La revista digital «Mujeres en lucha» carga contra un proyecto de ley integral de género. Estos son sus argumentos:
«A estas alturas es sabido por casi todas que el gobierno actual pretende aprobar, además con urgencia, la ley a la que denominan “Ley Orgánica para la Igualdad de las Personas LGTBI y para la no Discriminación por razón de Orientación Sexual, Identidad de Género, Expresión de Género o características sexuales”. Habría que resaltar con urgencia ya que, cuando menos, es de extrañar que en plena pandemia a nivel mundial por el COVID-19, siendo España uno de los países más afectados a nivel global tanto sanitaria como económicamente, esta sea la prioridad de este Ministerio. Si nos paramos a observar las preeminencias de este Ministerio de Igualdad, hasta el momento casi no hemos oído hablar de otro tema que no sea destinar presupuestos a un 0,4 % de la población, mientras que la mitad de la población, concretamente el 52% de ella, las mujeres, nos hallamos en el más profundo ostracismo.
Hasta ahora para cualquier observadora estos datos parecen resaltar, pero lo que a lo mejor desconoce la mayoría, debido a la inusual manera de operar que se da con respecto a este tipo de leyes basadas en “identidades sentidas”, es que en España contamos con leyes de identidad en casi todas las Comunidades Autónomas, incluso ya con protocolos educativos y sanitarios en algunas de ellas. La mayoría de estos protocolos han sido aprobados en comunidades gobernadas por el PSOE, con el apoyo del PP.
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Ahora cabe preguntarse por qué la premura de aprobar a nivel nacional una Ley Integral que legitime el “género sentido”, y la respuesta es porque esta ley va aún más allá de todas las anteriormente aprobadas y es que, con tan solo decir que te sientes hombre o mujer, puedes cambiarte el sexo en el DNI, bastaría solamente con la palabra. Esto conlleva una serie de repercusiones fatales para las mujeres, recordemos que ya tenemos aprobada la Ley 3/2007 del 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas; en la que exigen un “certificado de disforia” y un proceso médico (a no ser que “por motivos de salud no se pueda”) para cambiar el sexo en el DNI. Ni que decir tiene que a las feministas nos sigue pareciendo una aberración, ya que se trata de una ley apoyada en base a una falsedad que contradice hechos constatados científicamente, tales como la inmutabilidad del sexo de las personas. Pues bien, con la aprobación de esta nueva ley nacional se verían desvirtuadas aún más las estadísticas de violencia machista, quedaría sin validez el agravante de violencia de género, expulsaría de las competiciones deportivas a más mujeres aún de las que ya se ven afectadas con la ley actual, y se realizaría así mismo una eliminación del término mujer, con todas sus consecuencias, por generismos que implican la otredad, tales como sustituir madre por progenitor gestante.»
