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Nueva campaña de El País contra la Iglesia: ahora, las inmatriculaciones

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El diario El País mantiene una estrategia de erosión constante contra la Iglesia católica. Después de hacer un tratamiento sensacionalista y poco riguroso de los casos de abuso sexual por parte de una parte del clero de la Iglesia y desarrollar una campaña contra la escuela concertada y la diferenciada -muchos colegios de este signo son católicos- ha iniciado ahora una campaña contra las posesiones de la Iglesia a través de una iniciativa mediática contra las inmatriculaciones.

Las inmatriculaciones son poner por primera vez a nombre de alguien una propiedad. Por la naturaleza histórica de numerosos edificios que posee la Iglesia ese paso no se había dado en iglesias, ermitas, casas parroquiales o, incluso, catedrales como por ejemplo es el caso de la catedral de Córdoba.

Debido a la situación de muchos de esos edificios, se pudieron inmatricular después de que una reforma de la Ley hipotecaria —que excluía la posibilidad de inmatricular centros de culto— se ampliara a estos centros.

Después de eso, durante dos décadas la Iglesia católica regularizó hasta 30.000 de esos centros que se encontraban en un limbo hipotecario gracias al proceso limitado de las inmatriculaciones.

El País quiere conocer las inmatriculaciones

El diario El País ha pedido conocer el listado de edificios de culto inmatriculados por la Iglesia en ese período. Y el Gobierno del PSOE se ha negado.

En un artículo titulado «El Gobierno pleitea para no hacer públicas las inmatriculaciones de la Iglesia» la cabecera con sede en Madrid con tono tendencioso explica que ha iniciado un pleito con el Gobierno.

«El Consejo de Transparencia afirma el artículo de El País- dictaminó en septiembre que el Gobierno debía hacer público el listado de más de 30.000 inmuebles que la Iglesia española ha inmatriculado desde 1998. Una relación de catedrales, ermitas, casas parroquiales, casas de maestro, fuentes o plazas que está elaborada y en poder del Ministerio de Justicia desde hace casi dos años. Pero Justicia desoyó a este organismo y en lugar de entregar el listado a El País, que lo solicitó en virtud de la Ley de Transparencia, ha decidido acudir a los tribunales para seguir manteniendo ocultas esas propiedades. Justicia ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la resolución de Transparencia, que ya ha sido admitido a trámite».

La publicación del listado, según sostiene el diario «abriría la puerta a que los afectados por inmatriculaciones irregulares, especialmente los Ayuntamientos, recurran la titularidad de los inmuebles». Una afirmación falsa, que quiere difundir la idea de que la Iglesia ha aprovechado para hacerse con posesiones que no le corresponderían. Todo un ejercicio de manipulación.

El Gobierno socialista ya planteó algo así y en verano de 2018 dijo que tras la publicación del listado iniciaría un proceso de impugnación de los “bienes de dominio público”, que supuestamente estarían incorrectamente inscritos a nombre de la Iglesia.

De momento, nada de eso ha sucedido porque el documento sigue en un cajón del ministerio desde febrero de 2018 y porque el ministerio probablemente vea el escaso recorrido judicial que eso tendría.

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