Hay decisiones que solo son verdaderamente libres cuando existen alternativas reales. Si una mujer embarazada atraviesa una dificultad económica grave y la Administración le garantiza con rapidez el aborto, pero no le ofrece con la misma claridad una ayuda suficiente para continuar su embarazo, no estamos ante una libertad plenamente acompañada. Estamos ante una elección inclinada por las propias políticas públicas.
Las cifras obligan a pensar. Estados Unidos logró durante décadas una reducción extraordinaria del aborto. La tasa descendió desde 29,3 abortos por cada mil mujeres de 15 a 44 años en 1981 hasta 13,5 en 2017: más de la mitad. Sería incorrecto, sin embargo, ocultar que después la tendencia se invirtió. Según el Instituto Guttmacher, en 2024 volvió a alcanzar 16,7 por mil y se estimaron 1.124.000 abortos proporcionados por profesionales, pero así y todo la caída es extraordinaria.
Estados Unidos registró en 2024 unos 31 abortos por cada cien nacidos vivos (1.124.000 abortos y 3.622.673 nacimientos). España contabilizó 106.172 abortos y 318.005 nacimientos: 33,4 por cada cien. Cataluña llegó mucho más lejos: 21.761 abortos frente a 53.802 nacimientos, es decir, 40,4 por cada cien. Además, su tasa fue de 14,8 abortos por mil mujeres, frente a 12,36 en el conjunto español.
La comparación resulta todavía más grave porque España y Cataluña viven una prolongada crisis demográfica, cosa que no sucede en Estados Unidos. España presenta saldo vegetativo negativo desde 2015. En 2024 murieron más de 118.000 personas por encima de las que nacieron y la fecundidad cayó a 1,10 hijos por mujer. Cataluña perdió por la misma vía 13.722 habitantes: 53.802 nacimientos frente a 67.524 defunciones. La población solo crece gracias a la inmigración. Una sociedad incapaz de reemplazarse debería, como mínimo, preguntarse por qué dedica tanta energía institucional a facilitar que nazcan aún menos.
No se trata de imponer a una mujer una maternidad que rechaza. Se trata de comprobar si la mujer que desea tener a su hijo recibe una protección comparable. Y la respuesta es no. Existen el ingreso mínimo vital, el complemento de ayuda a la infancia, deducciones fiscales y prestaciones para determinados supuestos. Pero España carece de una prestación universal por hijo semejante a la existente en numerosos países europeos. La ayuda es fragmentaria, condicionada y difícil de obtener. En 2025 se estimó que el complemento de ayuda a la infancia solo alcanzaba al 10,5% de sus posibles beneficiarios.
El resultado está a la vista. En 2024, el 34,6% de los menores españoles estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, la segunda peor cifra de la Unión Europea, únicamente por detrás de Bulgaria. En 2025, España ya encabezaba otro indicador: el 29,9% de las personas que vivían en hogares con hijos dependientes se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión. Y el dato más desnudo es este: en España la pobreza relativa afectaba en 2024 al 24,6% de las personas en hogares con hijos, frente al 14,6% en hogares sin hijos. Tener hijos elevaba el riesgo en casi un 70%.
También la fiscalidad revela las prioridades. La cuña fiscal es la parte del coste total de un trabajador que absorben el IRPF y las cotizaciones, descontadas las prestaciones familiares. En 2025 alcanzó en España el 41,4% para un trabajador soltero sin hijos y el 36,8% para un matrimonio con un solo salario medio y dos hijos. La ventaja familiar fue, pues, de solo 4,6 puntos, casi la mitad del promedio de la OCDE, situado en 8,9. En Estados Unidos fue de 10,4 puntos y en Polonia, de 20,8, según Taxing Wages 2026. España figura entre los sistemas que menos reconocen fiscalmente la carga de criar.
En este contexto, Barcelona acogerá el 1 de octubre el Fòrum Internacional d’Aliances pel Dret a l’Avortament. La inscripción es gratuita y se anuncian más de 200 activistas, veinte ponentes de diez países y sesiones sobre activismo sanitario, redes feministas, movilización política y estrategias futuras. El encuentro, organizado por el programa Vull Avortar de L’Associació pels Drets Sexuals i Reproductius, cuenta en su cartel con el apoyo económico y político de los ministerios de Sanidad e Igualdad y de los departamentos de Salud e Igualdad y Feminismo de la Generalitat. Será la antesala de la conferencia de FIAPAC, federación internacional de profesionales del aborto y la anticoncepción, prevista del 2 al 3 de octubre. El propio programa incluye formación para ampliar la práctica y la prestación de la dilatación y evacuación.
Hay otro dato que define la naturaleza del acto. La memoria de L’Associació correspondiente a 2023 reconoce que el 94,32% de sus aportaciones procedió de administraciones públicas: 1.112.962 euros de administraciones autonómicas, 226.657 de administraciones locales y 19.656 de la estatal. Formalmente es una entidad privada; financieramente es una organización pública. No es la sociedad civil sosteniendo una causa ante el poder, sino el poder sosteniendo una entidad que después se presenta como sociedad civil.
El escándalo no consiste en que la sanidad atienda una práctica legal. Consiste en que el Estado garantiza, financia y organiza la salida del aborto mientras ofrece a la mujer que quiere seguir adelante un laberinto de ayudas insuficientes. Una política auténticamente favorable a la libertad debería poder decirle: «Si deseas tener a tu hijo, la pobreza no te obligará a perderlo». Hoy España no puede decirlo. Y Cataluña, que aborta más y donde nacen menos, todavía peor.
Una libertad real exige dos alternativas reales. Si abortar está garantizado, continuar el embarazo no puede conducir a la pobreza. #aborto Compartir en X
