De Largo Caballero a los disturbios contra actos políticos actuales: las lecciones de una historia que terminó en tragedia. La violencia, la deshumanización del adversario y el desprecio por las instituciones nunca deben volver a convertirse en instrumentos de confrontación política.
España conoce demasiado bien las consecuencias de convertir la política en una guerra entre enemigos.
Nuestra historia debería habernos enseñado que las palabras importan, que la violencia callejera no es un juego y que ninguna causa política adquiere legitimidad por la fuerza con la que consigue silenciar a sus adversarios.
Sin embargo, los enfrentamientos registrados en las últimas semanas alrededor de distintos actos políticos obligan a recuperar una pregunta inquietante:
¿Estamos normalizando la violencia contra quienes piensan de manera diferente?
CUANDO UN MITIN NECESITA UN DISPOSITIVO ANTIDISTURBIOS
El 21 de octubre, un acto de Vox en A Coruña estuvo acompañado de una protesta de miles de personas que terminó con lanzamientos de objetos, cargas policiales, detenidos y heridos.
Entre las organizaciones presentes había colectivos juveniles de izquierda y nacionalistas. Se escucharon consignas como «No pasarán» y expresiones que identificaban al adversario político con el fascismo.
En Granada también se produjeron incidentes durante un acto de Vox en abril. Y en Maó, el 23 de octubre, una protesta terminó con personas heridas y acusaciones contrapuestas sobre la actuación policial.
Protestar contra un partido es un derecho democrático.
Discrepar de sus propuestas, denunciarlas públicamente y organizar concentraciones pacíficas forma parte de la libertad política.
Pero impedir por la fuerza que otros ciudadanos escuchen un discurso, agredir a policías, lanzar objetos o intimidar a los asistentes constituye una cuestión completamente distinta.
La libertad de expresión no puede convertirse en un privilegio reservado a quienes piensan como nosotros.
LARGO CABALLERO Y LA RADICALIZACIÓN DE LOS AÑOS TREINTA
Francisco Largo Caballero fue una figura central del socialismo español durante la Segunda República.
Su evolución política, particularmente a partir de 1933, estuvo vinculada al creciente enfrentamiento entre las distintas corrientes políticas y sociales.
La insurrección de octubre de 1934, promovida por sectores socialistas y otras organizaciones revolucionarias, constituyó una ruptura grave con la legalidad republicana. En Asturias derivó en un levantamiento armado y una represión de enorme dureza.
Aquellos acontecimientos deben estudiarse sin convertirlos en una explicación única de la Guerra Civil.
La República vivió una acumulación de crisis políticas, conflictos sociales, conspiraciones, insurrecciones y violencia procedente de distintas organizaciones.
El golpe militar de julio de 1936 desencadenó finalmente la guerra.
Pero la radicalización anterior había contribuido a deteriorar la confianza en las instituciones y a extender la idea de que la fuerza podía sustituir a la política.
Esa es una de las advertencias que debemos conservar.
CUANDO ARDIERON LOS CONVENTOS
La violencia contra la Iglesia fue uno de los episodios más dolorosos de aquel periodo.
En mayo de 1931, apenas unas semanas después de proclamarse la República, ardieron conventos, iglesias y otros edificios religiosos en Madrid y diversas ciudades españolas.
Los historiadores han estudiado tanto el anticlericalismo que alimentó aquellos ataques como las divisiones que provocaron dentro del propio Gobierno republicano.
Los incendios no pueden atribuirse indiscriminadamente a todos los republicanos o socialistas.
Pero tampoco pueden minimizarse.
Atacar un templo por lo que representa, destruir patrimonio religioso o intimidar a una comunidad de creyentes supone vulnerar principios elementales de convivencia.
La libertad religiosa no depende de que las creencias de una persona resulten populares.
Tampoco puede quedar subordinada a la ideología del gobierno de turno.
Una democracia que protege la libertad política debe proteger igualmente la libertad de conciencia y de religión.
EL PELIGRO DE CONVERTIR AL ADVERSARIO EN ENEMIGO
Las consignas históricas pueden tener significados legítimos de resistencia frente al autoritarismo.
