El Gobierno de Pedro Sánchez llega al final de su mandato con una contradicción difícil de justificar: ha encontrado tiempo para modificar numerosas instituciones sociales, pero deja sin aprobar la ley que debía reforzar una de las más importantes: la familia. Y lo hace cuando España padece una crisis simultánea de natalidad, vivienda, educación y pobreza infantil.
No estamos ante problemas independientes. Todos confluyen en una misma realidad: el debilitamiento de las condiciones necesarias para formar, sostener y educar una familia.
La familia es una infraestructura social insustituible, anterior al Estado, que genera vínculos estables, responsabilidades recíprocas y capital humano y social. Cuando se debilita, sus funciones no desaparecen: recaen, imperfectamente y a mayor coste, sobre la escuela, los servicios sociales y las administraciones.
La crisis educativa también empieza en casa
Resulta imposible comprender nuestros problemas educativos prescindiendo de las familias. PISA 2025 ofrece una señal preocupante: los alumnos españoles cuyos padres les preguntaban semanalmente qué habían hecho en clase pasaron del 77 % en 2022 al 69 % en 2025. Quienes conversaban sobre sus problemas escolares descendieron del 60 % al 50 %.
La escuela debe enseñar y contribuir a educar. Lo que no puede es sustituir sistemáticamente a los padres. Pero las políticas de Sánchez han privilegiado una concepción individualista de los derechos que tiende a relegar la responsabilidad educativa primordial de la familia. La polémica declaración de Isabel Celaá de que los hijos no pertenecen a sus padres olvidaba lo esencial: la patria potestad no es propiedad, sino responsabilidad y deber de educación.
La viudedad: una reforma que abre la puerta al fraude
El Consejo de Ministros del 20 de octubre ha aprobado ampliar la pensión de viudedad a parejas con hijos comunes, aunque no estén casadas ni registradas como parejas de hecho. Bastará acreditar dos años de convivencia ininterrumpida, sin formalización jurídica del vínculo.
La modificación plantea tres problemas graves.
El primero es presupuestario. Ampliar prestaciones permanentes exige conocer su coste, prever su financiación y garantizar que sus beneficiarios reúnen efectivamente las condiciones legales, y esto en un estado del bienestar cada vez más exigido y en dificultades. Las respuestas son las colas en todas las prestaciones y la cita previa, la versión del siglo XXI del decimonónico «Vuelva usted mañana».
El segundo, mucho más grave, es la desaparición de una prueba objetiva de la unión que justifica el derecho. El matrimonio consta en el Registro Civil y las parejas de hecho formalizadas disponen de inscripción o documento público. En ambos supuestos existe una referencia jurídica acreditativa de la relación.
El empadronamiento, en cambio, no acredita vínculo conyugal alguno. Certifica residencia, no matrimonio, compromiso, convivencia afectiva ni proyecto de vida compartido. Dos personas pueden estar empadronadas en el mismo domicilio por razones completamente ajenas a una relación de pareja. Incluso tener hijos comunes no demuestra que continúen constituyendo una unión.
Confundir residencia con vínculo constituye un defecto de origen de la reforma y abre posibilidades evidentes de fraude.
Pero todavía existe un problema más importante.
La regla general establece que quien percibe una pensión de viudedad pierde ese derecho cuando contrae nuevo matrimonio o constituye otra pareja de hecho, con las excepciones legalmente previstas. El vínculo formal permite conocer la nueva situación.
¿Qué sucederá con quienes hayan obtenido la pensión mediante una unión informal y posteriormente formen otra, también informal? ¿Cómo comprobará la Seguridad Social que se ha producido una nueva unión que determine la extinción del derecho? ¿Qué registro permitirá detectar automáticamente esa circunstancia si precisamente se ha prescindido de registrar las relaciones?
La Administración podrá investigar situaciones concretas, pero carecerá de la referencia formal que facilita el control general. Se está debilitando el mecanismo de comprobación de un derecho económico permanente, financiado con recursos públicos.
El tercer problema es institucional. El matrimonio posee un reconocimiento jurídico singular porque incorpora un compromiso público de estabilidad y obligaciones recíprocas. Su equiparación progresiva a cualquier convivencia, incluso no formalizada, vacía de contenido parte de ese reconocimiento.
No se trata de obligar a casarse, sino de reconocer que una institución socialmente valiosa merece un tratamiento diferenciado. De lo contrario, ¿qué incentivo institucional queda para asumir sus compromisos?
La Ley de Familias: más de sesenta prórrogas para acabar en nada
El contraste resulta demoledor. La Ley de Familias nació como anteproyecto el 13 de diciembre de 2022. Volvió al Consejo de Ministros en febrero de 2024 y ha terminado decayendo con la disolución del Congreso.
Según la Asociación Galega de Familias Numerosas, acumuló más de sesenta prórrogas del plazo de enmiendas, sin superar siquiera esa fase.
Casi cuatro años de anuncios para terminar sin ley.
El proyecto tampoco ofrecía respuestas suficientes. La iniciativa impulsada por Ione Belarra se entretenía en clasificar hasta dieciséis modalidades familiares, incluyendo la denominada «familia individual», mientras pretendía diluir el reconocimiento específico de las familias numerosas.
Abundancia de categorías ideológicas y escasez de soluciones materiales. Las ayudas económicas, la conciliación y las necesidades de crianza quedaban muy lejos de una verdadera política familiar europea.
Las cifras de una emergencia desatendida
La Encuesta de Fecundidad de 2025 del INE revela que casi siete de cada diez mujeres desean tener al menos dos hijos, pero el 34,8 % de las que ya son madres ha tenido menos de los que deseaba.
La pobreza infantil completa el panorama. Según el INE, el 33,9 % de los menores de 16 años estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, frente al 25,7 % del conjunto de la población.
Y Eurostat documenta la insuficiencia relativa del apoyo público: en 2023, España destinaba a prestaciones de familia e infancia alrededor del 1,4 % del PIB, frente al 2,3 % de la Unión Europea.
Mientras tanto, el encarecimiento de la vivienda retrasa la emancipación, dificulta la formación de hogares y multiplica los problemas de quienes tienen hijos.
La paradoja es difícil de ignorar: el Gobierno que ha convertido la ampliación de derechos en su principal seña de identidad termina sin aprobar su propia Ley de Familias, mientras encuentra tiempo para una reforma apresurada que debilita las garantías jurídicas y la singularidad institucional del matrimonio.
España no necesita multiplicar categorías familiares ni disolver las diferencias entre instituciones. Necesita que formar una familia, tener los hijos que se desean y educarlos dignamente deje de ser una carrera de obstáculos.
Viudedad ampliada mediante decreto mientras la Ley de Familias decae sin superar las enmiendas. Dos decisiones que plantean preguntas sobre las prioridades públicas. #LeyDeFamilias Compartir en X
