Las cifras sobre los nuevos presupuestos después del pacto entre el presidente del gobierno y Pablo Iglesias aportan datos sobre el enfoque del nuevo gasto, y sombras sobre los ingresos. Naturalmente -y eso es malo- ha sido recibido con acritud acrítica por los contrarios al gobierno, y con una complacencia injustificada por los favorables. Se dirá que esto es la política, a lo que respondemos con un rotundo no. La política es actuar en favor de los bienes comunes, y ese es el criterio para examinarlo todo, y el que debe aplicarse a estos presupuestos.
Los datos bosquejan un dibujo social en la aplicación de los recursos públicos que era necesario, y que el PP ha facilitado con sus omisiones en su etapa gubernamental. Conceptualmente, lo que se propone es bueno. Otra cosa es como se concreta.
La primera gran cuestión es que, en la presentación del pacto, aparecen detallados los costes de las medidas anunciadas, pero no presentan con la mínima concreción los nuevos ingresos generados por las medidas fiscales que se adoptarán. Obviamente, esta cuestión quedará corregida cuando se oficialice el acuerdo en términos de proyecto de ley, pero de momento no es tranquilizador, porque la impresión que ha quedado es que no bastarán para asumir los nuevos gastos. En este sentido, es una exageración presentar el acuerdo como un “enorme” aumento de la presión fiscal sobre las clases medias. En principio, no es tal cosa.
Aunque uno de los agentes del pacto se presente como arquetipo de la nueva política, la verdad es que la formación de Iglesias juega al trilero como los dignos representantes de la vieja, colándonos en la futura ley de presupuestos cuestiones que nada tienen que ver con ello, como la modificación- prácticamente para suprimirlo- del delito de ofensas a la religión. Es una paradoja que, en realidad, revela el estado de la cuestión. Cuando el Código Penal español está más lleno de delitos que castigan la libre expresión en nombre de la dignidad y el respeto, y protegen, y mucho, a mujeres, lesbianas, gais, personas de otras etnias, lo único que sobra, para Sánchez-Iglesias es el respeto a la conciencia religiosa
Los criterios para incrementar capítulos como pensiones, salario mínimo, dependencia, ayuda al desempleo, becas y material gratuito, universalización de la escuela de 0 a 3 años, ayudas para comedor, pobreza energética, ahorro de energía ciencia, y vivienda, constituyen epígrafes de necesaria atención, pero en los casos más importantes, rechina y da razón a quienes califican el acuerdo de electoral.
Es el caso de las pensiones y el compromiso de incrementarlas de acuerdo con el IPC. Esto no se puede hacer. No es digno si no se presentan al mismo tiempo los datos sobre la sostenibilidad del sistema que lo validen. De lo contrario, se estará engañando a los pensionistas con un caramelo que quedará fundido en la boca al cabo de un año o dos. Y, más grave todavía, se continuará sin entrar a fondo en uno de los problemas más graves de España: El actual régimen de pensiones, tal y como está planteado, está hundido, y lo estará más en el futuro, con la próxima jubilación del baby boom y la caída de la población en edad de trabajar. Lo que hacen es frívolo e irresponsable.
La segunda gran cuestión la plantea el aumento del salario mínimo, hasta 900 €, más de un 20% de aumento en una sola tacada. Que el salario mínimo tiene que subir debería estar fuera del debate, para que este se centrara en el cómo debe plantarse el incremento. Debe subir por la situación deprimida de los salarios inferiores, porque el aumento de las rentas más bajas se traduce automáticamente en un incremento, en la misma proporción, del consumo, y también, algo muy importante que habitualmente se olvida: el aumento bien hecho empuja a una mejora del modelo productivo en términos de productividad. Pero, también puede tener consecuencias. Algunas ya se han dicho, como la ralentización de la mejora de la ocupación para aquellas tareas que quedan afectadas de pleno, y en este sentido va a reducir la capacidad de absorber inmigración, precisamente cuando el INE había cambiado de óptica pasando a prever para los próximos años un notable -y dudoso- aumento de la misma, y va a acrecentar determinados costes, sobre todo, en dependencia y en todo el tercer sector. Un aumento serio del salario mínimo requiere un plan progresivo de incrementos pactado con las empresas, y su integración en un programa más amplio relacionado con el modelo productivo del país, y la paliación de sus efectos en el sector asistencial.
Un último punto, que en realidad es el primero, es el de su viabilidad, las dificultades para aprobarlos tal y como aparecen. La primera cuestión se refiere a Bruselas. Más bien habrá una mirada favorable, pero en absoluto complaciente. Se aceptará una moderación del déficit mínima, dejando la mayor parte del ajuste para el año que viene, que, atención, será electoral, si los acontecimientos no se precipitan. Pero en ningún caso admitirá el riego de su aumento. Y, dado que los ingresos no están nada claros, cuando le saquen la punta al lápiz, quizás el buen tono se transforme en un no. Un segundo aspecto clave se relaciona con los votos necesarios para aprobarlos, dado que los de Iglesias no bastan. Y ahí entra el PNV, que va a jugar como siempre al alza, y por consiguiente incrementará el gasto. La negociación con ERC y PDeCAT es fundamental, y de momento difícil porque su postura de máximos: referéndum y presos, lo hace inviable, pero está por ver que se termine así. La brecha del PNV se puede convertir en un agujero si aquellos partidos juegan la contrapartida económica, y detrás pueden venir Compromís, que ya ha dicho que Iglesias no les representaba y quieren negociar directamente contrapartidas para la Comunidad Valenciana. En resumen, la recolección de votos, o bien puede reducir las partidas sociales ahora aireadas, o incrementar los impuestos, o acentuar el déficit, lo que nos sitúa una vez más ante el examen de Bruselas.
