Barcelona se convertirá durante los primeros días de octubre en uno de los principales centros internacionales de elaboración de estrategias para extender el aborto. No se celebrará únicamente un congreso médico. Se reunirán activistas, responsables políticos, profesionales sanitarios, investigadores y juristas con una finalidad explícita: transformar los sistemas de salud, influir sobre las leyes y modificar la percepción social del aborto.
El primer encuentro tendrá lugar el 1 de octubre en el Campus de la Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra. Conviene precisar que la universidad aparece como sede, no como organizadora.
El acto lleva por título Foro Internacional de Alianzas por el Derecho al Aborto: Activismos para transformar sistemas sanitarios y espacios comunitarios.
Lo organiza Vull Avortar, programa de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Según su propia presentación, reunirá a más de 200 participantes, una veintena de ponentes de diez países y responsables de políticas públicas. La inscripción será gratuita y habrá traducción simultánea al catalán, castellano e inglés.
El programa no oculta sus objetivos. Pretende desarrollar el activismo dentro de los sistemas sanitarios, reforzar las redes feministas de acompañamiento, convertir la investigación en un instrumento de transformación, promover la movilización política y jurídica y construir nuevas narrativas favorables al aborto. La entidad organizadora sostiene que el activismo exterior y la actuación dentro de las instituciones deben ser “interdependientes y complementarios”. No estamos interpretando intenciones ocultas. Es lo que afirma la presentación oficial del Foro.
La penetración institucional resulta también visible. En el preprograma figuran la secretaria general de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, el director del Plan de Salud Afectiva, Sexual y Reproductiva del Departamento de Salud y la presidenta del Consejo Asesor de Políticas de Género del mismo departamento. Las ministras de Igualdad y Sanidad, así como la consejera catalana de Salud, aparecen como pendientes de confirmación.
El Foro será, además, la antesala de la 16.ª Conferencia Internacional de la FIAPAC, federación internacional de profesionales del aborto y la anticoncepción. Sus sesiones principales se celebrarán los días 2 y 3 de octubre. El programa aborda la ampliación de la práctica abortiva, la formación de profesionales, el aborto después del primer trimestre y la creación de coaliciones nacionales para extender su prestación. También introduce el concepto de “contragestión”, destinado a desdibujar la frontera entre anticoncepción y aborto. Incluso se anuncia un debate sobre lo que la organización denomina “falsa división” entre ambos.
Las palabras no son neutrales. Cambiar el nombre de una realidad permite cambiar progresivamente su percepción moral.
Primero se evita hablar de vida humana. Después se sustituye aborto por interrupción. Finalmente, se integra dentro de un supuesto “continuo reproductivo”. Lo que desaparece del lenguaje acaba desapareciendo de la conciencia.
Barcelona representa una política española
Sería un error reducir estos acontecimientos a una peculiaridad barcelonesa o catalana. Barcelona actúa como escaparate y laboratorio avanzado de una política que afecta a toda España.
La reforma de la ley del aborto de 2023 encomendó a los poderes públicos no solo garantizar su prestación, sino promover acciones para “desestigmatizarla”, incorporar su práctica a la formación de los profesionales sanitarios e impulsar investigaciones y campañas institucionales. El Foro de Barcelona reproduce casi literalmente estos objetivos establecidos por la Ley Orgánica 1/2023.
Los resultados están a la vista. En 2024 se practicaron en España 106.172 abortos, casi un 3% más que el año anterior. Desde 2020, la cifra ha aumentado en cerca de 18.000 casos. La tasa nacional llegó a 12,36 abortos por cada mil mujeres de 15 a 44 años. Además, el peso de los centros públicos ha crecido un 50% desde 2019, según el propio Ministerio de Sanidad.
Cataluña ocupa la primera posición: 21.761 abortos y una tasa de 14,89 por mil mujeres. Equivalen a 40,4 abortos por cada cien nacimientos. En el conjunto de España fueron 33,4 por cada cien nacimientos.
Todo esto sucede mientras el país atraviesa una crisis demográfica profunda. En 2024 nacieron solamente 318.005 niños, un 25,6% menos que diez años antes, y la fecundidad cayó hasta 1,10 hijos por mujer. El saldo vegetativo de 2025 fue negativo en más de 122.000 personas, y el INE proyecta más defunciones que nacimientos durante los próximos cincuenta años. España se resigna a una sociedad sin hijos mientras dedica recursos, legislación y capacidad institucional a facilitar la eliminación de los concebidos.
