El intento de silenciar testimonios sobre el aborto en Barcelona revela una lógica peligrosa: convertir una posición ideológica en verdad obligatoria y negar la palabra a quienes la cuestionan, aunque sean las mujeres que se afirma defender.
Montalegre: mujeres contra la palabra de otras mujeres
El 17 de septiembre de 2026, en Santa Maria de Montalegre, Barcelona, unas mujeres querían explicar su experiencia después de haber abortado. Otras trataron de impedirlo. Hubo gritos, pancartas y apropiación del micrófono. Según la información publicada por Forum Libertas y el comunicado de Montalegre, fue necesaria la intervención policial para que el encuentro pudiera continuar.
Daniel Arasa, uno de los organizadores, relató empujones y daños materiales menores: la cámara quedó desmontada y se interrumpió la retransmisión. La coacción alcanzó también a quienes intentaban escuchar desde sus casas.
Este episodio permite reconocer una deriva totalitaria del feminismo que convierte el aborto en un valor incuestionable. Su manifestación más reveladora consiste en silenciar a las propias mujeres cuando su experiencia contradice el relato prescrito. La ideología decide qué voces merecen existir públicamente.
El aborto convertido en absoluto moral
El problema empieza cuando una decisión se sustrae a toda crítica. La legislación española permite el aborto a petición de la mujer durante las primeras catorce semanas y establece supuestos posteriores. Tiene condiciones y límites jurídicos. La absolutización que denuncio es ideológica: presentar su cuestionamiento moral como una agresión que autorizaría a reprimir al discrepante.
Desde la concepción de la dignidad humana que defiendo, el aborto acaba con la vida de un ser humano en desarrollo, radicalmente dependiente. Esa dependencia reclama protección. Convertirla en motivo para dejar su vida a disposición de otra voluntad invierte el fundamento de los derechos: la vulnerabilidad deja de exigir cuidado y pasa a facilitar la exclusión.
Conviene detenerse en las palabras: ser humano, dependencia, muerte, voluntad, derecho. Bajo el lenguaje administrativo permanece una cuestión decisiva:
¿puede el deseo de otro determinar qué vida humana merece continuar?
Mi tesis es que, cuando la facultad de terminar con esa vida se eleva a bien moral intocable, aparece una lógica capaz de justificar atropellos menores en su defensa. No es una consecuencia automática de toda posición favorable al aborto. Se materializa cuando la certeza de poseer el bien elimina los límites de los medios empleados. Montalegre muestra ese paso: para preservar el dogma, se impide hablar.
Cinco rasgos de una concepción totalitaria
La distinción de Juan J. Linz entre autoritarismo y totalitarismo atiende al pluralismo, la ideología, la movilización y el poder. Un régimen totalitario incorpora estructuras que no pueden atribuirse sin más a un movimiento social. Aquí examino una concepción y unas prácticas; su alcance debe demostrarse mediante conductas, no mediante etiquetas.
Primero, la pretensión de totalidad. Una ideología adquiere esa orientación cuando exige someter la familia, la educación, la religión, el lenguaje y la intimidad a su interpretación exclusiva. El problema aparece cuando ninguna institución ni conciencia conserva legitimidad para discrepar. Incluso un encuentro en una iglesia se convierte en territorio que debe ser disciplinado.
Segundo, la verdad cerrada. El testimonio solo vale si confirma la doctrina. Una mujer puede expresar satisfacción por haber abortado; otra debe poder explicar su dolor o arrepentimiento. Cuando se pretende impedir este segundo relato, la experiencia real queda subordinada a una consigna. La mujer concreta estorba a su supuesta representación ideológica.
Tercero, la fabricación del enemigo. El discrepante deja de ser alguien cuyos argumentos deben contestarse. Se convierte en una presencia intolerable. Según el relato de Arasa, en Montalegre se acusó de fascistas a los asistentes. Esa descalificación facilita una inversión moral: quienes impiden hablar se presentan como defensores de la libertad.
Cuarto, la vanguardia que suplanta a las personas. Un grupo se atribuye la representación de todas las mujeres y decide cuáles pueden expresarse. La pertenencia al sexo femenino ya no basta: se exige obediencia doctrinal. El individuo queda subordinado al colectivo tal como lo define su militancia.
Quinto, la coacción legitimada. Gritar hasta anular la palabra, ocupar el micrófono y bloquear una reunión son medios para imponer silencio. La gravedad reside en asumir que una causa propia concede autoridad para suspender las libertades ajenas.
La democracia exige límites al poder ideológico
La Constitución protege la libertad ideológica y religiosa, la expresión y la reunión pacífica. Ninguna militancia puede apropiarse de esas garantías y negarlas a sus adversarios. Tampoco basta con que la policía restablezca el orden: quienes ejercen responsabilidades públicas deben defender expresamente la libertad atacada.
Un solo episodio no demuestra que todas las feministas compartan esta concepción. Sí permite identificarla allí donde se practica y exigir responsabilidades a quienes la justifican. El peligro crece cuando una causa se considera tan buena que deja de reconocer límites.
En Montalegre, la prueba democrática era elemental: permitir que unas mujeres contaran su vida. Quien necesita silenciarlas para defender su ideología ya ha empezado a colocar esa ideología por encima de las personas.
En Montalegre, unas mujeres querían contar su experiencia del aborto. Otras intentaron impedirlo. ¿Quién decide qué mujeres tienen derecho a hablar? #Montalegre #LibertadDeExpresión Compartir en X
