¡Respeto! La necesidad de una respuesta

Los hechos bien conocidos acaecidos en la presentación de las campanadas de fin de año de Televisión Española, es decir, de la cadena principal de la televisión pública, señalan una vez más que hay una quiebra institucional. Este es el carácter de la televisión pública. Es la quiebra de una condición fundamental para la convivencia y para el ejercicio real de los derechos que la Constitución española y las leyes derivadas de ella han determinado. Se trata, de la condición del respeto.

Todavía más, significa, por la naturaleza de quien comete esta falta, una quiebra constitucional, concretamente del artículo 16.3, que ordena que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Cuando TVE actúa como lo hizo, prescinde de esta consideración y señala un paso más en la dirección equivocada: la de la progresiva transformación, por parte del poder político, de nuestro Estado de derecho en un Estado de leyes, como sucedía con el franquismo. La diferencia entre ambos no es menor.

Las leyes pueden ser las mismas en uno u otro modelo, pero en el Estado de leyes, estas son interpretadas de acuerdo con los intereses del poder. Si este manda la falta de respeto, la mofa o convertir en chivo expiatorio a un grupo de población, todo el aparato normativo fluctúa en este sentido, en el de la aplicación asimétrica de los derechos. Bajo esta mutación de régimen vivimos, y es muy grave.

Esta característica es todavía más grave por cuanto la cultura imperante, tanto pública como mediática, sitúa el respeto en un plano muy destacado. De manera que lo que en un pasado reciente podían considerarse simples insultos, ahora pueden dar lugar a causas penales por presuponer que aquel tipo de insulto específico responde a una fobia o a un delito de odio. Pero, en el caso de los católicos, de la Iglesia, esta maximización funciona en sentido contrario.

Ya advertimos en su momento que la desgraciada iniciativa gubernamental, acordada por el Congreso, de encargar al Defensor del Pueblo una acción que escapaba de sus atribuciones, como era investigar el delito de abusos sexuales en menores, pero solo limitado a la Iglesia Católica, era, por su naturaleza, radicalmente arbitraria y discriminatoria. Fue una advertencia de que lo católico se convertía, en manos de las fuerzas gubernamentales y con absoluta facilidad, en un chivo expiatorio adecuado a las necesidades del momento.

Este último caso al que nos referimos sirve perfectamente para ocultar el escándalo brutal de gran dimensión que tienen los abusos a menores en nuestra sociedad, y la ocultación que de ello hace el gobierno, utilizando a la Iglesia para este fin. También anotamos que la inapropiada respuesta de la institución eclesial, en parte corregida en la etapa final, y la falta de presencia en el espacio público político de las organizaciones católicas levantando la voz y las razones en relación a este tema, dejaban la puerta abierta a futuras arbitrariedades.

Ahora, Televisión Española ha cometido una de estas arbitrariedades, basada en la falta de respeto sobre la veneración católica del Sagrado Corazón de Jesús.

En la preparación de un programa de la importancia del de fin de año, y más cuando se compite con una televisión privada para lograr la primera posición, no hay margen para la improvisación y todo es estudiado al detalle. Por tanto, la falta de respeto que se cometió no fue fruto de una iniciativa personal de una cómica, sino la consecuencia última de un sistema en funcionamiento.

En este caso, además, se ha visto como evidente la voluntad de excitar la polémica por parte de la televisión pública, los medios progubernamentales como El País, y miembros del propio gobierno, empezando por un insólito ministro de Justicia, que más bien actúa como agitador público. A partir de Bolaños, cualquiera puede ejercer de ministro de Justicia con mayor dignidad que el actual cargo. Pero no nos distraigamos de la cuestión.

Como siempre que alguna de estas cosas sucede, por parte del campo católico ha habido desde silencios clamorosos, intervenciones de algunos obispos —entre ellos el de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, cosa que es de destacar— hasta acudir a los tribunales para dilucidarlo.

Con cada reacción, empieza un nuevo capítulo. En lugar de acumular la experiencia para actuar con sabiduría, siempre se producen dos tipos de posiciones antagónicas: una que dice que hay que callar porque todo lo que se diga no hace otra cosa que favorecer al agresor. El problema de esta posición, adoptada como sistema, es que facilita la burla, la ofensa y la falta de respeto, porque es como pegarle a un saco de boxeo que nunca responde.

En el otro lado se sitúan organizaciones que acuden al juzgado con la denuncia. Esto es razonable cuando existe la base jurídica adecuada, pero no cuando se convierte en un sistema que prescinde de aquella condición.

¿Qué hacer entonces?

1. No improvisar. Debemos realizar una consideración conjunta de cuál es el escenario actual y qué es conveniente llevar a cabo.
2. La respuesta debe moverse en el plano de la fe, por una parte, diferenciando la respuesta institucional de la Iglesia con las respuestas de los católicos o instituciones católicas y otra diferenciada, en el espacio público político de la cultura cristiana.
3. Desde el punto de vista de la fe, corresponde a la Iglesia Católica, sus obispos y su órgano de coordinación disponer de protocolos adecuados, para respuestas que no sean simples reacciones del momento, y para ofrecer a los católicos y las instituciones católicas pautas de actuación.
4. Desde el plano cultural y político, corresponde a las organizaciones seculares actuar en el espacio público político, cuya razón de ser es la construcción del bien común y que no puede confundirse con la actividad que desarrollan los partidos políticos que es solo una de las formas de abordar aquella construcción. Sería deseable que esta práctica se llevara a cabo con unidad y coordinación.
5. Esta especificidad laica no debería excluir un acompañamiento institucional eclesial, que congruente con su naturaleza de acompañar está en segunda línea.

En resumen, hay que poner fin a la improvisación y estar organizados para transformar la falta de respeto, la ofensa y la discriminación en movilización del pueblo cristiano. Este es el camino que seguir, esta es la propuesta.