En un país donde se presume de que los derechos individuales y la libertad de expresión son pilares fundamentales de la sociedad, los activistas provida se enfrentan diariamente a un sistema legal que parece cada vez más inclinado hacia la cultura de la muerte.
La mayoría de los activistas provida llevan años manifestándose de manera pacífica frente a las clínicas abortistas, buscando brindar ayuda efectiva a aquellos que están considerando el aborto como una opción y ofrecer apoyo a las mujeres embarazadas que enfrentan dificultades de cualquier índole. Detrás de cada uno de sus actos buscan transmitir un mensaje de esperanza. Junto a estos provida también existen otros activistas que consideran necesario ejercer la «desobediencia civil», para dejar más patente la denuncia ante el asesinato que supone un aborto. No ejercen violencia contra personas, pero sí pueden encadenarse a la entrada de la clínica, o bloquear su puerta, o simplemente sentarse en el hall dificultando la entrada. Todas estas acciones no son mucho más escandalosas de lo que hacen otros activistas en protestas sindicales, climáticas, antirracistas y de otras índoles. Los cuales no son castigados.
Conspiración contra derechos
Sin embargo, aunque todos los provida ofrecen su ayuda incesante para salvar vidas, se enfrentan de forma desmedida a una feroz oposición por parte de las autoridades y los fiscales pro-aborto. Utilizando leyes como la FACE (Freedom of Access to Clinic Entrances Act) y el delito de «conspiración contra derechos», los activistas provida son criminalizados y acarrean penas severas, por acciones que no implican violencia ni daño a las personas.
El texto de la «conspiración contra derechos» castiga con hasta 10 años de cárcel si «dos o más personas conspiran para herir, oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona […] en el libre ejercicio o disfrute de cualquier derecho o privilegio que le asegure la Constitución o las leyes de EEUU, o por haberlo ejercido». El derecho federal asegurado no sería abortar (la sentencia Dobbs dejó claro que no existe un derecho federal al aborto) sino la libertad de entrar en clínicas abortistas.
El término «conspiración» se ha convertido en una herramienta poderosa para castigar a aquellos que defienden la vida y plantan cara a la cultura del aborto. Aquellos que no participan en ningún hecho violento son perseguidos y condenados, creando un clima de miedo e intimidación que socava los principios fundamentales de la democracia.
Desde la sentencia Dobbs, los fiscales pro-aborto ponen en uso este nuevo procedimiento. Como consecuencia, en el último año más de una docena de manifestantes han sido condenados. Se enfrentarán a sentencias de más de 10 años aludiendo a la supuesta «conspiración».
Profunda injusticia
Este aumento en la represión legal no solo es injusto, sino también hipócrita. Mientras los activistas provida son castigados por defender la vida, aquellos que atacan centros provida y organizaciones que brindan apoyo a mujeres embarazadas rara vez se enfrentan consecuencias legales significativas. Esta disparidad revela una profunda injusticia en el sistema legal y pone en tela de juicio el compromiso real con la protección de los derechos humanos.
A pesar de estos desafíos, los activistas provida continúan su misión con valentía y determinación. Inspirados por su fe y sostenidos en la dignidad de cada vida humana, se niegan a permanecer en silencio ante la injusticia del aborto. Su resistencia pacífica es un recordatorio poderoso de que la verdad siempre prevalecerá sobre la oscuridad y la muerte.
En un país que se enorgullece de su compromiso con la libertad y la justicia, es hora de que se reconozca el valor y la dedicación de los activistas provida. Son verdaderos defensores de los derechos humanos y héroes de la causa de la vida. Que su valiente testimonio nos inspire a todos a levantarnos y defender la vida con pasión y determinación, para que un día, cada niño por nacer pueda ser recibido como un regalo para este mundo.
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