Pero utilizadas para presentar a cualquier adversario democrático como un enemigo al que hay que expulsar del espacio público, adquieren una dimensión preocupante.
La democracia exige reconocer algo fundamental: los demás ciudadanos tienen derecho a defender ideas que consideramos profundamente equivocadas.
Ese derecho no desaparece porque un partido resulte desagradable, porque sus propuestas susciten rechazo o porque sus dirigentes pronuncien discursos que consideramos ofensivos.
Existen mecanismos legales para investigar amenazas, delitos de odio, incitaciones a la violencia y cualquier otra conducta ilícita.
Lo que no existe es un derecho a sustituir a los tribunales por la intimidación callejera.
Y esta regla debe aplicarse a todos: izquierda, derecha, nacionalistas y cualquier otro movimiento político.
FRANCIA: UNA ADVERTENCIA CONTEMPORÁNEA
Los recientes disturbios en Francia muestran hasta qué punto una protesta puede deteriorarse cuando grupos violentos aprovechan las movilizaciones para enfrentarse a las fuerzas de seguridad y destruir bienes públicos.
Las autoridades francesas han denunciado la intervención de extremistas violentos y han desplegado importantes dispositivos policiales.
Eso no significa que todos los manifestantes compartan esos métodos. La inmensa mayoría de quienes protestan pacíficamente no debe confundirse con quienes protagonizan agresiones o saqueos.
Precisamente esa distinción resulta imprescindible.
Cuando la violencia se tolera porque procede de personas que defienden una causa con la que simpatizamos, debilitamos la misma regla que debería protegernos frente a la violencia de nuestros adversarios.
LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRIGENTES POLÍTICOS
Las palabras de los responsables públicos tienen consecuencias.
Quien ocupa una responsabilidad institucional debe comprender que sus declaraciones pueden contribuir a rebajar la tensión o a incrementarla.
Por eso resulta especialmente importante evitar la deshumanización, las acusaciones colectivas y las expresiones que presentan a millones de ciudadanos como enemigos de la nación o de la democracia.
Los partidos tienen derecho a criticar duramente las ideas y actuaciones de sus adversarios.
Pero también deben rechazar las agresiones cometidas contra ellos, aunque procedan de sus propios simpatizantes.
La condena de la violencia pierde credibilidad cuando depende de quién la ejerce y de quién la recibe.
LO QUE NOS ENSEÑA LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Para el pensamiento social cristiano, la paz no consiste simplemente en la ausencia de enfrentamientos.
Exige justicia, verdad, respeto a la dignidad humana y voluntad de convivencia.
La persona que piensa de manera diferente no pierde su dignidad por sus convicciones políticas.
El cristiano puede combatir una idea, denunciar una injusticia y oponerse con firmeza a determinadas políticas.
Pero no puede convertir el odio al adversario en una virtud.
La reconciliación tampoco exige renunciar a la memoria histórica ni ocultar los crímenes del pasado.
Exige conocerlos, reconocer a las víctimas y aprender de ellos sin trasladar a las generaciones actuales culpas colectivas heredadas.
QUE LA HISTORIA NO SE CONVIERTA EN UNA AMENAZA
España no está condenada a repetir 1936.
Disponemos de instituciones democráticas, libertades constitucionales y mecanismos de resolución pacífica de los conflictos que no existían en las mismas condiciones durante los años treinta.
Precisamente por eso debemos defenderlos.
La lección de nuestra historia no consiste en utilizar la Guerra Civil como una amenaza contra quienes piensan diferente.
Consiste en impedir que vuelva a considerarse legítimo imponer las ideas mediante la violencia.
Los dirigentes políticos deben responder de sus palabras y actuaciones.
Quienes cometan agresiones deben responder ante la justicia.
Y los ciudadanos debemos conservar la capacidad de discutir con firmeza sin dejar de reconocernos como compatriotas.
España no necesita otro 1936.
Necesita una democracia en la que nadie tenga miedo de expresar pacíficamente sus ideas y en la que ningún ciudadano considere legítimo golpear a otro por pensar diferente.
