Un principio básico del liberalismo afirma que los seres humanos tienen ciertos derechos naturales y por ello son inalienables, y que los gobiernos deben aceptar una ley fundamental que limite sus poderes y los garantice, y obviamente cumpla con los límites establecidos.
Una vez instituido aquel principio hay que advertir que los derechos naturales no pueden surgir de una declaración política de una determinada mayoría, porque son prepolíticos y la declaración solo debe reconocerlos. Forman parte de este tipo de derechos el matrimonio entre un hombre y una mujer, la necesidad de un padre y una madre para la descendencia, el derecho a nacer del ser humano engendrado, salvo en casos excepcionales relacionados con el riesgo de muerte de la madre, y la preservación con el menor sufrimiento posible de la vida humana. Todos ellos son fundadores de los demás derechos. Su jerarquía es superior. Pero la propia democracia liberal los ha liquidado y sustituido por otros.
A tales extremos se llega, que el gobierno municipal de Barcelona (el ejemplo es válido bajo el supuesto que practica la democracia liberal) desarrolla una campaña para el uso del lenguaje correcto en la que veta la denominación de esposa/ la seva dona/les seves mullers por considerarla una expresión sexista.
Esta democracia liberal contraviene el derecho natural, de carácter fundante, de que el niño tiene derecho a disponer de un padre y madre, consanguíneos o por adopción, al entregarlo a parejas de hombres o mujeres. ¿Por qué se considera que estos poseen un derecho superior a aquel derecho natural? Es una pura arbitrariedad fruto de una determinada correlación de fuerzas políticas; de una determinada fuerza, en definitiva. Se prescinde así de la familia natural, del hábitat humano, en tiempos en que más nos preocupamos de la preservación del hábitat para animales y cuestionamos toda “humanización” de los mismos, como sucede con la crítica a los parques zoológicos. Lo que no es admisible para animales lo es para humanos: la invención cultural de su hábitat. Todo esto nada tiene que ver con el respeto a las personas homosexuales que es otro derecho natural, el de la dignidad inalienable de todo ser humano.
Que en este tipo de casos se utilice la palabra discriminación es un absurdo y un abuso. La discriminación surge cuando se tratan de manera distinta casos iguales, pero es obvio que dos personas del mismo sexo no son iguales a un hombre y una mujer. Es obvio que el hermano no puede casarse con la hermana, aunque lo deseen, y eso no entraña discriminación hacia ellos.
La democracia liberal ha decido que el ser humano engendrado, por el hecho de depender absolutamente durante unos meses del cuidado de su madre, esta posea el derecho a poner fin a aquella vida basándose en la justificación del deseo. De esta manera, se conculca el derecho inalienable a la vida que comienza con el engendramiento. Pero además este derecho es destruido por las democracias liberales cuando existen métodos anticonceptivos en abundancia, y un estado del bienestar que puede acoger al hijo y a la madre si se lo propone, en lugar de subvencionar su muerte. No solo esto es grave, los abortos ya significan entre uno de cada cuatro y uno de cada cinco nacimientos, y ello cuando el problema más decisivo, a largo plazo porque se ramifica en multitud de otros problemas peligrosos, es el envejecimiento de la población a causa de una natalidad insuficiente. Esta democracia liberal solo declara inalienables los derechos que le conviene, con lo cual ni son inalienables, ni son naturales, y para ello adopta decisiones que son contrarias al bien común para propiciar solo algunos bienes privados.
¿Desde cuándo los derechos de alguien, la madre en este caso, pueden significar el cese de todo derecho por parte de otro, el hijo engendrado?
Tomemos el ejemplo de la Constitución Española, que establece con claridad importantes derechos sociales, como la vivienda y el trabajo, que no tienen una traducción proporcionada en las políticas públicas, cosa obvia viendo las cifras del par, y la falta pisos y casas para todos los que las necesitan vitalmente. Toda esta insuficiencia en relación con la ley suprema se razona en términos jurídicos, pero el hecho es innegable. Bien, pero al mismo tiempo son considerados como derechos, y los gobiernos se aplican en el cumplimiento con los medios adecuados, de cuestiones que no figuran para nada en la Constitución como el “derecho” al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué se produce esa inversión de rango? La respuesta es obvia. Porque en realidad a lo que llaman democracia liberal, no es otra cosa que una democracia de correlación de fuerzas que cambia las cosas según le conviene, igual que la otra, la iliberal, (con una diferencia en algunos casos a favor de la segunda, como los aspectos relacionados con la vida y la familia están mejor defendido).
El gobierno polaco, que goza de una amplia mayoría en el Congreso, decidió adelantar la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Constitucional de los 70 a los 65 años. Esa decisión ha sido presentada por la democracia liberal como un abuso. ¿Es mayor abuso que aprobar una ley que no confiere ningún derecho al nasciturus, como contempla la Constitución Española, y tener congelado, va para ocho años, el recurso de inconstitucionalidad de dicha ley?
La democracia llamada liberal, tal y como se practica, no es ni muchos menos el fin de la historia, sino la historia de un fin, el suyo, que lo escriben no tanto los populistas, sino todos aquellos que han pretendido convertir sus deseos en derechos inalienables, y el derecho natural en una idea risible.
