El Gobierno de Pedro Sánchez pasará a la historia por muchas razones. Una de ellas será su obsesión con el aborto, convertida en una verdadera prioridad ideológica mientras la maternidad y las familias permanecen relegadas. Todo ello en un país donde mueren muchas más personas de las que nacen y cuyo crecimiento demográfico depende de una inmigración masiva alentada por las políticas gubernamentales. Al margen incluso de las consideraciones morales, semejante combinación constituye una especie de suicidio colectivo.
Los datos son elocuentes. En 2025, España registró un saldo vegetativo negativo de 122.167 personas. Y, pese a ello, la acción gubernamental parece mucho más preocupada por facilitar y promover el aborto que por remover los obstáculos económicos y sociales que dificultan tener hijos.
Tres hechos recientes retratan esta compulsión obsesiva.
Del aborto como mal tolerado al aborto como bien proclamado
El primero es la campaña publicitaria del Ministerio de Sanidad: «Decidas lo que decidas, todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar. Y a hacerlo en la pública».
Su significado político y moral es extraordinario. El aborto deja de presentarse como una decisión dramática ante circunstancias difíciles para convertirse en una opción que el poder público normaliza y legitima sin reservas. La muerte del ser humano no nacido es presentada, en la práctica, como algo bueno.
Se completa así un recorrido brutal: de considerarlo un mal excepcionalmente tolerado, se pasó a justificarlo como mal menor, después a proclamarlo como derecho y, finalmente, a convertirlo en un bien que merece promoción institucional.
¿Alguien imagina una campaña gubernamental de semejante envergadura proclamando que la maternidad es un bien, que tener hijos constituye una aportación decisiva al futuro de la sociedad y que el Estado ayudará a las mujeres que desean ser madres?
Resulta casi inimaginable. Las fuerzas del feminismo gubernamental la denunciarían como una campaña encubierta contra el aborto, como sucede cuando la Comunidad de Madrid establece ayudas a la maternidad desde la gestación. Una iniciativa acertada que reconoce precisamente aquello que el Gobierno central parece empeñado en ignorar.
El aborto farmacológico llega a Atención Primaria
El segundo hecho es la decisión del Ministerio de Sanidad de impulsar una reforma normativa para facilitar el aborto farmacológico en Atención Primaria.
El proyecto, sometido a consulta pública desde el 1 de octubre, pretende modificar las condiciones de autorización y acreditación de los centros sanitarios. Incluye expresamente la indicación, prescripción y seguimiento del aborto farmacológico, así como la atención a sus posibles complicaciones, bajo responsabilidad de especialistas en Ginecología o Medicina Familiar y Comunitaria.
Hay un aspecto particularmente revelador: el propio Ministerio reconoce expresamente la posibilidad de complicaciones que requieren atención sanitaria.
Es una constatación de lo obvio, pero que contrasta con el discurso político empeñado en presentar el aborto como una prestación inocua. También el aborto farmacológico durante las primeras semanas puede ocasionar efectos adversos y requerir intervención médica.
La cuestión no es negar que existan procedimientos médicos para atender esas situaciones. La cuestión es la prioridad política: una extraordinaria diligencia para facilitar el aborto y una clamorosa insuficiencia de políticas que permitan afrontar la maternidad en condiciones económicas y sociales dignas.
Mónica García y la pregunta que no debía formularse
El tercer episodio tiene como protagonista a la propia ministra de Sanidad, Mónica García, convertida en una auténtica fanática del aborto.
Cuando una periodista de El Debate le preguntó si podía garantizarse que el feto no sufriera durante el aborto, la ministra reaccionó de manera despectiva y acusatoria, calificando la pregunta de negacionista. En lugar de responder con rigor a una cuestión científica legítima, se encaró con la periodista al más puro estilo Trump: desacreditar al interlocutor para eludir el problema.
La ministra sostiene que la ciencia no ofrece evidencias del sufrimiento fetal. Sin embargo, la cuestión científica es más compleja de lo que permite su contundencia política.