Un derecho que elimina al más débil
El problema fundamental no es estadístico. Es antropológico y moral.
Un derecho auténtico protege a la persona frente al poder de otros. No puede consistir en atribuir al más fuerte la capacidad de decidir si el más débil merece continuar viviendo. Cuando la gramática de los derechos se utiliza para justificar la eliminación de un ser humano indefenso, esa gramática ha sido invertida.
El concebido no es una posibilidad abstracta ni una parte del cuerpo de la madre. Es un nuevo individuo humano que atraviesa una fase inicial de su existencia. No se convierte en humano al alcanzar determinado tamaño, adquirir conciencia o dejar de depender de otro. Todos hemos vivido una etapa de dependencia absoluta y muchos volveremos a ella por la enfermedad, la discapacidad o la vejez.
Si la dignidad dependiera de la autonomía, los recién nacidos, los enfermos graves y las personas con deterioro cognitivo tendrían menos valor. La dignidad humana, por el contrario, es inherente. No la concede el Estado, la mayoría parlamentaria, la fuerza ni el deseo ajeno.
Incluso la actual jurisprudencia constitucional española reconoce la vida prenatal como un bien constitucionalmente protegido. Por eso resulta conceptualmente insostenible presentar el aborto como una prestación sanitaria más, desprovista de conflicto moral y de consecuencias para una segunda vida.
La doctrina social cristiana ofrece una formulación todavía más clara: el derecho a la vida desde la concepción es el primero de los derechos porque hace posibles todos los demás. Evangelium vitae advierte que ninguna mayoría puede convertir en derecho la negación del derecho fundamental a la vida de otra persona.
Pero la defensa cristiana de la vida no termina en la denuncia. Obliga a hacerse cargo de la mujer embarazada que sufre abandono, precariedad, miedo o presión familiar. Madre e hijo no son enemigos. La respuesta justa debe proteger a ambos.
Por eso son indispensables las ayudas económicas, la vivienda, la conciliación laboral, las guarderías, el acompañamiento psicológico, el apoyo a la adopción y una red estable de entidades capaces de ofrecer alternativas reales. Una elección no es plenamente libre cuando la Administración financia inmediatamente el aborto, pero la mujer que quiere tener a su hijo no encuentra una ayuda suficiente para hacerlo.
La Constitución española ordena a los poderes públicos proteger social, económica y jurídicamente a la familia y asegurar la protección integral de las madres y de los hijos. Una política que garantiza los medios para abortar, pero no los medios para poder continuar el embarazo, incumple al menos el espíritu de este mandato.
De la indignación a la acción
Ante una estructura internacional organizada, dotada de recursos y con capacidad para influir dentro de las instituciones, la respuesta provida no puede reducirse a lamentaciones esporádicas.
Primera actuación
La primera actuación será participar masivamente en el acto convocado para 17 de septiembre, a las 19.30 horas, en la sala de actos de la Iglesia de Santa María de Montalegre (Barcelona), con el título Y después del aborto, ¿qué? Testimonios. Es necesario llenar la sala y demostrar que existe una sociedad dispuesta a defender la vida y a exigir una verdadera política de apoyo a la maternidad.
Segunda actuación
La segunda consiste en visibilizar esta alternativa mediante una campaña de mil carteles de gran formato en las calles de Barcelona. Cada aportación económica permitirá ampliar la presencia y el impacto de una voz que rara vez dispone de los recursos institucionales de sus adversarios.
Tercera actuación
La tercera debe extenderse a toda España: difundir la declaración de la campaña, crear redes permanentes, apoyar a las entidades que acompañan a las madres y movilizar a ciudadanos, familias, parroquias, profesionales sanitarios y asociaciones.
No basta con escandalizarse. Tampoco basta con formular una objeción moral en privado. La conciencia debe transformarse en presencia cívica, ayuda concreta y acción política perseverante.
La vida humana no se defiende solamente afirmando su valor. Se defiende protegiéndola, acompañándola y actuando.
Bizum: 08812
Cuenta bancaria: El corrent social cristià IBAN: ES83 0182 1797 3902 0404 9636
