. En algunos casos a niveles dramáticos: por ejemplo, tras la Revolución Francesa los sacerdotes debían jurar la Constitución republicana que implicaba que la última autoridad estaba en manos del estado y no del papa. Unos sacerdotes siguieron entonces aquella premisa y los que lo hicieron, siguieron ejerciendo y los que no -que fueron la mayoría- fueron perseguidos y encarcelados.
Otro ejemplo similar lo tenemos en la extinguida URSS. En los Países del Este, y pasada la ola dura de los campos de concentración, la forma de controlar a la Iglesia era través de procedimientos administrativos duros y farragosos. Esto mismo ha pasado históricamente en China, por seguir con otro ejemplo de misma dimensión.
Existe este proceso ligado a entornos agresivos con la fe católica que parece que no es dramático, pero que es capital: hace referencia en la misión intrínseca de la Iglesia. Así es en el caso del secreto de Confesión y lo que intentan estos estados de Australia.
1 Comentario. Dejar nuevo
El 1 de julio de 2019, la Penitenciaría Apostólica publicó una nota con la que pretende aclarar y recordar la doctrina católica acerca del secreto de confesión y del fuero interno. Se trata de una respuesta a las pretensiones de varios estados y las presiones de parte de los generadores de la opinión pública para que se rompa el secreto sacramental en la confesión bajo el pretexto, en estos casos, de la lucha contra los abusos sexuales. Con esta norma, la Santa Sede ratifica la inviolabilidad del secreto de confesión.
Como observa el documento aludido al principio del párrafo anterior, “toda acción política o iniciativa legislativa dirigida a ‘forzar’ la inviolabilidad del sigilo sacramental, constituiría una ofensa hacia la libertas ecclesiae [libertad de la Iglesia]”. Supondría, en fin, la violación de la “libertad de conciencia de los ciudadanos, sean penitentes o sean confesores”.