La posición predominante en las sociedades obstétricas considera que no existe evidencia suficiente para afirmar una experiencia consciente del dolor en las fases tempranas de la gestación. Pero otros investigadores han cuestionado que la ausencia de determinadas conexiones corticales permita descartar por completo formas tempranas de experiencia dolorosa.
Entre las semanas 13 y 24 se sitúa una parte importante de esta controversia. Existen procesos de desarrollo de los circuitos nociceptivos y respuestas fisiológicas fetales ante estímulos invasivos, aunque su significado en términos de dolor consciente es objeto de discusión.
¿Demuestran esas respuestas que el feto sufre conscientemente? No. ¿Permiten sostener con absoluta seguridad que no existe ninguna posibilidad de sufrimiento? Tampoco.
Esta distinción es esencial. La ciencia debe reconocer sus incertidumbres; la política, actuar con prudencia ante ellas. Cuando está en juego la posibilidad de provocar sufrimiento a un ser humano, una política verdaderamente humanista debería adoptar todas las precauciones razonables para evitarlo.
Y formular preguntas no es negacionismo. Es precisamente lo que exige la investigación científica.
La maternidad, abandonada; las familias, empobrecidas
Mientras tanto, Sánchez ha precipitado el final de la legislatura y la anunciada Ley de Familias ha quedado por el camino, después de años de paralización parlamentaria. También se ha frustrado la tramitación de nuevas iniciativas de apoyo económico a la crianza.
España sigue caracterizándose por la debilidad comparativa de sus políticas de apoyo económico a las familias con hijos. El resultado es escandaloso.
Según Eurostat, en 2025, el 29,9 % de las personas que vivían en hogares con hijos dependientes estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el porcentaje más alto de la Unión Europea.
Es decir, en España tener hijos se ha convertido en un importante factor de vulnerabilidad económica.
Se destinan recursos y campañas institucionales a facilitar el aborto, mientras muchas mujeres que desean continuar su embarazo carecen de apoyos suficientes y numerosas familias comprueban que cada nuevo hijo agrava sus dificultades materiales.
La contradicción es tan evidente como moralmente insoportable.
Una política demográfica que conduce al suicidio colectivo
La ecuación objetiva es clara: marginación, cuando no rechazo cultural de la maternidad; promoción del aborto como un hiperbien; una población cuyo crecimiento natural es negativo; padres sometidos a enormes cargas económicas; hijos expuestos a elevadas tasas de pobreza y, como respuesta al desastre demográfico, puertas abiertas a una inmigración irregular masiva, sin una política suficientemente ordenada de integración y de previsión de sus consecuencias.
Y, para completar el panorama, una ley de nietos cuya aplicación podría convertirse en un coladero para incorporar al electorado a personas que nunca han vivido ni trabajado en España, que no piensan residir en el país y que no soportarán directamente las consecuencias del Gobierno que contribuyan a elegir.
La reciente intervención cautelar del Tribunal Supremo sobre el voto de determinados nacionalizados al amparo de esta legislación ha puesto de manifiesto la gravedad del problema de control y verificación del censo electoral.
No se trata de negar la existencia de vínculos legítimos con España, sino de denunciar la confusión entre nacionalidad, pertenencia efectiva a la comunidad política y participación en decisiones cuyas consecuencias recaerán sobre quienes viven en ella.
Este es el balance: se facilita terminar con una vida antes de nacer, se hace cada vez más difícil traer hijos al mundo, se abandona económicamente a quienes los tienen y se pretende resolver la crisis demográfica mediante la inmigración masiva.
No son episodios aislados. Son las piezas de una misma orientación política, cuya incoherencia demográfica y social resulta difícil de superar.
Un gobierno que convierte el aborto en una prioridad pública mientras desatiende la maternidad, las familias y la natalidad no está construyendo el futuro de su país. Está contribuyendo a que desaparezcan las condiciones humanas que lo hacen posible.
Estos son los hechos.
Que cada cual saque sus conclusiones.
¿Alguien imagina una campaña gubernamental proclamando que la maternidad es un bien, que tener hijos constituye una aportación decisiva a la sociedad y que el Estado ayudará a las mujeres que desean ser madres? Compartir en X
